La decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de vetar la enmienda/treta del PSOE para quitar el veto del Senado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y allanar el camino de los Presupuestos ha abierto una situación de bloqueo inédita. La Mesa, donde tienen mayoría el PP y Ciudadanos gracias a un reparto de julio de 2016, se impone al pleno y a la comisión de Justicia, donde son mayoría los que quieren eliminar el veto del Senado. Al filibusterismo no se le ve el final. Unidos Podemos pide que el Gobierno presente igual sus Presupuestos sin tener aprobada la senda de estabilidad, pero en ese caso PP y Ciudadanos estudian volver a vetarlo. Como resume un letrado en las Cortes: «A una treta con la enmienda le ha seguido una cacicada en la Mesa».
Cuando la semana pasada el PSOE introdujo una enmienda a última hora en una ley contra la violencia de género para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los socialistas se mostraron eufóricos. «Estaba claro que eso salía de alguien de dentro del Congreso». Así era. La idea era de la directora general de Relaciones con las Cortes, Mercedes Cabrera —no confundir con su tía exministra—, que es letrada en Cortes con amplia experiencia. El cuerpo de letrados, solo unas decenas y en el que todos se conocen, es apreciado por su conocimiento para encontrar recovecos en el Congreso.
Cámara (PSOE): «Es insólito. La Mesa es un órgano de gobierno del Congreso que se rige por criterios de legalidad, no de oportunidad política»
La idea de tramitar una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en otra ley fue vista como un gol en su día, pero PP y Ciudadanos han recurrido al VAR de la Mesa, donde controlan los mandos. El lunes, en una tensa reunión, la Mesa decidió excluir de la comisión de Justicia esa enmienda. De forma que no podrá tratarla y tendrá que remitirse a la tramitación ordinaria de una proposición de ley que puede tardar meses.
Políticamente, el veto a los Presupuestos supone un duro revés para Sánchez y su plan para agotar la legislatura. Los socialistas que ven la botella medio lleno apuntan que ayuda a Sánchez a armar su relato si decide adelantar elecciones, aunque fuentes del partido dudan de que el presidente esté ahora mismo pensando en eso. El objetivo sigue siendo el de aguantar, llegar a las municipales y autonómicas —unas elecciones en teoría propicias para los socialistas— con el mando en Moncloa y si hace falta con los Presupuestos del PP prorrogados. Además, al compactar el bloque PP-Cs, también se afianza el de PSOE-Unidos Podemos.
Gloria Elizo, vicepresidenta de la Mesa (Unidos Podemos), explicó a la salida que no hubo forma de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidiera siquiera un informe a los letrados de la Cámara antes de tomar la decisión. El argumento de PP y Cs es que la ley de estabilidad no tiene conexión con la violencia de género. Eso es cierto, pero hay numerosos precedentes en los que el PP usó leyes que no tenían nada que ver para reformar otra cosa —como también es cierto que el PSOE lo criticó en la oposición y llevó algunos casos con éxito al Tribunal Constitucional—.
«Puedo recibir amenazas, pero a mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé a otros, pero a mí nunca me moverán», advirtió Ana Pastor. El PSOE fue un clamor contra ella, considerando que es una decisión sin precedentes. «Hoy, la Mesa del Congreso en manos de PP y Ciudadanos se ha comportado como la Mesa del Parlament en manos de los independentistas. Han usado su poder para negarles sus derechos a los diputados», señaló el diputado José Zaragoza, dirigente del grupo. Comparar a Pastor con Forcadell, presa por tramitar las leyes de desconexión ignorando a los letrados del Parlament, da idea del volumen de la gresca.
Gregorio Cámara, catedrático de Constitucional y diputado socialista, desgranó por teléfono por qué en su opinión el veto es insólito. «No existe precedente en la Cámara. La doctrina del Constitucional de la que habla tanto el PP fija que la Mesa es un órgano de gobierno del Congreso que se rige por criterios de legalidad, no de oportunidad política. La Mesa tiene un carácter técnico, de ordenación de los debates». Los socialistas habían buscado una vía alternativa al ver que su proposisión de ley dormía el sueño de los justos en la Mesa cuando se negó a tramitarla por urgencia. El resultado es que hay una mayoría del Congreso que quiere suprimir el veto del Senado —la semana pasada el pleno votó hacerlo por 181 votos a favor y 164 en contra—, pero en la vía extraordinaria no se puede tramitar y en la ordinaria PP y Ciudadanos pueden alargar el plazo de enmiendas hasta el infinito y más allá usando la Mesa. El juego de mayorías está quebrado porque quienes dominan esta votación en el Pleno la pierden en la Mesa y viceversa.
