Policía y Guardia Civil acaban de levantar la veda. El hecho de que ambos cuerpos hayan logrado la equiparación salarial con respecto a los Mossos de Cataluña ha animado a otros muchos funcionarios a reclamar lo mismo. Es decir, igualar por arriba los sueldos que perciben los diferentes empleados públicos a nivel autonómico.
Tras el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada, policías y guardias civiles cobrarán un 25% más en tres años, unos 560 y 720 euros extra al mes, respectivamente, con un coste estimado para las arcas públicas próximo a los 1.100 millones de euros. Pero este colectivo no es el único que registra diferencias de salario en función de la autonomía o la administración para la que trabaje. De hecho, estas divergencias son la regla y no la excepción.
En el caso de los médicos, por ejemplo, las diferencias de retribución en términos netos oscilan entre los 1.033 y los 1.871 euros al mes, en función del puesto y la comunidad en la que trabajen. Según el secretario general de la Confederación Estatal Sindicato Médicos (CESM), Francisco Miralles, la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil constituye «un agravio comparativo clarísimo entre los funcionarios del Estado» y, por ello, reclama lo mismo para su colectivo.
En una entrevista con Redacción Médica, Miralles asegura que el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Salud son los responsables de que no haya «17 Españas» en cuanto al salario de los médicos. «Hay una diferencia brutal pese a que todos los médicos de España hacen el mismo trabajo con las mismas condiciones, la misma preparación, los mismos requisitos y los mismos méritos, por lo que debemos ganar de forma similar», aclara.
El Sindicato de Enfermería (SATSE), por su parte, demanda que «se incrementen los salarios de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia en todas las comunidades autónomas». En concreto, piden que «las enfermeras y enfermeros y fisioterapeutas empiecen a recuperar ya la pérdida de poder adquisitivo que sufren desde 2012», y que cifran en más de un 30%.
Denuncian «discriminación y agravio»
El cuerpo docente se suma, igualmente, a la equiparación de salarios, además de solicitar la recuperación del sueldo perdido desde 2010 como consecuencia de los recortes, que calculan en una caída del 20% de su poder adquisitivo. Desde el sindicato ANPE recuerdan que las diferencias a nivel autonómico pueden rondar hasta los 500 euros al mes o incluso algo más.
Asimismo, ANPE recuerda que los docentes son un un cuerpo estatal, si bien la competencia ha sido transferida a las CCAA, por lo que solicitan la creación de una Ley del Profesorado con el fin de establecer un marco legal para avanzar hacia la homogenización de condiciones, incluidas las salariales, a nivel nacional. Por otro lado, inciden en que los profesores son funcionarios de nivel A, por lo que se les exige ser diplomados o licenciados, mientras que policías y guardias civiles son nivel C o D, de modo que la equiparación pactada genera un agravio comparativo entre los diferentes cuerpos.
Los funcionarios de Prisiones también se han sumado a esta demanda generalizada. El sindicato CSIF ha registrado en el Ministerio del Interior una petición de convocatoria urgente de la Mesa delegada de Instituciones Penitenciaras para que este colectivo también participe de esta equiparación salarial respecto al personal dependiente de la Generalidad de Cataluña.
Además, recuerdan que los funcionarios de Prisiones dependen del Ministerio del Interior y, por tanto, deben beneficiarse de las mejoras en las condiciones económicas que se están negociando con Policía y Guardia Civil, ya que, de lo contrario, el Gobierno «incurrirá en una discriminación hacia un colectivo de más de 23.000 personas». En caso de que no se atiendan sus demandas, CSIF prepara movilizaciones a nivel nacional en abril.
Este fenómeno no es nuevo. CSIF ya lanzó una campaña el pasado año para reivindicar la equiparación salarial del personal a cargo de la Administración General del Estado con los empleados públicos de las CCAA debido a que, de media, cobran un 25% menos. «Luchar por esta equiparación supone acabar con una de las mayores discriminaciones dentro de la Función pública en España. A lo largo de los años, se ha generado este agravio comparativo y el personal de la AGE (Ministerios, Organismos, Entes, Entidades Gestoras e Instituciones Penitenciarias) tiene hoy unas retribuciones un 25 por ciento inferiores respecto a la media de las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales», según denuncia el sindicato. El número de efectivos de la AGE ronda actualmente las 230.000 personas.
Los militares también exigen al Gobierno unas retribuciones «justas y dignas»que se sitúen al nivel del resto de cuerpos de seguridad del Estado después del acuerdo alcanzado con Policía y Guardia Civil. El llamamiento lo hizo la pasada semana la asociación profesional de suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO),que denuncia que forman parte de la única profesión a la que se exige dar su vida por España,pero a cambio están «en el furgón de cola» de las retribuciones a empleados públicos.
Con los sueldos actuales, esta entidad denuncia que un teniente de las Fuerzas Armadas y un teniente de la Guardia Civil tienen más de 4.500 euros anuales de diferencia, pese a que ambos salen de la misma Academia de Zaragoza. En el caso de un cabo primero permanente, la diferencia puede superar los 5.400 euros anuales con sus homólogos de Policía y Guardia Civil.
Por último, algunos cuerpos ya han pasado de las reclamaciones a la acción. Es el caso de los funcionarios de Justicia en Galicia, que llevan casi un mes en huelga para reclamar subidas salariales con el fin de aproximarse a las retribuciones que se perciben en otras CCAA.
