El partido de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y ahora prófugo de la justicia en Waterloo (Bélgica), cree que las listas de espera sanitarias «son una distracción». Junts per Catalunya (JxCAT) asegura que «no es esencial si los pacientes esperan 82 o 85 días» para operarse en un hospital, sino que lo crucial es conseguir la independencia.
En una entrevista en El Matí de Radio 4 en esta emisora, Eduard Pujol, portavoz parlamentario de la coalición independentista que gobierna la Generalitat con Quim Torra al frente lamentó ayer que «a veces nos distraemos con lo que no es esencial, que si 85 días en la lista de espera, que si debería ser 82, que no, que con otro Govern podrían ser de 75″. El locutor interrumpió al diputado en la cámara catalana, recordándole que las demoras hospitalarias «preocupan a la gente». Contestó Pujol que «si, efectivamente preocupa, pero nos estamos quedando en las migajas. Y debemos ir a la resolución real del problema». Esa solución sería, según el electo, acabar con el «estrangulamiento al que somete el Estado a Cataluña». En otras palabras, la independencia.
Huelga de médicos
Las polémicas palabras de Pujol llegan en plena huelga de médicos y personal de los ambulatorios catalanes. Los facultativos, pediatras, enfermeros, técnicos de enfermería, oftalmólogos, pediatras, celadores, trabajadores sociales, administrativos y el resto de plantillas paran hoy miércoles por tercera jornada consecutiva en defensa de la recuperación de los galenos perdidos durante los recortes de profesionales (920 en total) acometidos por la antigua CiU, hoy PDeCAT, entre 2010 y 2015. Asimismo, los profesionales exigen un límite diario de pacientes y un periodo mínimo de consulta de doce minutos por visita para dar una atención de calidad a los pacientes, amén de un incremento presupuestario para este nivel asistencial. Ahora se inyecta un 16,5% del total, y quieren subir esa cifra al 25%, en línea con las recomendaciones de la Organizaciñon Mundial de la Salud(OMS).
No obstante, el Departamento catalán de Salud ha sido hasta ahora incapaz de dar salida a esas demandas. La Consejería que dirige Laura Pelay –la titular, Alba Vergés, está de baja maternal– ofrece solo que los médicos de familia y pediatras puedan hacer horas extra «voluntarias y remuneradas». Con ello busca descongestionar los centros de atención primaria (CAP) más saturados. Asimismo, Salud propuso ayer hacer una suerte de inventario de los ambulatorios con más presión asistencial. Todo ello no ha satisfecho a los huelguistas, que piden más medidas de urgencia para garantizar la viabilidad del sistema sanitario público.
Culpa ‘de España’
La torpe respuesta de la Consejería catalana de Salud a la huelga de médicos y personal de atención primaria ha ido acompañado de algunas declaraciones polémicas de Junts per Catalunya, el partido de Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. El propio Pujol, antes de tildar de «distracción» las listas de espera, culpó al Gobierno de la protesta de los facultativos en la autonomía. «Por ello hay algunos que queremos hacer república», argumentó el diputado. El electo aseguró que se «solidarizaba con los médicos», pero se defendió alegando que el problema «no es fruto de una decisión del Govern, sino de una larga historia». Según él, «entendemos que el marco competencial actual no nos permite la resolución de este conflicto, que se ha enquistado paulatinamente». En otras palabras, su solución a los paros de los galenos era, de nuevo, la independencia.
En el terreno hospitalario y pese a las palabras de Eduard Pujol de ayer, laslistas de espera en Cataluña no han mejorado. En el último corte realizado por el Departamento en julio se detectó un aumento de las demoras hospitalarias por el fin del dinero del plan de choque que implementó la Consejería en 2017. Ante ello, la asociación El Defensor del Paciente interpuso una querella penal contra el president Quim Torra y la consejera de Salud, Alba Vergés, el pasado 16 de noviembre. La entidad de apoyo al paciente argumenta que los dos cargos políticos podrían estar cometiendo tipos penales de omisón del deber de socorro y de denegación de auxilio por las largas listas para operarse o someterse a una prueba diagnóstica en la región. Consciente del poco recorrido de la denuncia penal, la oenegé subrayó que su escrito buscaba denunciar las «intolerables» esperas en la región.
