El plan de independencia unilateral admite problemas para pagar las nóminas

El plan económico de la propia Generalitat ante un proceso de independencia no pactada con el Estado admite serias dudas sobre su viabilidad inmediata. En un documento manuscrito intervenido por la Guardia Civil en el despacho del secretario de Hisenda, Lluís Salvadó, en los registros realizados el 20 de septiembre pasado, y que avanzó La Vanguardiael domingo, se destaca que ante un escenario de enfrentamiento con el Estado se ha de “analizar si podemos afrontar el primer pago de nóminas”, o sostener la liquidez más allá del mes de diciembre y garantizar “el funcionamiento básico de la administración catalana”. En el documento se analizan diversas propuestas, desde la emisión de bonos patrióticos o reforzar la recaudación de impuestos e, incluso, poner a salvo las cuentas del Govern con su traslado a París.

Fuentes de la Conselleria d’Economia que dirige Oriol Junqueras explicaron ayer que siempre los documentos de trabajo llevan membrete oficial. En este caso se trata de un manuscrito sin identificación ni firma. Sobre el posible autor, la Guardia Civil ha informado al juez que se encontró en un sobre que envió el director de Patrimoni de la Generalitat, Francesc Sutrias, a Salvadó. Fuentes de la conselleria descartaron hacer comentarios sobre un proceso que está siendo investigado por los jueces.

En el manuscrito se describen dos escenarios hipotéticos bautizados como de guerra y de guerrilla. En el primer escenario se especula sobre las medidas que tomaría el Gobierno contra la Generalitat y que esencialmente pasarían por “actuar vía Tribunal Constitucional (TC) contra los máximos responsables de las instituciones catalanas”, tomar el control de la autonomía y suspender los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de los anticipos a cuenta, pero garantizando el pago de las nóminas de los funcionarios, bloqueando las cuentas del Govern.

Una parte de esta hipótesis se ha cumplido puesto que desde mediados del mes pasado, las cuentas de la Generalitat están bloqueadas y es el Ministerio de Hacienda quien controla las finanzas autonómicas y atiende sus pagos.

Según se desprende del manuscrito ante esa situación, la Generalitat llevaría a cabo una serie de acciones como la activación en octubre del “cobro de los tributos (impuestos y cotizaciones) del sector público de la Generalitat (4.500 millones)”. Efectivamente en octubre se puso en marcha la prueba piloto para que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) recaude los impuestos de funcionarios públicos (unas 220.000) y los ingrese posteriormente al Estado, aunque hoy en día está lejos de conseguirlo. Fuentes de la conselleria dijeron que sólo 4 o 6 de las 180 empresas y organismos públicos pasan por la ATC de camino a la Hacienda española.

En relación con los 4.500 millones que detalla el manuscrito esa cantidad coincidiría con los cálculos aproximados que podría ingresar anualmente Catalunya en relación con el IRPF de sus funcionarios (unos 2.000 o 2.500 millones) más las cotizaciones sociales (2.000 millones más). En un estado independiente los 2.000-2.500 millones de impuestos sí que los podría recaudar la ATC pero los 2.000 millones de cotizaciones deberían ingresarse en una Seguridad Social de Catalunya que en la actualidad no existe ni tiene estructura alguna.

Otra de las propuestas que figuran es la de “activar un plan de ajuste de gasto del Gobierno catalán y atrasando los pagos a proveedores”. La Generalitat ha recortado el periodo de pago a proveedores de 72 a 28 días, aunque ahora al tener las cuentas intervenidas ya no tiene apenas capacidad de incidir en esta cuestión.

El manuscrito muestra también dos alternativas de financiación: cobrar impuestos de “todas las empresas”, con el presupuesto de que la ATC estaría operativa en noviembre. Además, las empresas que se han llevado la sede social y fiscal fuera de Catalunya tampoco ingresarían nada a la ATC ya que están bajo jurisdicción del fisco español. También el caso de independencia tras el traslado de sus sedes fiscales. Fuentes de la conselleria dijeron que en noviembre la Agència no podría estar preparada para asumir esa tarea. También se cita como “financiación alternativa” los “bonos patrióticos y otros”.

Las mismas fuentes señalaron que en el Departament nunca se ha planteado recurrir de nuevo a ese tipo de deuda. Los bonos patrióticos fueron populares en el 2010 cuando el conseller de Economia era el socialista Antoni Castells. El tipo al que se emitieron fue del 4,5% y el 5%. Sumada la comisión que percibieron los colocadores, el coste fue de un 6,75%, más del triple de lo que pagaba el Estado. Aquellas emisiones se amortizaron con el FLA.

Precisamente, otra de las propuestas del manuscrito es no pagar al Estado ni las amortizaciones ni los intereses del FLA. Tampoco se pagan ahora, puesto que las amortizaciones del FLA se cubren con nuevas emisiones del mismo fondo estatal. En cuanto al interés, está por debajo del 1%.

Por último, en el texto se plantea el objetivo de “trasladar cuentas a París” sin bien se reconoce que esa alternativa no se ha “viabilizado”.

El segundo escenario, guerrilla, destaca la advertencia de que la “capacidad de sostener tesorería (sería) hasta diciembre” y advierte que el “punto crítico” es en “julio del 2018”. En ese mes vence el acuerdo de tesorería que firmó el Govern con CaixaBank y BBVA y que contemplaba unas líneas de crédito por valor de 3.547 millones.

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) emitió ayer un comunicado en el que recordaba que “el Estado gestiona y recauda directamente el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades”. La ATC hizo esa aclaración en un comunicado en el que explicó: “Estos últimos días hemos recibido muchas consultas de usuarios que nos piden información sobre la posibilidad de pagar el IVA del tercer trimestre en la Agència Tributària de Catalunya (ATC) en lugar de en la Agencia Tributaria estatal”. La circular la firma Eudald Vigo, jefe del área de estrategia y relaciones externas. El comunicado datado en el día de ayer fue distribuido por la patronal Foment entre sus asociados, a los que además les recordaba las “responsabilidades” en que podían incurrir si pagaban los impuestos a una administración diferente a la correspondiente. El Ministerio de Hacienda se ha pronunciado en términos parecidos recientemente.