LAIA BONET

 

El Saló del Tinell se está poniendo al día. El edificio ha sido sometido a la limpieza y rehabilitación de su fachada y a un refuerzo de alguno de sus contrafuertes. De Palau Reial Major de Pere el Cerimoniós a Reial Audiència y sede de la Inquisición, hasta convento de las monjas clarisas, el palacio quedó fijado en la memoria reciente de muchos como el lugar donde se alcanzó un acuerdo político, el que sirvió de base al gobierno catalanista y de izquierdas para hacer efectiva la alternancia política por primera vez desde la recuperación de las instituciones catalanas. Para que el pacto fuera posible, todas las fuerzas políticas que lo sustentaban habían cedido, y todas habían ganado. En aquel y en todos los pactos asumidos desde la responsabilidad política.

La política se ha devaluado mucho en la percepción de buena parte de la ciudadanía. Y uno de los efectos de esta devaluación (si no una de sus causas) es la deformación del concepto de responsabilidad política. La responsabilidad política conlleva asumir las propias limitaciones y considerar no sólo los intereses propios sino los del conjunto de la ciudadanía a quien representa la institución desde la cual se gobierna. La práctica de la política, toda, pero sobre todo la institucional, no es compatible con escenarios óptimos en los que uno puede tomar la decisión que cree más acertada de acuerdo con su interés o el de aquellos que conforman exclusivamente su base electoral.

Actualmente se encuentran paralizados tanto en el Parlament de Catalunya como en las Cortes Generales los presupuestos respectivos. Ni el Gobierno del Estado ni el de la Generalitat disponen de la mayoría necesaria para su aprobación. En esta situación, o los gobiernos se avienen a negociar sus propuestas con otros actores que representan legítimamente otros proyectos políticos o asumen la no adopción de las medidas correspondientes, la inestabilidad que de ello deriva y sus consecuencias. Y es que no sólo las decisiones que se toman generan impactos en toda la ciudadanía, sino también aquellas que se deciden no tomar.

A pesar de ello, se han escuchado algunos discursos en sentido contrario, llamando a una supuesta actitud de responsabilidad política para defender la no negociación, y con ello, la no cesión en las posiciones propias, aunque conlleve el fracaso de los presupuestos. Incluso cuando estos pueden suponer mejoras sustanciales para implementar políticas, que por otro lado no hay inconveniente en señalar como más acertadas que las de gobiernos anteriores.

Aprobar los presupuestos, aquí y allá, con cesiones en ambos lados fruto de la negociación, no significa traicionar ni renunciar a las propias posiciones. Únicamente es asumir, hoy, la responsabilidad política de dar un paso, por pequeño que sea, hacia la solución de problemas desde hace demasiado tiempo enquistados.