GONZALO BAREÑO

 

En una democracia como la española, a la que cumplidos ya los cuarenta podemos dejar de llamar joven, a mí me asombra la mansedumbre con la que los ciudadanos aceptamos lo que constituye una verdadera estafa democrática. Un engaño que todo el mundo parece considerar no solo admisible sino conveniente, pero que es un serio aviso de la mala salud que atraviesa en estos momentos nuestro sistema político. Un sistema que, como acabamos de descubrir con nostalgia tras la muerte temprana de Alfredo Pérez Rubalcaba, vivió sin duda tiempos mejores. Hace ya medio mes que los españoles fueron convocados a las urnas para elegir el Gobierno de la nación. Los ciudadanos decidieron, como han hecho en la mayoría de ocasiones, no otorgar la mayoría absoluta a ninguna fuerza. Una decisión que implica un mandato de diálogo, de negociación y pacto para conformar un Ejecutivo estable que aguante la legislatura.

 Pues bien, en lugar de estar asistiendo a lo que tocaría en esta situación, que es a unos pronunciamientos claros de los líderes de cada partido sobre sus preferencias a la hora de negociar esas mayorías con una u otra fuerza política, y sobre su fórmula predilecta de Gobierno, en minoría, en coalición bipartita o incluso tripartita, lo que ha sucedido es que el partido que ha ganado las elecciones, el único con posibilidades de gobernar, y también sus potenciales socios, (Unidas Podemos, nacionalistas e independentistas) se han puesto de acuerdo para parar el reloj democrático, burlando así el mandato de las urnas, y aplazar hasta después de las municipales, europeas y autonómicas esa negociación capital que supone que un partido dé la cara ante sus propios votantes. El objetivo del PSOE, claro está, es no decantarse públicamente antes del 26M por un aliado u otro, ni por una fórmula de Gobierno, no sea que haciendo eso se escape algún voto. Y también, esperar para comprobar si el puzle da para un trueque de cromos. Te cambio el apoyo en el Parlamento por la alcaldía de Barcelona o la vicepresidencia del Ejecutivo por el Gobierno de una comunidad autónoma.

Ese fraude de parar el tiempo político supone además un menosprecio a la figura del jefe del Estado, obligado a aplazar su deber constitucional de emprender una ronda de consultas para la formación de Gobierno hasta que el ganador de las generales tenga a bien activar de nuevo el reloj. Los españoles han votado para formar un Ejecutivo. Y tienen derecho, como siempre han tenido, a acudir a las autonómicas, europeas y municipales sabiendo con quién se alía en Madrid el partido al que apoyaron. Sánchez debe aclarar ya si habrá Ejecutivo de coalición con Podemos y si pactará o no su investidura con los independentistas.

Si ya había decidido de antemano que entre el 28A y el 26M solo habría un tiempo muerto y no se decidiría nada, ¿a que vino entonces separar ambos procesos en lugar de juntarlos en una misma fecha? Nos habríamos ahorrado dinero, la tortura de dos campañas en un mes y, sobre todo, la estafa de que nos oculten quién nos va a gobernar.