Ángel y Álvaro Pérez Maura, dos de los cinco hermanos que componen la familia, administran el grupo marítimo Ángel Pérez y Cia, uno de los más importantes de España. En 2012, desarrollaban dos áreas de negocio: una de consignación y otra de terminales bajo la mercantil TCB de la que tenía un 62% y cuya misión consistía en la licitación, búsqueda de financiación y operación de terminales. Fue entonces, presuntamente, cuando los hermanos pagaron hasta 30 millones de dólares en sobornos al ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta o número dos, Roxana Baldetti -‘la 2’ como la denominan estos empresarios-.
Tras incorporar Guatemala, en 2014 se inició un proceso de venta competitivo de TCB que ganó a la danesa Maerks, con la que finalmente firmó un acuerdo el 1 de septiembre de 2015, formalizado el 8 de marzo de 2016, tras el habitual proceso de revisión in situ. Pero la fiscalía española sospecha que asunto del soborno investigado en Guatemala ya se palpa detrás de esta operación. En uno de los interrogatorios a los que ha tenido acceso Público, los fiscales logran que Ángel Pérez Maura confirme que el precio final fue corregido a la baja, aunque apela a una justificación de competencia empresarial con Turquía. En España Maerks tiene sede en el Parque Empresarial La Finca, un complejo cuyos accionistas y jefe seguridad están imputados en la pieza Land de la causa Tándem, por sus negocios con el comisario José Manuel Villarejo.
Según las grabaciones del comisario ahora en prisión, a los Pérez Maura les preocupa que durante la negociación de 2012 ellos y su equipo dejan un rastro de correos electrónicos, desvelados por Público, y que vendrían a demostrar soborno y cohecho. Tras la detención de Molina y Baldetti en 2015, Guatemala quiere detener a los empresarios españoles y estos contratan los servicios del comisario José Manuel Villarejo y su amigo Adrián de la Joya y al grupo de ‘lobbistas socorristas’ con influencia mundial que gira entorno a ellos.
«Contactamos con un lobbysta, Manny Ortiz, que tenía experiencia de haber negociado en un caso de cohecho»
La terminal se gesta durante el mandato de Álvaro Colom pero se desarrolla durante el de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes la llevaban en el programa con el que han las elecciones de noviembre de 2011. Su campaña se investiga por financiación ilegal el motivo, por el que en julio 2017, Guatemala pidió a España la detención y extradición del ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorria, cuya defensa asumió el ex juez Baltasar Garzón. Pero hasta entonces, Ligorria también llamado ‘El Gordo’ en las grabaciones era una de las personas a las que Adrián de la Joya, Villarejo, Enrique Maestre Cavanna y los Pérez Maura quería poner como candidato a la presidencia del país.
La terminal se adjudicó sin licitación pública a los Pérez Maura el 11 de julio de 2012. La financiación fue aportada por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial tras fracasar con entidades privadas, según declaran los Pérez Maura, quien estudió y aprobó la inversión sin detectar irregularidades. Por entonces, Gabriel Goldsmith era el coordinador de infraestructuras para América y el Caribe de IFC.
A finales de 2015 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que dirige el jurista y diplomático colombiano Iván Velásquez con quien mantiene buenas relaciones el ex juex Garzón, inicia una investigación en Guatemala sobre un supuesto pago de 30 millones de dólares con destino a los mandatarios y otros partícipes a cambio de la terminal. La investigación se inicia y desarrolla en secreto, en mitad del proceso de venta a Maerks. El CICIG construye el caso gracias al testimonio y documentación que le aportan dos implicados reconvertidos en confidentes, el secretario de la vicepresidenta y Jonathan Harry Chevez ‘El Mago’, intermediario (“mula”) de los pagos.
Solo cinco semanas después de escriturarse la venta de TCB, el CICIG hace pública la investigación y se detiene a cargos públicos, al gerente de los Pérez Maura en Guatemala Juan Jose Meseguer, a El Mago que sale libre al poco y se emiten órdenes de detención para Ángel Pérez Maura y otros huidos a España como William Schwank.
