En el Gobierno recuerdan que el año pasado el Ejecutivo de Mariano Rajoy también envió este plan en octubre, como reclama la Comisión, y sin embargo no tenía los Presupuestos presentados. De hecho, por problemas políticos tuvo que retrasar su aprobación hasta mayo de este año, dos semanas antes de la moción de censura que lo sacó del poder. Para el Gobierno, por tanto, se puede cumplir con los plazos de Bruselas y a la vez mantener los planes del Gobierno y de su principal socio, Unidos Podemos, con el que está en plena negociación para buscar un acuerdo presupuestario.
El gran problema para el Ejecutivo no es Bruselas, sino la decisión del PP y Ciudadanos de bloquear en la mesa la nueva ley presupuestaria que permitiría levantar el veto del Senado, controlado por los populares, a la nueva senda de déficit más flexible -0,5 puntos más de margen, es decir, 5.000 millones de euros- que Sánchez ha pactado con Bruselas. Si se mantiene ese bloqueo, el plazo de noviembre puede volverse casi imposible. El Gobierno va a dar la batalla legal y política para forzar la aprobación de esa ley cuanto antes, y no quiere aún darlo por perdido, pero si todo se atrasa haría unos Presupuestos con la senda de déficit que pactó el PP. Quien más sufrirían serían las Comunidades Autónomas, dicen en el Ejecutivo, porque de esos 0,5 puntos extra, la administración central solo se lleva 0,1. Pero aunque fuera la senda del PP, serían los presupuestos del PSOE pactados con sus aliados, con sus objetivos y prioridades.
Lo que no quiere hacer el Gobierno bajo ningún concepto es prorrogar los Presupuestos del PP. Eso solo sucederá si los independentistas catalanes se niegan a apoyar las cuentas. A partir de ahí las especulaciones están abiertas y el Gobierno no quiere decir nada claro públicamente, pero el adelanto electoral sería más que probable, aunque no está clara la fecha. Podría ser antes de las municipales, algo difícil por el margen estrecho entre el fracaso de la negociación -alrededor de febrero- y más elecciones de mayo. Podrían hacerse con las propias elecciones autonómicas -algo que los barones autonómicos socialistas no ven con buenos ojos- o ya después del verano.
Pedro Sánchez, en una entrevista con la Cadena SER, ya avanzó el lunes que su intención era tener listo el Proyecto de Presupuestos definitivo a finales de noviembre o principios de diciembre, con idea de que las cuentas públicas, tras su tramitación parlamentaria, estuvieran definitivamente aprobadas el primer trimestre del año. Insistía así en los planes que ya avanzó el 29 de agosto en su viaje a Chile.
Moscovici ha confirmado en una reunión con periodistas que Bruselas espera que España cumpla con los plazos y envíe antes del 15 de octubre el plan presupuestario, como el resto de países. Y ha expresado «su confianza» en que lo hará. Lo mejor para España «sería tener un presupuesto para 2019», ha insistido. En una entrevista publicada este jueves en EL PAÍS, Moscovici ya señalaba que el mensaje que quería transmitir a Sánchez y a la ministra de Economía, Nadia Calviño, era que España va por buen camino, pero que debe evitar repetir los errores del pasado.
«España debe seguir reduciendo su déficit, con los esfuerzos estructurales e ir rebajando la deuda pública, que supone el 97% del PIB. Sé que no es fácil, pero hay ejemplos en Europa que muestran que es posible reducir el déficit estructural y la deuda sin dejar de crear riqueza y puestos de trabajo». También pedía el comisario que las fuerzas políticas entienda la necesidad de sacar adelante las cuentas de 2019. «España ya ha vivido sin Presupuestos, pero es mucho mejor para el país que se aprueben y apoyo cualquier esfuerzo que permita conseguirlo», aseguraba..
