El gestor de la trama Gürtel, Pablo Crespo, quiere tirar de la manta al igual que lo ha hecho su jefe, Francisco Correa. Por eso, ha conseguido que el juicio sobre la financiación ilegal del PP de Valencia sea suspendido hasta el viernes. El objetivo: diseñar su estrategia de defensa y pactar con la Fiscalía su posible colaboración con la Justicia con los términos de su declaración.
El abogado defensor de Crespo, Miguel Durán, ha pedido al tribunal esta suspensión al inicio de la vista este miércoles, con la intención de aportar hechos “de relevancia” en el proceso judicial a la vista de las revelaciones de Correa, quien ha reconocido al tribunal que giraban facturas falsas a empresarios con el fin de recaudar dinero para el Partido Popular, a instancia de dicha formación política.
A esta posición se ha sumado la defensa de Álvaro Pérez, el Bigotes, cuyo abogado, José Javier Vasallo, ha indicado que también quiere consultar con su cliente la estrategia a seguir después de estas revelaciones aunque no ha precisado que vaya a aportar datos de relevancia.
Datos «de relevancia
La expresión «de relevancia» ha sido asumida por Durán a preguntas del presidente del tribunal, José María Vázquez Honrubia, después de que solicitara la suspensión. El juez le ha pedido que aclarara si la intención era reunirse con Crespo para aportar «elementos o hechos relevantes», a lo que el abogado ha respondido afirmativamente.
Vázquez Honrubia ha estimado entonces «correcto, procedente y prudente» acordar dicha suspensión, que ha sido apoyada por el resto de las partes incluida la fiscal, Miriam Segura.
El PP nacional en el horizonte
La situación judicial de la cúpula del PP nacional se complica aún más ante estas posibles nuevas revelaciones, por mucho que este partido intente dar por amortizada esta macrocausa.
El gestor del día a día de las empresas de Correa era Pablo Crespo, y el delegado en Valencia era Álvaro Pérez, El Bigotes, de ahí la relevancia de la suspensión de esta vista hasta el viernes, 19 de enero.
La Fiscalía no suele limitarse a exigir la colaboración en el juicio de una pieza de una macrocausa, sino que es habitual que requiera la colaboración completa para desentrañar la trama.
Y, aunque la fiscal del caso no preguntó a Correa por el nombre del político que había dado las instrucciones de facturar a los empresarios de manera irregular, quien sí lo preguntó fue el abogado del Estado. «Ricardo Costa», fue la identidad que aportó el martes el líder de Gürtel.
Esta revelación es la que ha puesto contra las cuerdas la estrategia de defensa de Crespo, de ahí que haya pedido la suspensión.
La incógnita ahora es también si el propio Ricardo Costa asume en el juicio toda la responsabilidad y se convierte en una suerte de cortafuegos o si, por el contrario, tira hacia arriba, hacia Francisco Camps.
Por si fuera poco, una de las piezas claves del caso Gürtel es la de los Papeles de Bárcenas, sobre la caja B del PP nacional. «Esta vez sí», dijo Correa respecto a su colaboración con la Justicia cuando la Audiencia Nacional decidió reabrir en 2017 esta pieza para analizar su confesión en el primer juicio del caso Gürtel, en concreto para analizar el vínculo directo entre pagos empresariales y contratos públicos que había sido archivado.
Los empresarios cantaron
El juicio sobre la financiación ilegal del PP de Valencia arrancó esta semana con la colaboración de nueve empresarios, que pactaron con la Fiscalía una confesión a cambio de una reducción de condena.
Los empresarios han reconocido que pagaron 2 millones de euros al PP de Valencia para financiar sus campañas electorales de 2007 y 2008 a través de las empresas de Correa. A cambio, el ministerio público pide penas inferiores a 2 años de cárcel -por lo que no entrarán en prisión- y multas que van de 45.000 a 63.000 euros.
Francisco Correa optó este martes por tirar de la manta, después de varios intentos anteriores por colaborar con el ministerio público que no prosperaron y que desembocaron en dos juicios con condena.
Correa reconoció que fue el PP de Valencia quien obligó a sus sociedades a realizar facturas falsas de sus trabajos en las elecciones de 2007 y 2008. La finalidad era, según la Fiscalía, no superar el máximo legal permitido en cada uno de estos comicios.
Las empresas de Correa facturaban de manera irregular a los nueve empresarios, que a su vez eran beneficiarios de adjudicaciones públicas. La orden llegó de Ricardo Costa, líder del PP valenciano, quien se sienta en el banquillo con el resto de la dirección regional de dicha formación política en aquella época.
