La fiesta de la democracia este año es más larga que nunca. Dura un mes, y el domingo que viene toca acudir de nuevo a las urnas para decidir los gobiernos de proximidad, es decir, los regionales. Los expertos prevén que la alta participación en los comicios generales pueda traducirse en que muchos de esos votantes piensen que ya han cumplido y no acudan a las urnas el 26 de mayo porque las autonomías son algo secundario. Sin embargo, las comunidades tienen competencias que afectan al ciudadano, como en materia sanitaria, educativa, algunas infraestructuras o una parte fiscal. Además, de la administración territorial depende la gestión económica del lugar donde se ha nacido o se reside y, por lo tanto, el impacto es directo. De ese modo, es relevante saber si las autonomías han hecho bien su trabajo estos últimos cuatro años y el Gobierno regional merece la reelección o será mejor dar la alternativa a otro.

El resultado electoral también condicionará si en la próxima legislatura se puede llegar a un acuerdo para reformar la tan mencionada financiación autonómica. El PSOE formará el Gobierno Central, pero se puede encontrar con que la oposición se la hagan desde los gobiernos autonómico. El profesor de Economía de Comillas ICADE Emilio González admite que el PSOE «se puede quedar con Asturias y, si acaso, con Extremadura», pues el Partido Popular y Ciudadanos llegarían a pactos para gobernar en el resto de autonomías. Así, en estas regiones administradas por la derecha se aprovecharían las competencias para contrarrestar las medidas que Pedro Sánchez aplique a nivel nacional, lo cual celebra González porque, según él, «lo que plantea el presidente no es lo más correcto para la economía en un momento de desaceleración que podría agudizarse tras recrudecerse la guerra comercial entre China y Estados Unidos».

 

Pero las predicciones sólo son ciencia ficción, y la realidad es que la reforma del sistema de financiación autonómica resulta necesaria. La pregunta que debería hacerse antes de acometerla es «qué gasto público tenemos y reordenarlo porque debemos financiar otros que están creciendo por el envejecimiento poblacional como el de pensiones, el de sanidad y el de dependencia. Otra condición es imponer más transparencia en los gastos de las autonomías porque no son claros».

Estos arreglos legislativos podrían revertir la situación de nuestro sistema autonómico, que es «injusto y fracasado», califica González, «porque la descentralización está mal concebida». La cesión de competencias está mal planteada porque se produce un choque entre las estatales y las nacionales. El profesor de Comillas pone el ejemplo de la educación, que suele ser compartida entre ambas administraciones: «Los programas formativos los realiza la central, pero la inversión en ellos las autonomías». Y unas ponen más dinero que otras, lo que provoca que ese plan de contenidos tenga más incidencia en las que hacen una mayor inversión en el mismo.

 

DINAMISMO

Las diferencias regionales a nivel económico son innumerables, pero se pueden reducir en un aspecto. Hay comunidades muy dinámicas y otras «muy pequeñas que dependen de momentos concretos», afirma la economista senior de la Fundación de las Cajas de Ahorro( Funcas), María Jesús Fernández. Por lo tanto, algunos territorios pueden tener un crecimiento más constante y otros dependen de hechos puntuales.

Fernández aporta el ejemplo de Asturias, que en 2017 creció un 6,8% debido a que se produjo un alto volumen de exportaciones en el sector predominante en la comunidad, la minería. Claro que, precisamente por esa dependencia, la descarbonización será un proceso muy costoso en términos económicos para la población asturiana.

Las exportaciones han dado vida a las regiones, con la excepción de las que dependen demasiado del turismo como los archipiélagos. Al contrario, las que más han vendido en el exterior durante los últimos años han sido las comunidades industriales, País Vasco, Navarra o Aragón.

A las exportaciones se les ha dado el estatus de salvadoras de la economía durante la crisis. Pero, sin embargo, no necesariamente las regiones con más potencial exportador no fueron las que mejor se comportaron durante la crisis. Así, la economía de una autonomía industrial como Cantabria cayó por debajo de la media, mientras que la turística Baleares no empeoró tanto.

Está por ver si en una próxima crisis las comunidades reaccionan igual o los cambios que han sufrido estos últimos cuatro años provoca que lleven peor o mejor una nueva recesión. De momento, más allá de vaticinios, ya nos encontramos en una etapa de desaceleración económica que, por ahora, España está superando mejor que otros países. Pero a nivel autonómico, no todos los territorios pueden afrontarlo con tanta solvencia como el conjunto de la nación.

Según Férnandez, las que peor lleven la desaceleración serán, probablemente, «las mismas que peor se comportaron durante la crisis, que son las que tienen más deficiencias y debilidades estructurales, como La Rioja, Extremadura, Castilla y León y Asturias, cada una con sus particularidades y sus factores determinantes».

 

Despoblación

En el caso de Castilla y León, apunta Fernández, su principal problema es que está sufriendo un fuerte proceso de despoblación. En los últimos cinco años ha perdido casi 90.000 personas, lo que se traduce en menos potencial de crecimiento porque, entre otras cosas, desciende la población activa, la que está dispuesta a trabajar. De 1,14 millones de personas activas en el primer trimestre de 2015 han pasado a 1,10 millones en el mismo periodo de 2019.

