Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han rubricado esta mañana el acuerdo de “equiparación” de estos efectivos con respecto a los mossos que, según ha prometido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido será “real, absoluta y total” en 2020.
Tras 156 días de la campaña que inició La Razón por la equiparación, manifestaciones en la calle y negociaciones el titular de Interior destacó que “hemos llegado a la meta” y reconoció que el trabajo “ha sido largo e intenso” donde ha habido momentos diferentes que “tras muchos esfuerzos se han superado”. Por ello, agradeció la voluntad negociadora de asociaciones y sindicatos, por el respaldo «desde el principio» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la «predisposición constante» del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y por el determinante papel en la negociación de su número dos, José Antonio Nieto.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha prometido hoy que todos los policías nacionales y guardias civiles notarán en sus nóminas muy pronto la subida salarial tras el calificado de «histórico», que contempla 1.207 millones de euros en tres años y que, en la práctica, se verá reflejado en 2020 en un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720 euros en la de los guardias civiles.
El acuerdo, dijo Zoido, da respuesta a una «merecida» y «justa» reivindicación» de hace 30 años de la que se beneficiarán todos los policías y guardias civiles, independientemente del puesto que ocupen y de que no estén sindicados o asociaciones a alguna de las organizaciones que lo han suscrito. Por ello, ante las dudas de algunos agentes, asociaciones como Jusapol, ASP o IGC que se han mostrado contrarios y descontentos con la oferta al no considerarla equiparación real sino una mera subida salarial, el ministro del Interior pidió que la analicen y valoren en su totalidad. «No hay nada oculto, no se dejen llevar por prejuicios», indicó tras reiterar que todos los efectivos se beneficiarán de lo pactado porque todos se lo merecen. Los máximos responsables de los cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, SPP y UFP) y las siete asociaciones de guardias civiles (AUGC, ASESGC, AEGC, APROGC, UO, UGC, APC), aceptaron la oferta, que contará con una dotación para este año de 500 millones de euros y que incluye la contratación de una consultora externa para verificar si la asignación presupuestaria acordada es suficiente o si necesitará algún ajuste así como el compromiso de Interior de impulsar una ley evite en el futuro desigualdades económicas entre los salarios de los funcionarios de las fuerzas de seguridad con los de los mossos.
Sindicatos y asociaciones valoraron lo conseguido tras meses de negociaciones con momentos «duros» y «tensos» que estuvieron a punto de «dar al traste» con el acuerdo, en palabras del presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), José Antonio Calleja. «El paso del tiempo pondrá en su lugar el acuerdo rubricado». Por su parte, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, celebró que «por fin» un Gobierno «haya cogido el toro por los cuernos” de una cuerdo que destacó «mira al futuro» y sitúa a las fuerzas de seguridad «en la vanguardia y a la altura de las mejores policías del mundo».
Asimismo, los sindicatos y asociaciones dieron las gracias a los medios de comunicación y al apoyo manifestado por los españoles en todo este tiempo.
Respecto a las pintadas y algunos escraches que especialmente los sindicatos policiales están sufriendo en sus sedes tras decir sí a la oferta de Interior, Calleja destacó que, junto con las asociaciones de guardias civiles, elaborarán un dossier en el que se documente todos estos ataques, sean en redes sociales o en los locales sindicales.
Las organizaciones decidieron suscribir el acuerdo después de que, según denunciaron, realizaran una consulta a sus bases pero el sistema fuera “hacheado”, algo que les “obligó” asumir la responsabilidad de aceptar el acuerdo sin realizar dicho sondeo entre el resto de agentes.
ASP e IGC demandan al Secretario de Estado de Seguridad por “expulsarles” de las mesas técnicas
Por su parte, el sindicato policial Alternativa Sindical Policial (ASP) e Independientes de la Guardia Civil (IGC) denunciaron públicamente que han interpuesto una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo al Secretario de Estado de Seguridad al considerar un “ataque contra los derechos laborales de los policías” el haber sido “expulsados” el pasado día 8 de marzo de la reunión pre acuerdo por la equiparación salarial al comunicar que no firmarían dicho acuerdo. Según destacan en un comunicado ambos, “la demanda podría declarar vulnerados derechos constitucionales de protección máxima e incluso declarar el acuerdo como inválido” y obligar a repetir los actos preliminares.
Según fuentes consultadas de la mesa negociadora, a ambos cuerpos demandantes se les indicó ese día que no tenía sentido que participaran en el resto de reuniones de control del acuerdo al no suscribir el mismo y que estarían informados de lo que aconteciera a través del Consejo de la Policía y de la Guardia Civil respectivamente que es el órgano fiscalizador del que ellos disponen y en el que tiene voz y voto.
FUENTE: LARAZON
