El final estaba escrito desde primera hora de la mañana. La abstención de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís en la votación de la nueva senda de déficit arruinaba la primera prueba relevante para el Gobierno de Pedro Sánchez, salvado el escollo de la renovación de RTVE. El Ejecutivo se llevaba su primer revolcón parlamentario, todo un preludio de su fragilidad, un baño de realidad menos de 60 días después de la moción de censura que condujo en volandas al secretario general socialista al palacio de la Moncloa. Los 84 escaños son demasiados pocos escaños, a un océano de inmensidad de la mayoría absoluta. O de la mayoría simple siquiera.

Los aliados teóricos de Sánchez, pues, le asestaron un durísimo golpe, tan elocuente y tan difícil de digerir que añade interrogantes a la estabilidad de la legislatura. El marco presupuestario elaborado por Hacienda y pactado con Bruselas, que concedía medio punto más de margen para 2019 —un total de 6.000 millones más de capacidad financiera, en su mayor parte para comunidades autónomas y Seguridad Social (2.400 millones para cada uno)— se estrelló este viernes en el Congreso de forma rotunda. El presidente necesitaba mayoría simple, más síes que noes. Solo recibió 88 votos a favor, los de PSOE y PNV, porque aunque Nueva Canarias anunció un «sí crítico», luego faltó a la hora de apretar el botón. Cosechó 173 votos en contra (PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Bildu y Coalición Canaria), y 86 abstenciones(Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís). Eso significa que el Ejecutivo volverá a llevar a las Cortes en un mes la misma senda y, si es de nuevo rechazada —o sea, si los grupos no «recapacitan»—, los Presupuestos se elaborarán con el diseño anterior, el aprobado por el PP, más restrictivo.

Cuando la titular de Hacienda, María Jesús Montero, subió a la tribuna de la Cámara Baja, ya sabía que su propuesta no saldría adelante, con una consecuencia inmediata: la senda de déficit para el periodo 2019-2021 no pasará al Senado, por lo que el Ejecutivo se queda sin la herramienta electoral de culpar al PP por impedir, con su mayoría absoluta allí, conceder más recursos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El revés, por tanto, se lo carga a la espalda el Ejecutivo, y por el abandono de sus aliados.

El Ejecutivo llevará a las Cortes en el plazo de un mes la misma senda de déficit y, si es de nuevo devuelta, hará los PGE sobre el diseño del PP

La ministra defendió el techo de gasto de 2019 (125.064 millones de euros) y la relajación de la senda fiscal como una «necesidad» que ha sido apreciada incluso por la propia Comisión Europea y que su rechazo solo inflige un «daño gratuito e insolidario» a los ciudadanos que los grupos «tendrán que explicar». Ese es el eje de la argumentación del Ejecutivo: que los partidos que hacen descarrilar el plan permitido incluso por Bruselas miren a los ojos a los españoles y les justifiquen «por qué están más preocupados por su ombligo» que por facilitar más recursos a comunidades y ayuntamientos. Recursos que se traducen, recordó, en más dinero para sanidad, educación, servicios públicos, pensionistas…

«Más austeros» que Europa

«Ponerse de perfil, abstenerse o no votar a favor es simplemente no reconocer estas necesidades que tenemos en este momento y no podemos permitir que los objetivos de estabilidad sigan siendo un corsé y no permitan eliminar los recortes«, esgrimió. Ser «más austeros que lo que propone Europa», seguir una «cuesta más empinada», negar la posibilidad de «transitar con una mayor comodidad» la reducción del déficit es la estrategia de quienes se instalan «en el cortoplacismo» y en la «política del resentimiento». «Nosotros tenemos un relato mejor, defender a los ciudadanos». Ahí estaba de nuevo la clave del paquete argumental del Gobierno. Los demás, deslizaba, actúan bien por interés partidista o bien por «pataleta» (en el caso del PP), por no continuar en un Gobierno que creía suyo. «Los ciudadanos no entenderán la posibilidad de que se les hurte poder recuperar derechos y mejoría de la calidad de vida», insistió. «Salgan a la calle y explíquenlo», abundó el portavoz socialista de Presupuestos, Javier Lasarte.

«Ponerse de perfil, abstenerse o no votar a favor es no reconocer estas necesidades. No podemos permitir que los objetivos sigan siendo un corsé»

El Gobierno, no obstante, no cederá. En el plazo de un mes, si se repite el revés parlamentario, se regresará a la senda anterior, mucho más restrictiva (cinco décimas menos: se volverá a un déficit para el conjunto de las Administraciones del -1,3%, y no del -1,8%), y se dispondrá a elaborar los Presupuestos de 2019, cuyo futuro es más que negro. El Ejecutivo, dijo Montero, seguirá «ilusionado en una misión», trabajando en iniciativas que puedan cambiar la realidad a los políticas. Continuará empeñado en articular una mayoría «ilusionante y plural», la misma que se fraguó en la moción de censura con el objetivo de hacer una política diferente a la del PP y de recuperar una «agenda social» que «dignifique» a los ciudadanos, que les proporcione «mayor bienestar» y que esté al servicio de los que «peor lo han pasado» durante la crisis.