Políticamente, el veto permite a Pedro Sánchez ir armando su relato si decide adelantar elecciones
Ante el bloqueo, hay quien en el PSOE ya admite que sus Presupuestos van para largo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, admitió el domingo en ‘La Vanguardia’ que si no podían sacar adelante sus cuentas, se ceñirían a la senda de estabilidad aprobada por el Ejecutivo del PP: «No, haremos Presupuestos, con otra senda distinta, pero los haremos. Con una mejora que no estará en torno a 6.000 millones, sino a 1.000 millones, pero haremos otros. Aunque intentaremos hacer los que queremos».
Sus socios de Unidos Podemos consideran que sigue existiendo una vía para aprobar unos Presupuestos expansivos sin aprobar antes una senda de estabilidad acorde —y que sin duda el PP bloquearía en el Senado—. Consideran que se puede seguir adelante, que el Gobierno de Rajoy también incumplía plazos y previsiones y no pasaba nada. «El Gobierno ya está incumpliendo plazos para aprobar objetivos de déficit, deuda y estabilidad. No necesita aprobarlos. Que acuerde con nosotros un proyecto de Presupuestos expansivo y potente para beneficiar a la mayoría social y que se olvide de aprobar senda de gasto, que no es necesario», explicó Carlos Sánchez Mato, uno de los negociadores de IU.
La idea de estos es que lo importante ya no es la senda de estabilidad aprobada en España, si da unas décimas más o menos, sino lo pactado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, en Bruselas en julio, que suponía unos 6.000 millones más de gasto. Según estos, el Ejecutivo de Sánchez, si acuerda unos Presupuesos con Podemos —algo que cada vez se ve más factible—, debería mandarlos a la Cámara.
Podemos pide seguir adelante: «Que acuerde con nosotros unos Presupuestos expansivos y que se olvide de aprobar senda de gasto, no es necesaria»
El ciclo presupuestario se tiene que iniciar con la aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad (déficit y deuda) que conforman la estructura básica en la que tienen que encajar los Presupuestos. Así se ha hecho siempre, pero ¿qué pasa si el Gobierno no es capaz de aprobarlos? Ahí se disparan las dudas. Este es un camino que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro siempre evitó por las dudas legales que genera. De hecho, todos los años negoció el apoyo de la oposición y realizó importantes concesiones para evitar presentar los Presupuestos sin tener la senda de estabilidad aprobada. En 2016 cedió al PSOE una subida del salario mínimo del 8% para conseguir su apoyo, y en 2017 aceptó la rebaja del IRPF que exigía Ciudadanos.
Ahora, el Gobierno de Sánchez se va a saltar este paso previo y nadie sabe cómo acabará. La Ley de Estabilidad determina que el Gobierno tiene que presentar antes del fin de junio una nueva senda (fecha que se saltó). Si no consigue aprobarla, tiene un plazo máximo de un mes para presentar una nueva (límite que también se saltó), y estará obligado a repetirlo tantas veces sea necesario hasta lograr el consenso preciso. ¿Significa esto que no puede presentar los Presupuestos hasta conseguirlo? El Gobierno considera que no tiene ningún impedimento, ya que la senda de estabilidad se determina para tres años, por lo que seguiría vigente la del año anterior, pero la oposición no lo tiene tan claro.
“Es un tema tremendamente dudoso”, explican fuentes de Ciudadanos, “también los letrados del Congreso tienen muchas dudas, ¿qué calendario tendría que darle la Mesa a los Presupuestos si la senda de estabilidad está pendiente de aprobación?”. Esto es: ¿sería necesario que la Mesa del Congreso paralizase la tramitación de los PGE hasta que esté lista la nueva senda de estabilidad? Las dudas son razonables y es la última bala en la recámara que se guardan PP y Ciudadanos para retrasar la tramitación de las cuentas públicas de 2019.