Fiscal: Que todo lo que pensaba que se podía hacer no ha salido a que se refiere?
Álvaro Perez Maura: Hombre vamos a ver nosotros contactamos con un lobbysta americano que tenía la experiencia, Manny Ortiz, de haber negociado un acuerdo en un caso similar de cohecho.
F.: ¿De presunto cohecho quiere decir?
Álvaro P.M: Bueno se le acusaba de cohecho.
F.: ya claro.
Los servicios para buscar la impunidad en España
Por este delito se investiga, además de a los clientes, al equipo compuesto por Adrián de la Joya como voz cantante, Villarejo, su hijo, su socio Rafael Redondo, Enrique Maestre Cavanna del controvertido bufete de Joaquin Arespacochaga, el ex embajador Julio Ligorria, el ex policía Antonio Bonilla y un colaborador llamado Armando Mateo.
En total y desde el 24 de abril de 2016 hasta noviembre de 2017, la fiscalía acredita que los Pérez Maura les pagan 12 millones de euros más IVA. Durante la declaración de Angel Pérez Maura el fiscal muestra su extrañeza por el pago de semejante cantidad para evitar una extradición, porque debía saber que no tenía recorrido por su condición de español.
Fiscal: ¿Le explicaron [refiriéndose a Villarejo y socios] cuando surge el problema, cuando usted firma pagar una prima de 10 millones de euros por no ser detenido, por no ser ingresado en prisión, no ser extraditado, le explicaron que siendo español era improbable que fuera usted extraditado a Guatemala?
Ángel Pérez Maura: eh no…
Fiscal ¿Le explicaron si era muy caro o muy barato?
Ángel Pérez Maura: a mí eso me lo había explicado ONTIER [su bufete de abogados habitual, y al que pertenece Juan Casanueva, su letrado en Tandem]
Fiscal: Pero ONTIER que fue quien le representó […] en todo ese proceso de extradición, también cobraba aparte ¿no? Por el mismo objetivo
Angel Pérez Maura: Bueno es que [ONTIER] es el que cobraba por eso
Fiscal: Bueno no, y Cenyt también y Stuart Mckenzie… , también cobraban por evitar su detención, prisión y extradición [el fiscal lo dice porque es lo que pone como objeto de los contratos]
En las conversas transcritas se aprecia que la principal preocupación era lo que podía reclamarles Maerks si le quitaban la terminal o le cambiaban las condiciones.
El grueso del pago de los 12 millones se produjo en momentos determinados: un primer pago a empresas de Villarejo de 3 millones más IVA tras hacerse pública la investigación una vez escriturada la venta de TCB y ser rechazada la detención de Ángel Pérez Maura por la Audiencia Nacional; y dos pagos millonarios cuando el 3 mayo de 2016 se ponen sobre la mesa correos corporativos incriminatorios cruzados entre los Perez Maura y sus directivos, válidos para abrir la causa en España: 2 millones más IVA a empresas de Enrique Maestre el 2 de junio de 2016 y 1 millón a Adrián de la Joya el 7 de julio de 2016. Estos pagos fueron seguidos de igualas mensuales de entre 50 y 120 mil euros para cada uno de los tres.
Villarejo y sus socios sacan la cuestión de los correos justo cuando el aún entonces CEO de TCB, Xavier Soucheirón, informa a los Pérez Maura de que tiene que firmar un permiso a un forense informático contratado por Maerks para acceder a los correos electrónicos corporativos del personal y directivos de TCB que aun estén en los servidores.
«¿No está diciendo que “puedo declarar contra ti, por lo tanto, págame todo lo que te pido aquí”?. Está pidiendo muchísimas cosas, hasta 14 millones de euros»
Además de más pagos, los correos y la supuesta contratación del forense por Maerks trajeron un cambio en la estrategia, hasta entonces centrada en descargar cualquier responsabilidad en sus directivos. Se compran nuevos servidores a los que se vuelcan los datos pero sin los correos de riesgo, los correos de riesgo se llevan a un notario al que se manifiesta que están manipulados.
