El Brexit dio a España la posición negociadora más fuerte de su historia reciente en la cuestión de Gibraltar. Una ocasión única, un potencial derecho de veto que ha obligado a Londres a sentarse en la mesa, a escuchar y a hacer cesiones de una forma sin precedentes. Theresa May ha logrado salvar la situación sin perder y sin discutir siquiera la soberanía del Peñón, pero a cambio Bruselas ha propiciado una cooperación inédita y ha abierto la puerta a cambios inmediatos, que deberían incluir una subida importante de impuestos en el tabaco, la gasolina y el alcohol.
Hay una sensación agridulce. Hay avances, sin duda, pero los más críticos estiman que se ha desaprovechado una oportunidad para ir mucho más allá. La postura del Gobierno, muy en línea a la del anterior Ejecutivo, es que se trata de un proceso a largo plazo. Que el choque directo no habría funcionado y con amenazas de veto los británicos se hubieran levantado de la silla, y una frontera dura sería devastadora para la región. Escudados en que se han limitado a seguir el trabajo realizado por el ex ministro del PP, Alfonso Dastis, que de manera «inteligente», sostienen, aparcó este asunto, Exteriores alega que «esto es un camino por etapas». España, explican, «ha enfocado todo este tema con pragmatismo y realismo, estableciendo un clima de confianza» que desemboque en una nueva relación.
El acuerdo de salida cerrado esta semana consta de 585 páginas, 185 artículos y tres protocolos. Uno sobre Irlanda del Norte, otro sobre Chipre y el último sobre Gibraltar. En el documento presentado por la Comisión Europea se establecer un marco, regulatorio y político inédito y que lleva a derecho primario de la UE esta relación obligatoria. No sólo en el Peñón, sino también en toda la zona del Campo de Gibraltar, con la creación de una serie de grupos de trabajo mixto sobre los temas que históricamente se consideran vitales: aduanas, tabaco, medio ambiente y los derechos de los trabajadores.
En el protocolo del acuerdo de salida, que los jefes de Estado y de Gobierno deben ratificar el próximo día 25, siete páginas y seis artículos muy concretos, se crean tres comités de trabajo conjunto entre Madrid y Londres para temas laborales, medioambientales y aduaneros y se reconoce el estatus de «trabajadores fronterizos» a las cerca de 10.000 personas que entran y salen cada día de Gibraltar. Pero la clave del contenido, la sustancia, no está ahí, en lo publicado, sino en los cuatro Memorandos bilaterales y todavía secretos que se han ido redactando con Londres.
Es la gran apuesta de España. Ahí hay cosas concretas, como las subidas de impuesto al tabaco, alcohol y la gasolina, tal y como apuntó ayer el secretario de Estado. No se conocen oficialmente datos y está sujeto aún a revisiones según confirma Londres, pero por ejemplo, se ha pactado que el precio del tabaco no pueda diferir más de un 30%.
Hay en esos Memorandos acuerdos por los que Reino Unido acepta apretar las tuercas del Peñón. Una senda hacia la transparencia por la que, por fin, España podría tener acceso a cuántas empresas hay, cuánto facturan, de quién son, dónde están radicadas, etc. Pero además, Moncloa se está guardando una baza. El acuerdo del Brexit comprende un periodo de transición, desde marzo de 2019 hasta 2020, durante el que Reino Unido y Gibraltar seguirán bajo el paraguas de la unión aduanera o el mercado único. Ese plazo probablemente deberá ser prorrogado más allá de 2021, pero España cree que no puede hacerse para el Peñón. Si se sale con la suya podría dejar a Gibraltar completamente aislada, mientras el resto de Reino Unido sigue con otro estatus.
La posición de Madrid es que Gibraltar no es parte de Reino Unido ni de unión aduanera y la extensión no podría ser automática. Y, según fuentes consultadas, España asegura tener informes jurídicos de instituciones europeas que respaldan la afirmación. Por lo que una prórroga requeriría una decisión del Comité Adjunto que analizará las disputas del Brexit. Algo que Londres no comparte, según explican fuentes diplomáticas del país. Si todo esto se produjera, y no parece fácil, se provocaría que en la zona sea todavía más imprescindible la proximidad a España. Durante este tiempo de transición Londres deberá negociar su relación futura con el UE y será entonces cuando el Gobierno «pondrá encima de la mesa» la cuestión de la soberanía». Hasta ahora no procedía, apuntan, pero «por supuesto que se va a pedir», aseguran.
Lo claramente fijado por el momento en el protocolo europeo impone cooperación para «alcanzar la transparencia necesaria en asuntos tributarios», en particular «estableciendo un sistema reforzado de cooperación administrativa para la lucha contra el fraude, el contrabando y el lavado de dinero». Así como para resolver las disputas impositivas. En concreto, y recuperando una vieja aspiración española, se indica que las normas internacionales del G-20 y la OCDE sobre «gobernanza fiscal, transparencia, el intercambio de información y las prácticas fiscales se cumplirán» en la Roca.
El acuerdo igualmente hace hincapié en que Reino Unido «garantizará un sistema de trazabilidad de los cigarrillos». Y con el fin de «prevenir y disuadir el contrabando de productos sujetos a impuestos especiales o impuestos especiales, el Reino Unido garantizará un sistema fiscal que tenga como objetivo prevenir actividades fraudulentas y que esté en vigor en Gibraltar». No es soberanía, pero sí sería un hito.
