Los interventores de la Junta de Andalucía que han prestado declaración como testigos en el juicio de la pieza principal de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla han echado por tierra la tesis exculpatoria que han mantenido los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz que están siendo enjuiciados, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez.

En sus declaraciones, los 22 ex altos cargos enjuiciados por prevaricación y malversación han coincidido al tratar de eludir su responsabilidad en el reparto arbitrario y sin control de 850 millones de euros en ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis. Sin embargo, los interventores que han declarado esta semana en el juicio como testigos han apuntado en la dirección contraria.

Estos funcionarios de la Junta han resaltado el cúmulo de irregularidades que detectaron, año tras año, en el reparto de las ayudas sociolaborales, ya que se concedían a través de un sistema «opaco al control», que constituía un «fraude de ley». Y de todo ello alertaron a las Consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación.

Entre los 22 ex altos cargos enjuiciados por los ERE, el mayor número de enjuiciados (8) estuvo vinculado a la Consejería de Empleo: hay dos ex consejeros de Empleo: Antonio Fernández y José Antonio Viera; un ex viceconsejero, Agustín Barberá; dos ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez; y tres ex secretarios generales.

El interventor adjunto al interventor general Ignacio García Revilla ha declarado este miércoles en el juicio que desde este cuerpo de control se comunicó a Empleo que había «un fraude de ley», al estar dando subvenciones sin fiscalización previa pagadas por la agencia IDEA con transferencias de financiación.

Tres consejerías

La alerta «se repite año a año», según ha precisado este interventor, quien ha llegado a preguntarse «¿cuántas veces hay que decirlo?». Estas advertencias se incluían en los informes de Control Financiero Permanente de la agencia IDEA, que se enviaban a este ente, a la Consejería a la que estaba adscrito (Empleo hasta el 2004 e Innovación desde ese año) y a la de Hacienda (de la que dependía la Intervención).

Sin embargo, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, durante su declaración en el juicio, se ha declarado totalmente ajeno a las ayudas de los ERE. «Yo estaba con otros problemas y nunca, tajantemente nunca, he dado una orden» relacionada con ellos, dijo el pasado 6 de marzo cuando testificó en el juicio.

A pesar de que los interventores remitieron los informes con las irregularidades de los ERE a la Consejería de la que dependen, Hacienda, la consejera Magdalena Álvarez ha subrayado en el juicio que ella jamás tuvo control alguno sobre las ayudas de los ERE. «Es un error pensar que en la Consejería de Hacienda se controla todo», dijo categóricamente el pasado 26 de febrero.

Uno de los ex altos cargos que más salpicado se ha visto por las testificales de los interventores esta semana ha sido el ex presidente de la Junta y ex consejero de Hacienda Griñán. Este martes el interventor Ignacio García Revilla ha señalado que está «completamente de acuerdo» con que Griñán pudo parar el sistema usado por la Junta para dar y pagar las ayudas de los ERE, «incluso sin informe del interventor».

Las seis negativas

No obstante, en su declaración ante el tribunal el pasado 11 de abril, Griñán se esforzó en desvincularse por completo de los ERE. Durante las aproximadamente siete horas que duró su interrogatorio, insistió en que «nunca» negoció con el consejero de Empleo sobre la partida presupuestaria 31L de la que salían las ayudas sociolaborales; «nunca» despachó ni se reunió con el principal acusado de la trama el ex director general de Trabajo Javier Guerrero; «nunca» recibió ni conoció los quince informes de la Intervención que alertaban sobre las irregularidades; y «nunca» actuó porque el interventor no se lo pidió ni emitió el informe de actuación que le hubiera obligado a intervenir como consejero de Hacienda.

El interventor García Revilla no fue el único que ha testificado esta semana en el juicio de los ERE. Este lunes ha declarado la interventora Teresa Arrieta, quien ha explicado que la Dirección General de Trabajo «sabía» que estaba concediendo ayudas sin expediente de gasto sometido a fiscalización previa, un sistema que era «opaco al control».

Fuera del circuito

Para Arrieta, «las subvenciones se estaban concediendo fuera de todo circuito» ya que la Dirección General de Trabajo «en ningún momento somete a fiscalización de la Intervención un expediente de gasto de las subvenciones que concedía», pese a que «debe conocer sus obligaciones».

A preguntas del fiscal sobre si se pueden conceder como subvenciones excepcionales ayudas idénticas durante diez años, la testigo ha respondido que «poder se puede, no se debe, lo lógico hubiera sido una regulación», pero al no haberla sólo cabe considerarlas excepcionales, si bien éstas también tienen sus propios procedimientos y requisitos.

El ex director general Javier Guerrero, uno de los principales acusados del caso que ocupó el cargo entre 1999 y 2008, mantiene que el sistema para conceder y pagar las ayudas investigadas no lo montó él, lo hizo la Junta de Andalucía, y su «poder de decisión» era dar o no una ayuda «pero cómo darlas, no». En el juicio, sólo quiso responder a su abogado.

 

 

FUENTE: ELMUNDO