Tras ello se requiere judicialmente a Maerks, el 17 de junio 2016, que se abstenga de difundir correos internos a terceros y, por último, desde el 5 de mayo de 2016 se planifican acercamientos a imputados y/o detenidos con el fin de “cuidarlos”. en palabras de Villarejo. Esto hace preguntarse a los fiscales si el objetivo real era ayudar o perjudicar los intereses de los Pérez Maura. La fiscalía identifica aproximaciones a William Schwank, huido a España y sobre el que pesa orden de detención y a Juan Jose Meseguer, gerente local de la terminal y entonces preso.
Con Schwank, por ejemplo, se discute la posibilidad de conseguirle la residencia en España, de buscarle alojamiento y de afrontar sus gastos, según un audio incautado de la reunión con Schwank en la que se le entregan dos mil euros.
En el registro a los Pérez Maura en la calle Fortuny, 9 de Madrid se encuentra una carta sin firma y fecha y que les remite el gerente local detenido, Juan José Meseguer, con una propuesta en la que asume toda la responsabilidad a cambio de 14 millones de dólares y por la que los fiscales preguntan a Ángel Pérez Maura:
Fiscal: ¿Reconoce usted este documento? ¿Qué es?
Ángel Pérez Maura: Una copia de una carta de Juan Jose Meseguer
Fiscal: Es una carta que le hace llegar desde su situación de prisión preventiva en Guatemala, ¿no?
Ángel Pérez Maura: Lo ha pasado muy mal
Fiscal: Le está transmitiendo que lo está pasando muy mal y le está pidiendo de alguna manera, incluso de una manera muy concreta, algunos mecanismos de satisfacción o retribución porque estuvo dispuesto a asumir (leo literalmente) “toda la responsabilidad para exculparte a ti”. […] ¿Le está diciendo que usted el responsable final de los delitos por los que el está constituido en prisión en Guatemala?
Ángel Pérez Maura: El lo que dice está diciendo es que si hubiera alguna manera en la que ÉL pudiera asumir toda la responsabilidad y que todo el mundo quede libre estaria dispuesto a hacerlo.
Fiscal: ¿No está diciendo que “puedo declarar contra ti, por lo tanto, págame todo lo que te pido aquí”?. Está pidiendo muchísimas cosas, hasta 14 millones de euros.
El naviero no negó a la fiscalía el papel, pero sí que llegase a un pacto en dicho sentido, lo explicó como una carta escrita por Meseguer en un momento de desánimo. Meseguer fue visitado en prisión por Rafael Redondo y el abogado de Villarejo, Ernesto Diaz Bastién.
Además de estas dos personas, existen indicios de aproximación a Harry Chevez El Mago, reconvertido en confidente estrella del CICIG y sin cuyo testimonio y datos de transferencias no tendrían caso ni la identidad del pagador: El Mago recibía el dinero desde una red off shore sin vinculación directa con los Pérez Maura.
En varias conversaciones se oye a Ángel Perez Maura habla del papel clave que El Mago puede jugar con el CICIG para sacarles de la causa, así como definirlo como su gran preocupación. AsÍ y tras los tres bloques de pagos, en febrero de 2017 se pagan de golpe a una empresa española de Villarejo 1,2 millones de euros más IVA que este debe reenviar a “El Mago”.
Con respecto de la causa en Guatemala también se discute la habitual gestión de medios para crear clima de opinión y una maniobra procesal a la que el comisario es aficionado: personarse en el procedimiento con una “acusación popular”, para poder maniobrar a favor del investigado. El uso de acusaciones populares propias o de asociados, con el objetivo de buscar la absolución de clientes, o la condena de rivales de clientes, es un clásico. La “acusación popular” vinculada al comisario más conocida es “Transparencia y Justicia” pero tiene más registradas.
