El Estado concede al año, al menos, 14.000 millones de euros en subvenciones y ayudas de diferente índole, un dinero que es entregado a empresas, personas físicas y organizaciones no mercantiles sin prácticamente control ni transparencia y, sobre todo, sin un exhaustivo examen finalista sobre a lo que se ha destinado el dinero de todos y todas las ciudadanas.
Esta falta de inspección sobre el destino final de esos fondos provoca que se haya generado un nido de corrupción por el que, principalmente los receptores incluidos en la tercera categoría ⸺asociaciones y fundaciones de toda índole, principalmente, sindicatos o partidos políticos⸺ disponen de dinero del que no tienen que dar cuentas de para qué se ha utilizado o qué resultados se ha obtenido, algo que, por ejemplo, sí que tienen que hacer las empresas o las personas físicas.
El problema de todo esto viene de que el Estado invierte para que sean las asociaciones las que realicen una función social y aquéllas dedican el dinero a otros fines o, incluso, pueden servir para el lucro personal de algunos elementos, como ya ha ocurrido en casos de corrupción tan sonados como, por ejemplo, las facturas falsas del sindicato UGT en Andalucía, donde, por cierto, la persona que alertó sobre estas prácticas irregulares, Roberto Macías, ha sido condenado a dos años de prisión mientras que los presuntos responsables aún no han sido juzgados.
Respecto a las asociaciones, una investigación que está llevando a efecto Diario16, muestra que la gran variedad de objetivos que defienden hace que el control de cómo se gasta el dinero público sea absolutamente opaco y sin ningún tipo de control respecto al objeto final para el que se ha utilizado esas subvenciones. Este medio tiene ya conocimiento de cómo en asociaciones profesionales que, en teoría reciben las ayudas públicas para la defensa de los intereses de los pequeños empresarios, se realizan contrataciones temporales para justificar gastos, contrataciones que no son necesarias pero que se hacen necesarias para seguir cobrando la subvención.
Por desgracia, lo mismo ocurre con asociaciones de perfil social de distintos ámbitos que reciben varias decenas de millones de euros anuales y no reportan los resultados de su actividad.
Pongamos un ejemplo que sucedió hace varios años. Cuando la crisis económica de 2008 empezaba a asestar sus golpes sobre las empresas españolas, el Gobierno, junto a sindicatos y patronal, aprobaron un plan de formación continua para trabajadores en activo. Esos cursos se gestionaban desde la Fundación Tripartita a través de empresas con convenio de formación y el coste se descontaba de los costes sociales. Fuentes consultadas tuvieron contacto con este tipo de empresas, insisten en que ahí se generó un nicho de negocio por el cual los cursos se vendían a los trabajadores incluso sin tener ninguna relación con su ámbito de actividad. «Se vendían cursos de corte de jamón a peluquerías o se daban de alta al trabajador, pero el curso lo hacía el empresario», afirman estas fuentes.
Lo peor de todo está en la rentabilidad que obtenían estas empresas que comercializaban esta formación continua. «El curso se vendía por 400 euros, pero tenía un coste aproximado que no llegaba a los 150». Por tanto, en este caso, esas empresas comercializadoras se aprovecharon de la subvención para formar a trabajadores y se llevaron beneficios que superaban el 60% de rentabilidad, dependiendo de la tipología de cursos que vendieran.
El concepto «formación» es muy rentable para las organizaciones no mercantiles, puesto que a muy bajo coste consiguen grandes ayudas de las diferentes administraciones públicas. Por ejemplo, los sindicatos multiplican por 10 la subvención que les corresponde como sindicato sólo por sus programas de formación, y eso ha tenido como consecuencia que se hayan producido graves casos de corrupción. Sin embargo, los sindicatos no son los únicos. También sucede en las asociaciones profesionales.
Ahora nos encontramos en una situación en la que el Estado va a recibir 140.000 millones de euros de la Unión Europea. Diario16 está teniendo conocimiento de cómo se está empezando a generar una especie de guerra entre asociaciones del mismo ámbito para luchar por adquirir una parte de ese pastel o, incluso, se podrían estar dando casos (de momento lo pondremos en condicional) de escisiones impostadas para duplicar las cantidades a recibir. Esto es corrupción porque, ¿dónde va luego ese dinero?
Por otro lado, muchas de estas asociaciones que se están desarrollando están lideradas por ex sindicalistas, ex concejales y ex concejalas, o ex políticos y ex políticas que aún mantienen cierta capacidad de acceso a los centros de poder a pesar de que, en algunos casos, su labor de gestión fue puesta en duda mientras ocuparon cargos públicos.
Para una asociación o fundación, que no tiene que rendir más cuentas que la de presentar su balance, es muy fácil desviar fondos al concepto de «Gastos Generales», un cajón de sastre donde cabe todo.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) España supera en un 20% la media europea en pago de ayudas públicas y subvenciones pero la opacidad es tal que ni siquiera un organismo público como la CNMC puede dar una cifra total de cuánto dinero se carga cada año en los presupuestos de las diferentes administraciones. Si se realiza una aproximación al volumen de subvenciones a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) se concedieron 14.300 millones de euros en 2017, una cifra que corresponde a las convocatorias registradas en ese ejercicio, que fueron concedidas en 2017 o 2018.
Si todo ese dinero sale sin que exista un control finalista, la corrupción se hará con ello y lo público servirá, una vez más, para llenar los bolsillos de unos cuantos que, por su falta de ética, entorpecen la labor de quienes sí que usan el dinero público para lo que se les concedió.
MANUEL DOMÍNGUEZ MORENO
