El juicio de los ERE en la Audiencia de Sevilla contó de nuevo con la declaración como testigo de un comandante jefe de la UCO de la Guardia Civil, que compareció ante el tribunal por segundo día consecutivo entre suspiros y frente a aguerridas defensas que trataban de desmontar el relato que había hecho una jornada antes, apuntando a la cúpula del Gobierno y a la falta intencionada de norma para dar o fiscalizar las ayudas. «Aquí no hay control, no hay solicitud, es que no hay nada», replicó el agente muchas veces al final de otras cuatro horas largas de declaración, casi como si fuera una coletilla.

El juicio, que tiene 22 ex altos cargos imputados, examina el procedimiento bajo el que se repartieron 741 millones de euros en Andalucía durante una década. Los imputados de los ERE y sus defensas siempre han tratado de poner en duda el papel de la guardia civil y han acusado a los agentes de trabajar y elaborar atestados al dictado de la jueza Mercedes Alaya, que, siempre según esta teoría, chocó con la UDEF de la Policía Nacional porque no compró sus tesis y los arrinconó para seguir trabajando con la UCO.

Las defensas trataron de derribar el testimonio del agente de la UCO apuntando a su vinculación con la jueza Alaya y su falta de conocimiento técnico

De ahí que una de las preguntas insistiera en esa teoría. En concreto, al agente se le preguntó sobre si durante la baja de la jueza Alaya, los agentes se reunieron con ella en su domicilio particular. El testigo confirmó que la había visitado en su domicilio y que lo recibió bien. “Considero que es una persona que lo ha pasado bastante mal”, señaló, dejando clara la afinidad que durante años de instrucción tejieron con la jueza, que no se fiaba de nadie. En todo momento negó que hablaran del procedimiento.

La baja de la instructora

La instructora solicitó una baja por enfermedad en septiembre de 2012 tras incorporarse de sus vacaciones. Dolorosas cefaleas por la inflamación del nervio trigémino motivaron su retirada del caso durante seis meses: no se incorporó hasta marzo de 2013, cuando rechazó jueces de refuerzo o ayuda para la causa e insistió en dirigirla ella sola. Finalmente, en el verano de 2015, su solicitud de ascender a la Audiencia de Sevilla la apartó del caso.

Los imputados de los ERE, la Junta de Andalucía, el PSOE… Todos los señalados han sostenido además que los agentes de la Guardia Civil trabajaron para apuntalar el duro informe de la Intervención General del Estado (IGAE), cuyos peritos certificaron presuntas irregularidades en el procedimiento y que supuso la piedra angular de la instrucción. De hecho, la mayoría de las defensas trataron de arrinconar al agente haciendo ver que sus conocimientos exactos en presupuestos y derecho administrativo eran muy débiles.

«Ni los mínimos»

En un momento de la declaración, cuando el agente de la UCO respondía sobre si conocía y había tenido en cuenta la orden de 1994 del Ministerio de Trabajo, que según una parte de las defensas permitió al Estado dar idénticas ayudas sociolaborales de emergencia amparando además que lo hiciera la Junta de Andalucía, el testigo fue muy claro: “Considero que no tiene cabida aquí. No cumple ni lo que marca esa orden, que prevé una justificación y aquí no hay nada. Ni solicitud. Yo soy un investigador, no soy experto en esto, pero la aplicación de esa orden no tiene correspondencia porque no se dan ni los mínimos que recoge esa orden”.

«A juicio policial, hay un procedimiento para saltarse la fiscalización previa o crítica, y ya está», sostuvo el comandante de la Guardia Civil

El motivo de que el comandante suspirara tanto es que, según confirmaron fuentes del caso, sufría un cólico nefrítico. Esto quizá le hizo al final contestar con más desgana y evidenciar su cansancio, pero no logró que diluyera lo que dijo el día anterior, cuando apuntó que no había norma, ni solicitudes, ni criterios ni requisitos… Conclusión en la que se reiteró por «una acumulación de indicios».

«A juicio policial, hay un procedimiento para saltarse la fiscalización previa o crítica, y ya está, y en ellas entran a jugar las transferencias de financiación, que es un componente más», replicó ya en un momento de tensión de su declaración a preguntas de los abogados defensores.

Intercambio de reproches

«No me interrumpa», pedía el letrado Juan Carlos Alférez, uno de los que intervinieron. “No diga cosas que no he dicho», replicó el agente, y así varios encontronazos, mientras que el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle,pedía que no se reiteraran “preguntas obvias”.

Al investigador se le preguntó por su conocimiento específico de la normativa, sobre las transferencias de financiación, sobre supuestas irregularidades en las declaraciones que tomaron a los testigos y contradicciones sobre lo que después dijeron en sede judicial.

Asimismo, se trató de desmontar el argumento ofrecido por el agente de la UCO de que no se aprobó un decreto o una orden reguladora para dar estas ayudas porque no interesó al más alto nivel político, pese a que hubo varios decretos y borradores que llegaron hasta el ‘consejillo’, la reunión semanal de viceconsejeros, e incluso al Consejo de Gobierno. «La pregunta es esa, ¿y por qué no? ¿Por qué no se realiza?», replicó el testigo.

«Estoy situado desde ayer. Día y medio. Ahí vamos”, insistió el agente frente a las preguntas reiteradas de las defensas. El día anterior apuntó que el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, sabía de las ayudas, y el Consejo de Gobierno del “descontrol”, y además evidenció que había un negocio montado con los ERE y que los comisionistas, sindicalistas y abogados buscaban empresas a las que animaban a despedir trabajadores con dinero público. Algo que, según quisieron hacer ver con empeño las defensas, podría formar parte de la “construcción sugerente” que la Audiencia de Sevilla reprochó a la jueza Alaya, pidiendo más concreción para imputar a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez o a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

 

 

FUENTE: ELCONFIDENCIAL