El mismo problema lo sufre Asturias, donde la población baja imparablemente desde el año 2009, cuando contaba con 1,08 millones de censado y ahora sólo con 1,02 millones. El resultado es que la población activa se ha reducido en más de 20.000 personas en los últimos dos años. Además, en Asturias se sufre el problema de ser una comunidad periférica, lo cual también sufren en Extremadura y una de las consecuencias de esa característica es que el transporte es de mucha más deficiente. Por lo tanto, el tráfico de personas y de mercancías se ve obstaculidad.

 

Los archipiélagos han sido un ejemplo para el resto

El reto que las comunidades tenían en la legislatura que está a punto de cerrarse era salir con solvencia de la crisis. Sin embargo, cuatro años después ese desafío se mantiene, explica el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente. «El déficit sigue medio controlado, pero con problemas latentes importantes y la deuda está muy alta todavía. Hay que tener cuidado y seguir mejorando para tener más colchón la próxima vez que llegue una recesión».

No obstante, desde 2015 sólo siete de las diecisiete comunidades autónomas (Baleares, Cataluña, Canarias, Navarra, Castilla-La Mancha, País Vasco y Galicia) han rebajado su deuda pública. Baleares ha logrado reducirla hasta en 2,6 puntos (más de un punto que la región que ocupa el segundo puesto), y País Vasco es el territorio con menor deuda (13,6%).

De las comunidades que la aumentaron, algunas como Madrid podían permitírselo porque han seguido manteniéndola por debajo del 15%. Sin embargo, la Comunidad Valenciana, que en 2015 tenía un 41,6%, a finales de 2018 la había incremento un 0,2.

En el caso de la región gobernada por el socialista Ximo Puig (que ha revalidado su puesto tras adelantar las elecciones al 28 de abril), la administración autonómica era contraria a las normas de austeridad fiscal del Gobierno central del Partido Popular. El deseo de Puig era aplicar políticas de expansión, por la que el Ejecutivo de Rajoy aplicó un elevado tipo de interés a los préstamos del FLA que otorgó a la comunidad (y dejó a devolver más de 3.000 millones desde 2012), cuando en otras el interés era del 0%. Las consecuencias de no cumplir con los límites impuestos (a todas las comunidades autónomas y los grandes ayuntamientos) por la Administración Central llegan más lejos. Las emisiones de deuda de la región pasan a ser muy pequeñas y no satisfacen a los inversores más potentes. Además, la prima de riesgo se situará en niveles más altos que en los de la media nacional. Todo ello por no tener las garantías del Ejecutivo estatal.

En cuanto al déficit, sólo cinco comunidades han logrado alcanzar un superávit: Canarias, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. Canarias merece especial atención porque ha pasado de un déficit del -0,91% en 2014 a cerrar 2018 con un superávit del 2,06%, aunque el gabinete ha decidido ya invertir ese superávit sin esperar la autorización estatal.

 

Castilla-La Mancha crece en empleo y riqueza

Se tiende a pensar que las comunidades con más recursos y que reúnen más grandes empresas son las que más oportunidades de crecimiento tienen. Sin embargo, en esta legislatura se ha demostrado lo contrario. El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) no ha dependido tanto de la riqueza presente de las regiones, sino de saber aprovechar el potencial que aún quedaba por explotar. Así, las siete autonomías cuyo PIB más ha crecido desde 2015 han sido, por este orden, Castilla-La Mancha, Extremadura, Principado de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Murcia. Mientras, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o Madrid han registrado un crecimiento menor al de la media nacional. Navarra, Canarias y La Rioja han sido las que menos riqueza han generado.

Algo curioso en el caso de Navarra pues, a su vez, ha sido la que más ha rebajado su tasa de paro entre 2015 y los últimos datos de 2019. Era la que menor desempleo tenía hace cuatro años y, a pesar de eso, ha logrado rebajarlo a casi la mitad.

Por su parte, en 2015 el dato de paro de Castilla-La Mancha era muy preocupante, un 28,69%, siendo la cuarta comunidad por la cola. Pero han logrado descender la tasa en más de un 45% hasta el 15,74% . De este modo, tras Navarra han sido la segunda región que más ha rebajado su tasa de paro, aunque aún se mantiene por encima de la media nacional.

Para De la Fuente, el desempleo será un aspecto a corregir en la próxima legislatura porque «todavía hay muchos parados de larga duración». De hecho, España es el segundo país de la Unión Europea que más tiene (sólo tras Grecia), con una tasa del 6,4%, duplicando de sobra a la de la UE, que se sitúa en el 2,9%.

De la Fuente subraya que se deben reformar los servicios públicos de empleo de las CC AA porque «con alguna excepción, no funcionan demasiado bien». Estos sistemas es una de las pocas herramientas que las comunidades tienen para disminuir el paro, condición que, en gran medida, depende de la política macroeconómica, en manos del Gobierno central, o de la política monetaria, la cual gestiona el Banco Central Europeo.

