Ni la presión de la oposición, ni la de los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, ni su supuesto máster amañando en el mismo centro. Lo que ha precipitado la dimisión de Cristina Cifuentes ha sido un vídeo en el que se la veía entregando dos cremas antiarrugas robadas en un hipermercado, un hecho que ocurrió en 2011.

Cifuentes ya no es la presidenta de la Comunidad de Madrid, el PP mantiene la tesis de que más pronto que tarde dejará de ser la presidenta del Partido Popular de Madrid, pero ¿qué pasa con su escaño?

Cifuentes, que hizo de su mantra la frase “no me voy me quedo, me voy a quedar” asegurando que no debía dimitir, pues nada ilegal había hecho, puede que luche con uñas y dientes para mantenerse en su escaño como diputada autonómica en la Asamblea de Madrid. Solo así, mantendría su condición de aforada, una condición ventajosa en el caso en el que la popular tuviera que enfrentarse a cualquier responsabilidad judicial.

Mantener el escaño por el aforamiento

¿Qué implica a nivel legal que un político sea aforado? Que, en el caso de ser imputado, sea juzgado directamente por el Tribunal Supremo, si el político es a nivel nacional (por ejemplo, diputado en el Congreso o en el Senado); o por el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma correspondiente, si hablamos de un político autonómico.

En el caso de Cifuentes, de mantener su escaño y su aforamiento, si fuera imputada tendría que ser juzgada por el Tribunal Supremo de la Comunidad de Madrid.

El caso de la Cafetería de la Asamblea

Hay que recordar que Cifuentes ya estuvo a un paso de la imputación. Tal y como contó ElPlural, el 16 de mayo de 2017, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionó a Cristina Cifuentes con la presunta financiación ilegal del PP por un contrato adjudicado al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández.

El contrato era para la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid mientras que la misma Cifuentes era la vicepresidenta de la cámara autonómica.El auto de la UCO era contundente: pedían al juez Eloy Velasco, que por entonces llevaba la instrucción de la Trama Púnica, que imputara a Cifuentes por los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho por esta adjudicación. Y es que, tras conseguir el contrato, el empresario habría hecho una donación al PP de Madrid.

Fernández, también expresidente de la patronal madrileña y muy vinculado al PP de Madrid, ganó el concurso en 2009, 2011 y 2013. Cifuentes presidió la Mesa de Contratación en esas licitaciones. Por ello, la UCO creía que los concursos de los años 2009 y 2011 pudieron estar amañados.

Sin embargo, pese a que los indicios con los que trabajaba la UCO eran cuanto menos llamativos, el juez Velascorechazó la imputación de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid.

“De verdad alguien tiene alguna duda de que yo he podido cometer un hecho ilícito”, preguntó Cifuentes.

Un caso no cerrado, el nuevo juez se niega

Pero este caso que investiga irregularidades en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea no está cerrado. En medio del escándalo de su máster, el pasado 12 de abril, el juez que en la actualidad lleva caso Púnica, Manuel García Castellón, respondía a la petición de sobreseimiento que hizo la que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana-Sonsoles Recoder, y que adelantó este periódico.

Pedía que se cerrara la investigación del caso, pero el juez de Púnica se negó sobreseer la causa. La investigación y el futuro de Cifuentes y otros señalados sigue en el aire.

 

 

FUENTE: ELPLURAL