El ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, estaba al tanto de las irregularidades en los ERE. Lo ha asegurado este miércoles una prejubilada en uno de los expedientes de regulación de empleo que se beneficiaron de las ayudas sociolaborales que otorgaba discrecionalmente la Dirección General de Trabajo de Francisco Javier Guerrero. Ella misma, ha explicado al tribunal, le envió al ex presidente varios escritos en los que le advertía de las anomalías.
Manuela Hurtado era empleada de la empresa Surcolor cuando los dueños de la compañía, un año después de tomar el control de la misma, impusieron un expediente de regulación de empleo que afectaría a toda la plantilla. Para ello, la Junta concedió ayudas por un importe de 2.516.135,77 euros para el pago de indemnizaciones por despido improcedente de 24 trabajadores de Surcolor y Surcolor Óptica, aunque la póliza se terminó suscribiendo para 26 personas. Los dos añadidos eran dos intrusos vinculados al PSOE de la localidad sevillana de Camas.
La testigo ha contado a los magistrados de la Sección Primera que en un primer momento ni ella ni el resto de sus compañeros tenían idea de que la Administración autonómica iba a financiar una parte de sus despidos. Fue después, ha dicho, cuando tuvo conocimiento, una vez que comenzaron los problemas de impago de sus pólizas.
A partir de ahí, ha relatado Manuela Hurtado, remitió varios escritos al presidente de la Junta, por aquel entonces Griñán, pero la respuesta «siempre fue la misma: que no nos podían atender». La prejubilada ha insistido, a preguntas del fiscal, en que el ex presidente «lo sabía todo» merced a esas cartas.
Logró reunirse, ella y una representación de los trabajadores de Surcolor, con algunos altos cargos, incluido el ex vicepresidente Diego Valderas (IU) y el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera. Sin embargo, «todos nos decían que era muy complejo».
Esta ex empleada de Surcolor ha ratificado en la sesión de hoy del juicio por la llamada pieza política todo lo que declaró en su día en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Ante el juez Álvaro Martín, Manuela Hurtado declaró que llegó a enviar tres cartas a José Antonio Griñán en su etapa como presidente de la Junta para ponerle de manifiesto que les habían recortado las rentas y exponerle todas las vicisitudes de este ERE.
Según la testigo, el encuentro con Griñán nunca llegó a producirse ya que le respondieron que el presidente «siempre tenía una agenda apretada«. Pero desde Presidencia sí se redirigieron los escritos de los prejubilados de Surcolor a la Consejería de Empleo a fin de que los recibieran para que pudieran exponerles su problemática y «se estudien las posibles soluciones que pudiera tener».
La solución se plasmó tan sólo tres días después. El 28 de octubre de 2010, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social dictó una resolución de otorgamiento de una ayuda de 175.998,39 euros de la que serían beneficiarios «26 ex trabajadores de Surcolor». Incluidos ya los dos intrusos.
«Apariencia de legalidad»
Entre los testigos que este miércoles han prestado testimonio ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla ha estado también el ex consejero de Innovación, Martín Soler, que sucedió en el puesto a Francisco Vallejo, imputado en la causa.
Soler ha negado que tuviese conocimiento de irregularidad alguna en los ERE que se pagaban a través de la Agencia Idea -que en esos momentos dependía de su consejería- y que, todo lo más, detectó un «ambiente quejoso» en su departamento por el papel que desempeñaba la agencia como caja pagadora de las ayudas bajo sospecha.
Pero en ningún momento, ha recalcado el ex consejero, le llegó información o advertencias de las anomalías en estas ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis. «La apariencia de legalidad era total», ha enfatizado Soler, quien ha defendido además al ex director de Idea, Jacinto Cañete, que se sienta en el banquillo y al que ha calificado como «un profesional extremadamente cualificado».
En esta misma sesión debía haber comparecido como testigo el ex consejero de Empleo Manuel Recio, quien emprendió la revisión de estas ayudas al llegar al cargo. Pero su declaración ha tenido que ser pospuesta al lunes dado que la Policía Local de Almería, donde reside, no ha podido localizarle para entregarle la citación.
FUENTE: ELMUNDO