El profesor de Economía de Comillas ICADE Emilio González, cuenta que las herramientas para crear empleo que poseen las administraciones regionales son el apoyo a la creación de compañías, el desarrollo de parques empresariales, el fomento de la atracción de inversión y la ayuda a los sectores que desee incentivar.

 

Cataluña: la mayor presión fiscal

Uno de los terrenos en los que las autonomías tienen más competencias es el de la fiscalidad. Las administraciones territoriales pueden aprobar impuestos propios, de los cuales Cataluña cuenta con 13, según Hacienda, liderando una lista que cierran Castilla y León y Castilla-La Mancha con sólo dos. Pero, además, pueden aplicarle lo que se llama un tramo autonómico a la base estatal del impuesto. La del IRPF se redujo notablemente en 2016 con la entrada en vigor de la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Igualmente, los tipos impositivos de este gravamen, el que a más ciudadanos afecta, pueden ser reducidos o aumentados por las autonomías.

En el IRPF, Cataluña vuelve a ser la comunidad donde los contribuyentes soportan mayor presión fiscal, pues el tipo máximo alcanza el 48% y el mínimo el 21,5%. Mientras, Madrid es la autonomía donde menos carga soportan los ciudadanos, pues el máximo se rebaja del 45% nacional al 43,5%, y el mínimo se mantiene en el 19% de la base estatal.

Como es evidente, no es lo mismo pagar impuestos en uno u otro territorio. En este sentido, el director ejecutivo de Fedea sostiene que en materia fiscal «hay diferencias importantes entre las comunidades, con un componente ideológico muy claro. Los gobiernos de derecha intentan mantener impuestos bajos, mientras que los de izquierdas son más partidarios de incrementarlos para financiar un mayor gasto social».

Por eso mismo, los gobiernos socialistas abogan por mantener el Impuesto de Sucesiones, mientras que Partido Popular y Ciudadanos han anunciado que lo eliminarían.

 

Un país y diferentes realidades

En España hay muchas Españas. Las autonomías no dedican el mismo dinero que otras en los distintas servicios y, por ejemplo, puede ser preferible enfermarse en una región que en otra por los recursos de los que dispongan los centros médicos. Así, en sanidad destaca la franja norte. País Vasco, Asturias y Navarra dedican una cantidad superior a los 1.600 euros por ciudadano cada año. Muy por encima del perseguidor, Extremadura (1.488). La brecha es gigante respecto a las dos regiones que cierran la lista, Cataluña y Andalucía, que invierten menos de 1.200 euros anuales per cápita. No obstante, para De la Fuente, la sanidad y la dependencia deberá ser una de las prioridades de los gobiernos que salgan de los comicios del 26 de mayo por el envejecimiento poblacional.

Las diferencias en cuanto a inversión en infraestructuras son abismales. Mientras en Madrid se ha gastado anualmente desde 2015 unos 333 millones de euros, en Castilla-La Mancha, que supera a la capital en más de 70.000 km2, la inversión sólo ha sido de 23 millones de euros cada año.

Por último, De la Fuente cree que el reto de los gobiernos autonómicos durante la próxima legislatura sería la educación, «que el sistema funcione bien y se adapte a las necesidades del país, tanto tecnológicas como de empleo». Además, se debe intentar igualar la calidad de la educación en todo el territorio, ya que según el último informe PISA las diferencias son enormes entre la que mejor puntuación logra, Castilla y León, y la peor, Canarias. Y no es casualidad, pues la comunidad peninsular invierte más de 500 euros al año por alumno que el archipiélago.

 

Las ricas regiones industrializadas

Aquella expresión del café para todos con la que se intentaba describir la creación del estado de las autonomías no era precisa. Un claro ejemplo es la estructura económica, que varía mucho entre comunidades. Es el caso de las islas y Madrid, donde el sector preponderante es el de los servicios, mientras que en Navarra, País Vasco y La Rioja un tercio de la economía se sostiene en la industria.

Estos tres últimos territorios están entre los seis que tienen más renta per cápita que la media. Madrid lidera ese ránking y Baleares se sitúa séptimo. Canarias es penúltima. La diferencia entre las dos primeras comunidades y el archipiélago canario reside en el turismo que han potenciado. El de Canarias es de bajo coste y repercute en salarios precarios y elevada temporalidad. Por su lado, «Baleares es de las regiones más ricas porque se ha concebido un turismo de calidad con estrategias para atraer valor añadido», cuenta González.

Los servicios y la agricultura necesariamente no generan menos riqueza que la industria o la construcción. Todos los sectores pueden producir un fuerte crecimiento económico y empleos productivos de buena remuneración, pero si se apuesta porque estas actividades sean de alta gama.

De esa manera, la agricultura, la ganadería y la pesca tienen escasa presencia en comunidades como Cataluña o Madrid, pero son protagonistas en Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Navarra, donde el «sector agroalimentario es muy potente y crea gran valor añadido», comenta González, por ser innovador y contar con productos de primera calidad.

 
 
 
 

FUENTE: LARAZON