Unidos Podemos aprovechó su turno de intervención para lanzar un ultimátum al Gobierno de cara a forzar una negociación que hasta el momento no ha tenido lugar. “Estamos dispuestos a ayudar, queremos discutir con ustedes y obtener respuestas”, aseguró desde la tribuna el diputado Txema Guijarro. El también secretario general del grupo confederal pidió al Ejecutivo que plantee una reforma de la ley de estabilidad o vuelva dentro de un mes al Congreso con unos nuevos objetivos. El mes de agosto podría ser crucial para que se acerquen posturas y el Ejecutivo, con una fuerte debilidad parlamentaria, pueda coger oxígeno de mano de sus aliados en la moción de censura para tratar de llevar la legislatura hasta su máximo legal en 2020.

«No vamos a comprar los recortes»

Guijarro puso el foco en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, sacada adelante en 2012 por Mariano Rajoy apoyándose en su mayoría absoluta, que criticó por abrir la senda de los recortes “plegándose a los intereses de los burócratas de Bruselas” y por “guardarse la llave del Senado” para tener esta Cámara capacidad de bloqueo. A la ministra de Economía, Nadia Calviño, le reprochó haber venido de Bruselas con noticias “destinadas a satisfacer al PP”. Por ello la abstención de Unidos Podemos, adelantada por este diario, es un primer aviso que pretende plantear al Gobierno dos alternativas: “Reformar la ley para salir del bloqueo del Senado”, como desean desde el grupo confederal, o “pactar con el custodio de la llave”.

Los aliados reprochan al Ejecutivo que no haya negociado lo suficiente y, en el caso de Podemos, que el techo de gasto, que no se votaba, sea bajo

El líder de IU, Alberto Garzón, redundó en la mano tendida al Gobierno, que tendrá teóricamente un mes —eso dice la ley de 2012— para reelaborar y negociar su propuesta desde esta primera votación. “Abordemos juntos una política económica que sea alternativa a la de PP y Cs. De esa manera seremos capaces de sacar adelante políticas que merezcan la pena”, animó dirigiéndose a Montero, y advirtiéndole: «No vamos a comprar los recortes”.

El diputado y economista también afeó a la titular de Hacienda que “este marco de techo de gasto no satisface las necesidades económicas del país y, por tanto, de las familias trabajadoras”. Recordó así que el techo de gasto de 2015 era más alto del que se propone ahora, con la paradoja de que la economía era menos rica: “La tarta crece y el gasto público se reduce”. De esta manera, criticó que se intente “hacer pensar que este techo de gasto es mejor”. El problema es que el límite de gasto no financiero, esos 125.064 millones de euros, no se sometía al escrutinio de sus señorías. Lo que se votaba (y se rechazó) era el cuadro de déficit y deuda del conjunto de las Administraciones para el trienio 2019-2021.

Los argumentos de ERC fueron similares. Joan Margall instó al Ejecutivo a presentar un marco «nuevo y más expansivo«, porque además el sometido al escrutinio de la Cámara «no responde a las necesidades de las Administraciones Públicas catalanas». El PDeCAT se quejaba de que no había habido una negociación real y reclamó «más modestia» al PSOE: «Cuando solo tienen 84 diputados de 350, lo que tiene que hacer en consensuar; cuando toma las decisiones de forma unilateral, le puede pasar lo que le ha pasado hoy a su Gobierno», lanzó el diputado Ferran Bel.

La ministra recordó a los grupos de izquierda que la política es «el arte de lo posible«, y el marco pactado con Bruselas es el que es, y Sánchez se comprometió a cumplir las exigencias de la Unión Europea. Es decir, que se han apurado los márgenes concedidos por la Comisión.

En el lado opuesto de la Cámara, PP y Ciudadanos, que advertían de que tras el acuerdo que se votaba este viernes se hallaba una subida de impuestos y un mayor gasto. Es «tramposo», decía el popular Jaime de Olano, porque el marco trae más gravámenes y un «hachazo fiscal» que conducirá a menos crecimiento, menos empleo y un «frenazo» a la recuperación económica. Una acusación contra la que se rebeló Montero, quien recordó que el Gobierno del PP no cumplió con los objetivos de estabilidad, por lo que el PP solo actúa desde el «resentimiento«. «Borrachera de gasto público», lo definió el parlamentario naranja Paco de la Torre. «Su discurso es indiferenciable del que ha hecho el PP», azuzó la ministra.

«Es incomprensible, ilógico y muy doloroso» el rechazo a la senda de consolidación fiscal para 2019, se lamentó desde la mesa del Consejo de Ministros la portavoz, Isabel Celaá, cargando también ella contra los grupos. Pero más allá del relato que el Ejecutivo empieza a tejer, está el resultado. Una derrota parlamentaria sin paliativos de un Gobierno que ha constatado que sus socios le han dejado en la cuneta menos de dos meses después de echar a andar.

 

 

 

FUENTE: ELCONFIDENCIAL