JOSÉ LUIS ÁLVAREZ-CASTELLANOS

 

Desde hoy y hasta el 22 de julio se abre en la Asamblea Regional el proceso de debate de enmiendas del decreto-ley 2/2019 de Protección Integral del Mar Menor, aprobado en diciembre pasado y que derogó el de Medidas Urgentes (aprobado veinte meses antes y que, a su vez, enmendaba el decreto-ley original de febrero de 2017).

Serán, por tanto, cuatro leyes en tres años y medio, resultantes de la correlación de fuerzas existente en el parlamento regional que Ciudadanos ha decantado, en un sentido u otro, en función de sus propias contradicciones, alineándose primero con ecologistas y la oposición de izquierdas para aprobar el decreto 1/2018 de medidas urgentes y después derogarlo, junto con el PP y Vox, sustituyéndolo por el anteriormente mencionado decreto-ley 2/2019. Si el primero abría un hilo de esperanza para la recuperación del Mar Menor, el segundo nos retrotraía a la casilla de salida. Y todo ello sin finalmente aplicar la casi totalidad de las medidas contempladas.

Este largo e ineficaz proceso legislativo refleja la pugna existente sobre el modelo agrícola del Campo de Cartagena entre un sector empresarial agroexportador, apoyado por la derecha política, y sectores sociales ecologistas y ambientalistas cuyas posiciones defiende la oposición de izquierdas.

Y, aunque este nuevo proceso legislativo empieza con un principio de acuerdo entre PP, Cs y PSOE, la pugna sigue latente en medio de una situación explosiva que no admite medias tintas ni soluciones parciales, como tampoco más dilación en la aplicación de medidas, teniendo en cuenta que éstas deben venir determinadas, necesariamente, por criterios científicos verdaderamente independientes.

Pero también conviene no perder de vista las referencias que nos ayuden a situar el debate. En este sentido hay que recordar que la principal causa de contaminación de la laguna sigue siendo la agricultura intensiva (estudios de la UMU lo cifran en un 85%), que, además, ha transformado el paisaje y contribuido al aumento de las escorrentías que terminan en el Mar Menor; que la propia laguna ha generado un proceso interno de producción de nutrientes que contribuye al empeoramiento de la situación; que el peligro de la presión contaminante que ejerce sobre la laguna el desarrollismo urbanístico, la navegación recreativa, la ganadería intensiva y la minería sigue presente, que las normativas de protección regional, estatal y europea nunca se han cumplido; y que todo esto tiene responsables.

 

PSOE, PP y Cs escenifican el acuerdo alcanzado en la Ley del Mar Menor

 

Los Grupos Parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos registraron este martes las enmiendas consensuadas a la Ley de Protección del Mar Menor. Sus portavoces, Joaquín Segado, Diego Conesa y Juan José Molina, respectivamente, escenificaron el consenso alcanzado que ha permitido pactar el 75% de las enmiendas al decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado diciembre posando juntos en una imagen poco usual desde el inicio de la legislatura que arrancó hace un año. De las 90 enmiendas registradas, los tres grupos firmarán juntos 66.

Las enmiendas serán debatidas en el seno de la ponencia creada al efecto, para pasar después a su debate en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua con el propósito de que la ley definitiva quede aprobada el 22 de julio.

Los tres grupos parlamentarios se habían comprometido a seguir negociando sobre aspectos determinantes como el establecimiento de una franja que limite la actividad en el área más próxima a la laguna, que el PSOE y Cs pretenden llevar de los 500 hasta los 1.500 metros para ensanchar la zona ribereña libre de fertilizantes.

El portavoz de Cs ha asegurado que «los 1.500 metros de franja de protección no han estado en discusión. Hay consenso en este tema también, pero sí tenemos que acordar la redacción definitiva del artículo 29 y las limitaciones específicas a nivel técnico en dicha franja».

El PSOE mantiene que «reviste especial importancia la ampliación de la restricción hasta 1.500 metros» para evitar arrastres . Defiende también el cupo de expertos y de la sociedad civil en el comité científico para evitar las presiones políticas a la hora de tomar decisiones y la elaboración del Plan de Ordenación Territorial en tres años. También incluye la obligación de la Comunidad de limitar el vertido de residuos de la desalobradoras.

El PP trata de salvar su posición proponiendo «ayudas la agricultura sostenible en el campo de Cartagena» y la creación de «un pulmón verde en el entorno del Mar Menor obligando a restituir con masa forestal las parcelas de regadío ilegal». También pretende modificar el nombre de la ley para que lleve el título de ‘Ley Integral de Recuperación y Protección del Mar Menor».