La gestión sanitaria de Susana Díaz durante siete años de Gobierno, sigue dando que hablar. Según fuentes oficiales a las que ha tenido acceso elEconomista, en 2018, la expresidenta de la Junta derivó de los Presupuestos 155 millones de euros en asistencia sanitaria complementaria, mientras escondía a 500.000 personas en lista de espera, al tiempo que presumía del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En un año, la dirigente socialista repartió esta cantidad y lo hizo entre 18 centros dispersos por la geografía andaluza. Dos correspondieron a Almería, cuatro a Cádiz, uno a Córdoba, uno a Granada, otro a Huelva, cuatro a Málaga y, finalmente, cinco a Sevilla.
Los acuerdos eran con centros privados, con los que concertaba la atención que no podía alcanzar el sistema público, con importes de hasta 95 millones de euros al proveedor J. M. Pascual Pascual, para la asistencia sanitaria de varios hospitales de la provincia de Cádiz, o los cinco que dio a la Clínica Santa Isabel, para asistencia sanitaria complementaria de Sevilla. Por cierto, que el Grupo Pascual Pascual ha sido noticia por posible fraude al SAS por más de 200 millones.
La pantalla del ‘decreto 180’
Susana Díaz, adalid de la sanidad pública, contraria a la externalización -al menos en su discurso oficial, del que dejó constancia el año pasado al reprobar a Juanma Moreno por «querer desmantelar la sanidad pública para abrir la puerta al negocio privado»-, siempre hizo gala en su gestión del decreto 180. Dicho decreto garantizaba a los pacientes que debían recibir atención en Andalucía que, pasados 180 días en lista de espera, la Junta se comprometía a derivar su expediente a centros privados y a asumir el coste total del tratamiento, incluidas las intervenciones quirúrgicas.
Pues bien, según el informe ejecutivo sobre datos de expedientes finalizados, a los que ha tenido acceso este diario, el año pasado la Junta dejó a 2.840 personas fuera de la cobertura del decreto 180, razón por la que reclamaron la asistencia de la sanidad privada.
El informe demuestra que el decreto 180 era una pantalla, ya que, de esas 2.840 personas, solo 64 consiguieron tener voluntad para rellenar el papeleo, completar la burocracia y cerrar todos los trámites hasta esperar centro de atención. Sin embargo, solo cero personas, es decir nadie, llegó a ser intervenido quirúrgicamente ese año.
La estadística confirma, pues, que el resultado que arroja el seguimiento de las reclamaciones de las listas de espera de más de 180 días es pésimo, muy lejos de un servicio de calidad. La razón, explican fuentes oficiales, es que la Junta no informaba ni llamaba al paciente, era éste quien tenía que cursar el procedimiento. Y, además, la tramitación era muy larga, y en muchas ocasiones los centros que se ofrecían estaban tan lejos del lugar de procedencia del paciente -con el consiguiente gasto del desplazamiento de los acompañantes-, que provocaba que el pacientes se echara atrás con la opción de operarse por la sanidad privada.
Plan de choque el 1 de abril
A tenor de los informes estudiados, la foto fija de la gestión de Susana Díaz de la asistencia privada de 2018 no es más que la continuación de los 500.000 pacientes en lista de espera que estaban escondidos bajo las alfombras de la administración andaluza, según relató esta semana el nuevo consejero de Sanidad, Jesús Aguirre.
En la entrevista concedida a este diario, el actual titular de la Sanidad andaluza recordaba que, de los 834.000 pacientes en lista de espera, de los cuales 500.000 habían desaparecido del registro público por arte de magia, 685.000 están pendientes de consulta y 158.000 lo están de operaciones de carácter urgente.
Ante esta tesitura, Aguirre considera que la primera actuación tiene que ir dirigida a 30.000 personas que llevan, o bien más de un año esperando, o bien ya están fuera del decreto 180. Con este principio, la Junta destinará una partida adicional de 25 millones de euros a mayores, para atajar el tapón que hay en diez hospitales públicos, que son los centros que mayor demora acumulan, alrededor del 75%.
Para este menester, Sanidad abrirá los quirófanos, mañana, tarde y noche e incluso sábados. Y remunerará el trabajo de los facultativos. Se trata de dotar de mayores recursos a la sanidad y de desatascar una situación que ha llevado a que Andalucía esté a la cabeza de los recortes en gasto sanitario y en oferta de plazos de formación sanitaria especializada, y a que, teniendo en cuenta ese baremo, haya encabezado ser la comunidad autónoma de España con mayores recortes en Sanidad, seguida de Cataluña y Castilla-La Mancha.
Recuperar la diáspora de médicos
Otra de las diligencias del nuevo consejero de Sanidad será la recuperación de los facultativos que han emigrado a otras comunidades autónomas y a otros países, como Portugal, porque allí han encontrado mejores condiciones laborales y económicas que en Andalucía. Jesús Aguirre es consciente de la necesidad de recuperar capital humano y de cuidar a los médicos y sanitarios que trabajan para la región más extensa de España, a la que, ya solo en verano, habrá de dotar de más personal para atender a los turistas que viajan hasta esta comunidad.
