Adjudicaciones presuntamente irregulares para publicitar las bondades de las desaladoras que impulsó el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Comunidad Valenciana.

La investigación que en el último año ha dirigido en secreto el juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el socio mayoritario de la coalición Compromís, se extiende al PSOE por los contratos que fueron adjudicados al grupo Crespo Gomar, la agencia que supuestamente habría recaudado dinero negro procedente de empresas, en su mayoría constructoras.

Según apunta la información a la que ha tenido acceso ELMUNDO, una de las causas que ha sido derivada a Madrid incluye dos contratos publicitarios del Ministerio de Medio Ambiente adjudicados a través de Aguas del Júcar SA y AcuaMed.

Los dos contratos se adjudicaron entre 2005 y 2007, fechas en las que al frente del Ministerio estaba Cristina Narbona, en la actualidad presidenta del PSOE. En concreto, el operador integral de infraestructuras hidráulicas del Ministerio contrató a Crespo Gomar y otra empresa de su órbita, Miracasa, los servicios de comunicación de las plantas desaladoras de Dénia y Torrevieja.

Cada contrato ascendió a más de 200.000 euros y los servicios se habrían adjudicado sin respetar las normas de contratación del sector público. Al parecer, en la causa ya figura un informe de la Intervención General del Estado (IGE) que concluiría que los contratos se fraccionaron para adjudicarlos a dedo a los presuntos recaudadores del PSPV y Bloc.

Según fuentes conocedoras de la causa, los investigadores sospechan que el servicio se fraccionó con el claro objeto de vulnerar la ley de contratos del sector público y como contraprestación a la presunta red de falsificación de facturas para pagar actos electorales.

La sociedad Crespo Gomar tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antoni Gomar, uno de los concejales de confianza del ex alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, en la actualidad asesor del presidente Ximo Puig.

Por la plantilla de Crespo Gomar también pasó el ex jefe de gabinete de Orengo en Gandía, José Ramón Tiller, quien trabajó en la comunicación de las desaladoras de Dénia y Torrevieja. Tiller es el dirigente que eligieron los socialistas como gerente de Imelsa, la empresa pública de donde partió la presunta organización criminal que la Guardia Civil atribuye a Alfonso Rus, para limpiar la imagen de corrupción de la Diputación de Valencia.

En los contratos bajo sospecha, la investigación judicial ha detectado irregularidades en todos los expedientes adjudicados al grupo Crespo Gomar por el Gobierno de Zapatero, pero los peritos se han centrado en los que indiciariamente acumulan infracciones penales.

Según estas fuentes, algunos de esos contratos se adjudicaron pese a que la Administración tendría que haberlos declarados desiertos porque no reunían los requisitos marcados en el concurso público. Los dos contratos vinculados con el Ministerio de Medio Ambiente forman parte del paquete de adjudicaciones que la Intervención general ha identificado como fraudulentos.

La recaudación

Por el momento, se desconoce el volumen total de dinero que presuntamente recaudó esta agencia de comunicación, con sede en Gandía y Madrid, para hacer frente a las facturas electorales, según se desprende de la investigación policial.

Entre la documentación aportada por el PP en una Comisaría de Valencia, a mediados de 2016, aparecen dos recuadros con facturas que suman 499.468 euros y 696.000 euros, en total más de un millón de euros.

Según las facturas, la mayoría de ese dinero lo aportó la constructora valenciana Blauverd, quien también aparece en la cuenta publicitaria del Bloc. En el caso del PSPV, los ingresos eran mensuales, una especie de nómina que la agencia Crespo Gomar habría empleado para ir liquidando las deudas.

Sólo en el año 2006, Crespo Gomar facturó a Blauverd cada mes importes que oscilan entre los 60.000 y 25.000 euros por conceptos que se desconocen.

Ese dinero sirvió para desarrollar la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 del candidato socialista, Joan Ignasi Pla. Sólo en vestuario para su candidato, el PSPV gastó 4.190 euros, según recoge la documentación que ha investigado la Policía. Ayer, el secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, aseguró que si hay indicios de financiación ilegal en el seno del PSPV en la campaña electoral de 2007 Ferraz actuará: «Desde nuestra perspectiva, lo mismo nos da que estén prescritos o no, nosotros actuaremos con contundencia si ha lugar».

«Me han dicho que lo van a mirar absolutamente todo, están muy interesados y nosotros desde aquí tampoco nos vamos a desvincular de esta cuestión», agregó.

En esos años, José Luis Ábalos era concejal y presidente de la agrupación de la ciudad de Valencia pero ayer puntualizó que «no estaba en la dirección» del partido que liberaba Joan Ignasi Pla.

Mientras, Ximo Puig aseguró ayer que si en el futuro se demuestra que en el partido ha habido «alguna situación irregular, se asumirán las responsabilidades», y pidió que se «clarifique hasta el último de los detalles» sobre la supuesta financiación ilegal del partido. Cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm se han repartido la investigación. Las diligencias están abiertas por delito electoral, malversación y falsedad.

 

 

 

FUENTE: ELMUNDO