ÁNGEL MONTIEL

 

Mari Carmen Moreno está que muerde. Trabajaba de interina en un instituto de enseñanza en Águilas, localidad de la que hoy es alcaldesa, y cuando fue elegida para su primer cargo político, diputada regional, solicitó la ‘excedencia especial’ que se concede a todos los cargos electos o ejecutivos, que les permite tanto mantener la plaza como acumular los beneficios que habrían obtenido en ejercicio. Pero hace unos años la consejería de Educación le anunció que había perdido ese derecho. Y Moreno ha venido leyendo durante esta semana las noticias sobre el ‘caso Mario‘, el vicealcalde de Murcia que, mediante una treta legal, se ha hecho con una plaza interina en el hospital de Yecla para inmediatamente después regresar a sus cargos municipales, quedándole reservado el puesto profesional. Se pregunta la alcaldesa de Águilas cómo es posible que existan normas distintas para los interinos que solicitan una excedencia política según tengan nómina en Educación o en el SMS cuando las leyes que regulan la Función Pública no discriminan por departamentos funcionariales. Naturalmente, va a presentar una denuncia ante la consejería de Educación para que le aclaren los motivos por los que a Mario Gómez le corresponde un derecho que a ella le ha sido vetado.

Será por denuncias. Mario Gómez pretexta que nadie denunció en su día que hubiera acaparado la plaza de Yecla como uno de los datos que habrían de respaldar la justicia de su atribución. Por su parte, el consejero de Salud se salía el jueves por la tangente con el mismo argumento para evitar ofrecer la información que se le solicitaba acerca de las condiciones en que Gómez se hizo con la oferta del SMS: no hay denuncia, como si por no haberla en ese momento la opinión pública no mereciera una explicación.

Pues bien, ahí está ya, páginas adelante, la información sobre la denuncia de la persona a quien por méritos le hubiera correspondido el puesto profesional de Gómez y que fue desplazada debido a la oscura maniobra del primer teniente de alcalde de Murcia, quien se resiste a ofrecer a los ciudadanos el dato preciso acerca de la idoneidad de su currículo universitario. Lo extraño es que en esta elusión lo acompañe el consejero de Salud, un político que, como era previsible desde el principio, ha acreditado su buena imagen durante la crisis del coronavirus, pero podría estropear esa impresión si se deja conducir al lado oscuro y queda enredado en los trapicheos de los contratos de emergencia y en la falta de transparencia en la gestión de las bolsas de trabajo del área que le compete. A Villegas le corresponde aclarar el entuerto, pues si calla, otorga. Sería una pena que en la recta final en la que está, lo estropeara.