«No somos una tercera Cámara»; «no estamos dispuestos a que nos utilicen para resolver problemas de naturaleza política»; «los políticos no nos tienen que redirigir sus propias incapacidades»; «el Gobierno debe protegernos ante el recurso sistemático»… Todas estas, y otras más, son afirmaciones de algunos magistrados del Constitucional cuando se les plantea un hecho indubitado: la demora de determinadas sentencias a recurso o conflictos planteados carece de toda razonabilidad.
«Nuestros tiempos no son los políticos», responden, aunque reconocen que el exceso de demora de las sentencias puede plantear problemas serios. Se recuerda en este sentido la que resolvió la impugnación del PP al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, que se dictó en junio de 2010, después, incluso,de celebrado el referéndum que ratificó el texto. En esa letal demora muchos residencian, al menos en parte, el origen del conflicto catalán y sitúan el momento más bajo de reputación del órgano de garantías estatutarias. Y ese antecedente pesa mucho en un tribunal que, por una parte, quiere «estar al día» y por otra, «mantener su cohesión».
La larga espera de algunas sentencias tiene causas técnicas. Es el caso de los dos recursos contra las medidas aplicadas en Cataluña al amparo del 155 de la CE. En el Constitucional advierten de que tanto la impugnación de Podemos (ponente: Encarnación Roca) como la del Parlamento catalán (ponente: Pedro González-Trevijano) se están estudiando, pero no puede impulsarse su tramitación hasta que el Gobierno de la Generalitat no esté formado, porque debe presentar alegaciones. El Constitucional se propone no dar largas a este espinoso asunto y cuenta con la ventaja de que el 155 no tiene precedente de aplicación. Otros temas pendientes no disponen de tan buena explicación.
En esa demora, muchos residencian, al menos en parte, el origen del conflicto catalán y sitúan el momento más bajo de reputación del órgano
Por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Popular del PP contra la ley del aborto de Rodríguez Zapatero que sustituía el sistema de supuestos por el de plazos. El recurso se interpuso en junio de 2010, hace casi ocho años, y el ponente es el magistrado conservador Andrés Ollero. ¿Por qué no se debate y falla? La razón es sencilla: ni siquiera hay acuerdo en el bloque de magistrados conservadores sobre el criterio del ponente, lo que hace que este se resista a llevarlo al pleno del tribunal. La previsibilidad de una doble fractura interna en el TC —entre conservadores, y entre estos y los progresistas— detiene la tramitación de este asunto mientras la ley de 2010 sigue vigente, aunque con la impugnación del PP pendiente.
También llama la atención que con la legislatura avanzada, el Constitucional no haya resuelto aún el conflicto de atribuciones interpuesto por el Congreso de los Diputados para que el Gobierno en funciones (el de Rajoy lo estuvo durante 10 meses) se someta al control de la Cámara. Pese a que pronto hará dos años de la interposición de este conflicto, los magistrados aún no han debatido la ponencia de Santiago Martínez Vares. La impresión más general es que el órgano de garantías constitucionales no avalaría el comportamiento del Ejecutivo. Contra el criterio del Gobierno, precisamente, se ha pronunciado el TC en su veto para la paralización del calendario de la Lomce (el Gabinete ha vetado 70 iniciativas de la oposición, aduciendo que tienen incidencia presupuestaria). El asunto del control del Gobierno en funciones es muy importante, porque establecería un marco de certeza jurídica y política en periodos transitorios durante los cuales los ejecutivos de transición pueden tener la tentación de desbordar la mera gestión de los asuntos ordinarios. Las respuestas obtenidas ante las preguntas por el retraso de este recurso son elusivas: «El tribunal tiene sus tiempos».
La contestación es similar cuando se interroga sobre el recurso de todos los grupos del Congreso (junio de 2015) contra la modificación del Código Penal que introdujo la sanción de prisión permanente revisable. La ponencia del asunto es del magistrado progresista Fernando Valdés Dal-Ré, y la impresión es que podría debatirse y dictarse sentencia después del verano. Es este un asunto que afecta también a un debate que acaba de vivir la sociedad española con mucho dramatismo a propósito de la iniciativa del Gobierno y el PP de ampliar los supuestos sancionados con esta pena.
Sobre la convocatoria por Torrent del pleno de investidura de Puigdemont, la contestación es breve: «Este recurso ha decaído por falta de objeto»
Por fin, el TC sigue sin tomar una decisión sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la convocatoria por Roger Torrent del pleno de investidura de Carles Puigdemont. La contestación es breve: «Este recurso ha decaído por falta de objeto».
Fuentes del Constitucional, no obstante, mantienen que, tras la gestión de Francisco Pérez de los Cobos, el tribunal logró dos objetivos: por una parte, ponerse al día en decenas y decenas de asuntos y, por otra, recuperar la unidad de criterio entre los magistrados, que se considera un activo del organismo que no debe perderse. Y para que así suceda y que los asuntos más peliagudos desde el punto de vista político no rompan la cohesión del tribunal, se opta por aplazarlos, «darles muchas vueltas» y tratar de encontrar «puntos de encuentro». Aunque se reconoce que en algunos es posible, pero en otros no.
De momento, el TC tiene encima de la mesa todo el «tema catalán en que no podemos perder la unanimidad, estamos en una dinámica de acuerdo y consenso y es bueno mantenerla». Pero el órgano de garantías constitucionales, con sus ritmos en algunos asuntos muy críticos pendientes de resolver, está enviando un mensaje político a los grupos parlamentarios: el Constitucional no va a remediar con sus sentencias el déficit de capacidad política para encontrar soluciones legales a problemas de distinto género. Y menos «dividirse como si fuera una cámara legislativa». No faltan dirigentes políticos, sin embargo, que atribuyen al actual presidente del TC, Juan José González Rivas, «falta de liderazgo» en la institución para abordar los casos pendientes más polémicos.
