La sentencia pone en evidencia al exjefe del Gobierno regional, que defendió en la Asamblea que en la recalificación de La Zerrichera se cumplió la legalidad

 

En el año 2005, en plena polémica por la recalificación de la finca La Zerrichera, el entonces presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, se vio obligado a dar explicaciones en la Asamblea Regional sobre este asunto. Muy en su línea argumental, el líder popular, que aprovechaba cualquier comparecencia para meterle un paquete a la oposición, manifestó textualmente que, «con los papeles en la mano, demuestro aquí y en Sebastopol que se cumple la ley en el proceso de recalificación de La Zerrichera».

Cabe recordar en este punto una respuesta del estilo que quien era su consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, ofreció a la portavoz socialista, Teresa Rosique, cuando esta le interpeló por la legalidad de la recalificación de la finca Novo Carthago. «Si quiere, ahora mismo le pongo un taxi para que vaya a poner una denuncia en la Fiscalía», le espetó. Una bravuconada de la que nunca se habrá arrepentido lo suficiente, teniendo en cuenta que acabó imputado por ese proceso y que ahí sigue, a la espera de que la juez decida finalmente si lo exculpa o lo conduce a juicio.

Pues bien, aunque Valcárcel no ha corrido la misma suerte -o falta de ella- en el ‘caso Zerrichera’, la sentencia dictada ahora por la Audiencia Provincial lo deja igualmente en evidencia, pues viene a confirmar lo que en aquel momento ya resultaba bastante evidente: que altos responsables de su administración habían violentado las leyes ambientales, de arriba abajo, para sacar adelante la recalificación de una finca que estaba especialmente protegida por sus valores naturales.

Quizás tampoco esté de más recordar que el promotor de aquel complejo urbanístico, Trinitario Casanova, mantenía una estrecha relación de amistad con el entonces consejero de Vivienda, Joaquín Bascuñana, y que incluso llegó a mantener alguna reunión sobre ese proyecto con el propio Valcárcel, con grabación incluida que más tarde circuló entre relevantes personalidades del mundo político y económico de la Región.

Casanova debía ir tan sobrado que, cuando comenzó a vislumbrar que el proyecto urbanístico podía quedarse en agua de borrajas, no dudó en tachar públicamente de «cobardía» la actitud de Valcárcel. Este, lejos de replicarle, dio la callada por toda respuesta.

 

Condena a tres ex altos cargos regionales por la recalificación ilegal de La Zerrichera

 

El ‘caso Zerrichera’, el primero de una serie de escándalos de supuesta corrupción urbanística por los que se vieron salpicados los sucesivos gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, acaba de significar una condena para tres antiguos responsables de la Consejería de Medio Ambiente que impulsaron la recalificación ilegal de una finca de Águilas para permitir una urbanización. Otros dos ex altos responsables de Urbanismo han resultado absueltos, aunque la Audiencia Provincial deja sentado que la exculpación no se ha debido a la ausencia de elementos incriminatorios, sino a una cuestión formal: de haber sido condenados, sería como cooperadores necesarios en la actuación del entonces consejero Joaquín Bascuñana, pero el hecho de que este no fuera citado a declarar como testigo ha cercenado cualquier posibilidad de castigar penalmente a sus dos subordinados.

De cualquier modo, y al margen de la trascendencia que quiera darse a las particulares condenas de tres antiguos servidores públicos, el principal interés de la sentencia estriba en que demuestra que desde la Administración regional se cometieron delitos de prevaricación y de falsedad documental para favorecer, en contra de la legislación ambiental y de los intereses generales, las expectativas económicas de un promotor.

Este no era otro que Trinitario Casanova, amigo personal del consejero Bascuñana, quien en 2003 adquirió una gran extensión de terreno en Águilas que, por encontrarse en pleno corazón de la Sierra de Almenara, en una zona calificada como Zona de Especial Protección para Aves (Zepa) y propuesta como Lugar de Interés Comunitario (LIC), era objeto de una especial protección.

Cuatro mil viviendas

El convenio urbanístico que Casanova promovió para esta finca, de 2,4 millones de metros cuadrados, contemplaba la construcción de unas 4.000 viviendas, campo de golf y hoteles, pero la actuación urbanística acabó siendo archivada por el Ayuntamiento de Águilas después de que informes técnicos señalaran que ese resort era incompatible con la legislación ambiental.

Es a partir de ese momento cuando se habría desarrollado la actuación delictiva por parte del entonces director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; quien fue directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz Martínez, y quien era el jefe de servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.

Así, Encarna Muñoz procedió a reabrir «de oficio», sin que nadie -ni el propio promotor lo pidiera- el expediente sobre esa actuación urbana, y lo remitió a Calidad Ambiental. Sin esa decisión, cuya única voluntad era «favorecer la reclasificación» de la finca, el asunto habría seguido estando archivado.

Igualmente procedió a llevar en mano un informe de Medio Natural a la Dirección General de Calidad Ambiental, «con una clara voluntad arbitraria de evitar que los técnicos de Medio Natural pudieran emitir informe sobre el proyecto, sabedora de su opinión desfavorable por haberla recabado antes verbalmente».

El mencionado informe que trasladó personalmente «carecía de firma y de justificación técnica o científica» y solo buscaba «crear la apariencia de que se había cumplido con los trámites». Igualmente era «una clara manipulación del informe negativo de 2004, extrayendo del mismo los apartados desfavorables y la conclusión de incompatible, para incluir cuatro párrafos tendentes a minusvalorar la afectación del proyecto».

Por lo que se refiere a la conducta ilegal del jefe de servicio Sánchez Gelabert, también habría aportado «en mano, y fuera de los cauces oficiales», un informe de la Fundación Global Nature «que contenía evidentes errores y cuyo cuerpo científico no coincide -ni sirve- para sostener sus propias consideraciones o conclusiones».

Del mismo modo, habría aceptado la competencia para emitir un informe sobre las repercusiones de la urbanización en la Red Natura 2000, que se habría confeccionado con la técnica de «cortar y pegar lo favorable al proyecto, obviando lo desfavorable». Por último, Alvarado acordó la apertura del expediente de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), imprimiendo una gran celeridad al proceso e instando al Ayuntamiento de Águilas, «de forma contraria al procedimiento previsto», a aprobar inicialmente la modificación puntual de los terrenos, pese a conocer la naturaleza de los mismos».

En último término, firmó la DIA en calidad de director general, sin el visto bueno de Sánchez Gelabert, y la remitió por fax al Consistorio aguileño un día antes que otro informe, idéntico, pero este ya con la firma del jefe de servicio, que se mandó al BORM.

Dilaciones indebidas

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en la sentencia de la que es ponente la magistrada Concepción Roig, se concluye que estos hechos son constitutivos de delitos de prevaricación, por los que se imponen a Antonio Alvarado, Juan Ignacio Sánchez Gelabert y Encarna Muñoz las penas de siete, seis y cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, condena a Alvarado y Sánchez Gelabert a dos años de prisión y un año y tres meses de inhabilitación, en sendos casos, por falsedad documental. Las penas han sufrido una rebaja sustancial al haber apreciado el tribunal la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por los retrasos en la instrucción de una causa que se ha prolongado durante diez años.

Los otros dos acusados, Manuel Alfonso Guerrero, ex director general de Vivienda y Urbanismo, y José María Ródenas Cañada, ex subdirector general de Vivienda y Urbanismo, han sido absueltos por el hecho, ya mencionado, de que no se llamara a declarar en el juicio a Bascuñana.

La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LAVERDAD