El Gobierno sigue apostando por la privatización de los servicios de seguridad de las cárceles, desde que inició el modelo en 2013. El pasado viernes aprobó un desembolso de más de 60 millones de euros para pagar a las empresas privadas, mientras los funcionarios de prisiones siguen pidiendo que se convoque las 700 plazas públicas que debían ponerse en marcha en 2017.
Según aclara el Gobierno en la web de la Moncloa, el contrato afectará a los 68 centros penitenciarios existentes, y supone más de 900 personas empleadas a través de las empresas privadas. Unos vigilantes que se encargan de “los controles de acceso, impedir salidas no autorizadas, comunicación de las alarmas e incidencias, y manejo y observación de los sistemas técnicos de vigilancia”, es decir, funciones desempeñadas en el perímetro exterior de las prisiones.
El contrato se inicia en mayo
El contrato se iniciará el 1 de mayo y tendrá una duración de un año y posibilidad de prórroga por un máximo de otro año. Según puntualiza Moncloa, el nuevo contrato se divide en cinco lotes que agrupan a los centros penitenciarios conforme a su ubicación geográfica. La nota no aclara cuáles son las empresas adjudicatarias, entre las que está el Grupo OMBUDS.
Sindicatos como la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denuncian que esa inversión no soluciona la crisis de personal en el interior de las prisiones, ya que los vigilantes privados se encargan sólo de la seguridad en el exterior de los centros, una labor que ya realiza la Guardia Civil y la Policía Nacional.
700 plazas públicas sin convocar
El presidente de APFP, Francisco López, explica a El Plural que el Gobiernodebía convocar “700 plazas públicas desde el 2017 y aún no se han anunciado en el BOE”.
“No entendemos por qué se duplica el servicio, salvo que haya otros intereses. Donde se necesita más personal es dentro de las cárceles. El Gobierno reconoce que hay más de 2.000 plazas vacantes de funcionarios y en lugar de cubrirlas se dedica a dar dinero a empresas privadas”, añade Francisco López.
“Hay 50 módulos sin abrir en todas las prisiones españolas por falta de personal y la situación se hará más crítica en los próximos años con las jubilaciones que vienen”, añade el presidente de la APFP.
Más de 175 millones desde 2013
Según datos de la APFP, en 2013 el Gobierno dedicó 7 millones de euros a la privatización de la vigilancia exterior de las prisiones; entre 2014 y 2016, 66 millones. Ese año desembolsó 7,8 millones más para prorrogar los contratos. El año pasado, el presupuesto dedicado a pagar a las empresas privadas fue de 34 millones. Con los 60.237.549 de 2018, el total del gasto en seguridad privada asciende a 175.428.700 euros.
La APFP cree que ese dinero podría haberse destinado a aumentar la plantilla de funcionarios públicos para el interior de las prisiones, que es donde se necesitan, porque “en este momento, no era una prioridad aumentar la plantilla en el exterior de las cárceles”.
En 2012, el Gobierno alegó como razón para impulsar la privatización, que pretendía ofrecer una solución a los miles de escoltas del País Vasco y Navarra, que perdieron su trabajo tras el anuncio del fin de la violencia de ETA, y ese fue el criterio prioritario que se solicitó a las empresas privadas. La APFP asegura que ya hoy no queda ninguno de esos escoltas en las cárceles, probablemente por las condiciones salariales que se les ofreció.
