Los miembros de la trama Gürtel están a la gresca. La discrepancia, que ya se ha evidenciado en otras ocasiones, es ahora frontal y ha venido provocada por la quejas de algunos de los principales integrantes de la red por la actitud durante el juicio de uno de los tres magistrados del tribunal que les juzgó durante meses y que fue fotografiado relajado en exceso en alguna de las sesiones. Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’, no está de acuerdo con esta valoración y ha decidido presentar batalla con un contraescrito al que ha tenido acceso El Confidencial y la amenaza de una futura querella.
El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega se quejó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que el magistrado Julio de Diegono prestó durante la vista oral la atención debida, ya que permanecía en ocasiones con los ojos cerrados y aspecto de estar dormido. Incluso llegó a aportar instantáneas y un vídeo para demostrar lo que, en su opinión, evidenciaba un comportamiento «impropio» que —según decía— se extendió «a la práctica totalidad de las sesiones del juicio y habitualmente en los días que había sesión de tarde». En su opinión, eso afecta necesariamente a su valoración, importante, ya que el ponente inicial —el magistrado Ángel Hurtado— quedó desplazado de esa función por discrepancias en el criterio de sus dos compañeros. Su protesta contó con el apoyo de Francisco Correa y Pablo Crespo.
Pérez quiere averiguar quién grabó y anuncia que tiene intención de presentar una querella por desobediencia grave a la autoridad
Pérez, que fue absuelto en esta sentencia, no está de acuerdo.
Más allá de oponerse, ha decidido pasar a la confrontación directa y acusa a los denunciantes contra ‘el juez durmiente’ de haber llevado a cabo unas grabaciones ilegales para respaldar sus acusaciones. Además de dejar reflejada su oposición ante el CGPJ, ha pedido a la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que analice qué abogados acudieron a las cuatro sesiones del juicio en las que se hicieron las fotos y la toma de imágenes de Julio de Diego y se examine en qué asientos estaban sentados.
Quiere, así, averiguar quién grabó y anuncia que tiene intención de presentar una querella por desobediencia grave a la autoridad. Ante el órgano de gobierno de los jueces se presenta como parte interesada, ya que la decisión que se adopte le toca muy directamente y puede afectar a su «esfera jurídica». El abogado José Javier Vasallo precisa que su defendido fue asistido por él «en un tedioso plenario en sesiones muchas veces de mañana y tarde y que se alargó más del año previsto hasta finalización». «Tuvo resultado favorable al ser absuelto», concreta en el escrito.
Destaca que se está hablando de 162 sesiones de juicio oral y 18 meses de duración, por lo que es «intrascende e irrelevante» que se traigan a colación en esta queja unas grabaciones ilícitamente obtenidas sobre cuatro sesiones y que se prolongan escasos segundos. No se sabe, agrega, si las tomas del juez con aspecto de dormir se tomaron en algún receso o mientras se esperaba a la práctica de una prueba.
En su opinión, lo único que se persigue con esta acción ante el Consejo es determinar la nulidad de pleno derecho de las actuaciones de ese tribunal. «El fin es instrumentalizar al CGPJ utilizando la acción disciplinaria para utilizarla en la vía de casación y ante el Tribunal Supremo», dice y añade que el juez cuya actuación se pone en entredicho actuó con plena diligencia.
La Audiencia Nacional condenó al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión por liderar los primeros años de actividades de la red corrupta (1999-2005) y al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y cuatro meses de cárcel, además de 44 millones de multa. La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal impuso además al exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo 37 años de cárcel. Álvaro Pérez quedó absuelto.
