Lo confirmó en Alicante la ministra Isabel García Tejerina a comienzos de esta semana: el próximo 3 de abril, la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura se reunirá para analizar, según los «parámetros definidos», las existencias y, si procede, determinar un trasvase. Dado que los pantanos de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca) han sobrepasado los 400 hectómetros cúbicos (hm3) embalsados -el umbral mínimo trasvasable-, tanto los municipios de la cabecera del Tajo como los regantes dan por hecho que el Gobierno volverá a abrir la tubería después de un año de cierre por la sequía.

Tras las lluvias de las últimas semanas, las reservas de Entrepeñas y Buendía alcanzan los 460 hm3. De esta forma, pueden pasar del nivel 4 al nivel 3, que permite transferir agua al Segura, tal como consta en el memorándum suscrito entre el Gobierno y las comunidades en 2013. María Dolores de Cospedal, entonces presidenta de Castilla-La Mancha, aceptó elevar la lámina a partir de la cual se permite trasvasar. A cambio, Levante blindó por ley el futuro de la tubería. Según publicó el diario murciano La Verdad, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) espera contar con 60 hectómetros cúbicos en los próximos tres meses, por lo que la propuesta de trasvase que haga la comisión el próximo martes podría rondar los 20 hm3.

Para ese día está prevista en Toledo una manifestación de rechazo por el trasvase inminente. Los regantes, empresarios, cooperativas y sindicatos agrarios de Murcia, Alicante y Almería ya estallaron el 7 de marzo con una multitudinaria manifestación en Madrid. Más de 50.000 personas exigieron la reapertura del trasvase ante el riesgo de colapso de la producción hortofrutícola. La cuenca del Segura atraviesa la segunda peor situación de los últimos 40 años.

La protesta larvada durante el último año en Levante inquieta al PP, que en Murcia se encuentra presionado por el auge de Ciudadanos y el acercamiento de esta formación política a las reivindicaciones trasvasistas, históricamente hegemonizadas por los populares. A lo largo de los últimos meses, Lucas Jiménez, presidente de Scrats, no ha escondido su enfado con el Gobierno. Los regantes reprochan a Rajoy y Tejerina la falta de previsión para cubrir las necesidades de la cuenca del Segura, el incremento de las tarifas que los agricultores abonan por el agua trasvasada y el hecho de que las desaladoras -especialmente la de Torrevieja- no estén funcionando a pleno rendimiento.

Francisco Pérez Torrecilla, presidente de la Asociación de Municipios de Entrepeñas y Buendía, afirma a EL MUNDO que «al ritmo que están creciendo los embalses y según arrecian las críticas desde Murcia, Tejerina aprobará este martes un trasvase triple de 60 hm3 para abril, mayo y junio. Así se ahorra las críticas de los dos siguientes». Torrecilla considera que, aunque lo autorice la legislación, va «contra el sentido común» trasvasar con los pantanos de cabecera al 17%.

El Gobierno de Castilla-La Mancha maneja las mismas previsiones. «Mariano Rajoy accederá a todas las peticiones del Levante», señalan a este periódico fuentes cercanas al Ejecutivo que preside el socialista Emiliano-García Page, quien ha pedido a Medio Ambiente establecer una cota provisional de 510 hm3. El mandatario castellano-manchego apela a la disposición adicional tercera de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que indica que la cota mínima no trasvasable «podrá revisarse en el futuro, de forma que se garantice el carácter preferente de la cuenca cedente». La Junta calcula que la media de aportaciones a la cabecera ha caído 100 hm3 al año desde 2014.

La reapertura del grifo del Tajo coincide con el 39º aniversario de su puesta en funcionamiento, que se cumplió ayer. Desde entonces se han trasvasado 12,7 billones de litros de agua. Mientras en Levante lo consideran imprescindible para garantizar el abastecimiento, en la cabecera del Tajo lo consideran «insostenible» y denuncian, acogiéndose a un estudio reciente de la Universidad de Castilla-La Mancha, que «hunde la población, la renta y el turismo».

El trasvase sigue siendo, cuatro décadas después, un arma política arrojadiza. Según Page, «no hubiera sido posible en democracia». A su juicio, desde Castilla-La Mancha han sido bastante solidarios y «es hora de cambiar las cosas». Ximo Puig, presidente valenciano y también socialista, urgió recientemente a Rajoy a «activar» el trasvase, mientras el popular Fernando López Miras, presidente de Murcia, recordó que la reapertura de la tubería «es una cuestión de legalidad».

 

 

 

FUENTE: ELMUNDO