El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, reclamó este jueves que se respete el memorando de entendimiento sobre el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y reiteró que su gobierno utilizará «todos los recursos», incluidos los de carácter legal, a fin de que los regantes tengan agua para sus cultivos. Poco después, la advertencia se concretaba en un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, socialista como el valenciano.

Es la reacción a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica, que autorizó un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos a través del Acueducto Tajo-Segura en diciembre, que se destinarán únicamente al abastecimiento urbano. Sin embargo, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura había propuesto un trasvase de 19,6 hectómetros cúbicos, teniendo en cuenta el informe de situación que había sido presentado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). Pero el ministerio, decidió reducir el agua trasvasada, aludiendo a «la situación del mar Menor y los efectos que el regadío produce en la laguna».

Ese desequilibrio ha producido la reacción incluso de un barón fiel a Pedro Sánchez, como Ximo Puig, que matizó que la Generalitat valenciana no quiere «ninguna guerra del agua», pero reclama «el agua que necesita el sur de la provincia de Alicante, fundamentalmente, porque es de justicia que los regantes tengan ese agua para desarrollar una agricultura, que es la huerta de Europa».

Por ello, Puig insistió en que reivindicarán «siempre» que se cumplan «las reglas del juego, que dicen que lo que ha dicho la comisión técnica se debería aceptar por parte del ministerio». Y sentenció: «Para nosotros el trasvase del Tajo es irrenunciable».

Antes que Valencia se había rebelado el Gobierno murciano -coalición PP-Ciudadanos-, que anunció este jueves, a primera hora, la presentación de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por el último «trasvase cero» para regadío, a pesar de contar con los informes técnicos favorables.

UNA DECISIÓN «ARBITRARIA»

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, advirtió que su ejecutivo agotará «todas las vías legales para que el Gobierno de la nación nos dé el agua que nos corresponde». Se trata de una decisión «injustificada y arbitraria», por lo que se inicia la vía judicial tras conocer «este último ataque del Gobierno de la nación al trasvase Tajo-Segura», afirmó.

Un tercer Gobierno autonómico que secundó la rebelión del Levante fue el andaluz. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía (Gobierno de coalición PP-Ciudadanos), pidió: «Espero que el Gobierno central rectifique la injusta decisión adoptada para cortar el trasvase».

La consejera andaluza apuntó, especialmente, a los agricultores y regantes afectados en la provincia de Almería, que, dijo, «no se merecen esto» cuando «no hay razón objetiva» para adoptar una medida restrictiva.

Carmen Crespo recordó asimismo que ya ha solicitado una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para «revisar» la decisión formalizada el pasado viernes mediante en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

FUENTE: EL MUNDO