La intervención general de la administración del estado deniega por segundo año consecutivo la auditoría a la confederación hidrográfica del tajo. la sociedad no tiene un correcto control sobre la titularidad de sus bienes, las obras que realiza o los inmuebles que cede.

 
Los estados contables de la sociedad encargada de gestionar el río más largo de la Península Ibérica, la Confederación Hidrográfica del Tajo, son un reguero de incertidumbre. Por segundo año consecutivo, la Intervención General de la Administración del Estado ha denegado su informe de auditoría al verse incapaz de formarse una imagen fiel acerca de lo que pasa en esta empresa ahora dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que gestiona activos por más de 400 millones de euros.

La confederación cerró el ejercicio 2016, al que se refiere la última de las auditorías denegadas, con un patrimonio neto de 287 millones de euros, unas pérdidas de 6 millones y unos ingresos de 51 millones, de los que 40 millones corresponden a tasas.

Incógnitas

Detrás de estas cifras hay demasiadas incógnitas, según los auditores del Estado. En primer lugar, la empresa viene realizando desde 2012 un inventario de sus activos, infraestructuras y terrenos en el que sigue sin haber una metodología clara de la titularidad de los bienes, las expropiaciones realizadas o las inscripciones catastrales. La encargada de hacer esta labor es la empresa, también estatal, Tragsa.

En segundo lugar, la confederación ha venido apuntándose en su contabilidad infraestructuras que ha ido entregando de forma gratuita a comunidades autónomas. Ésta es una forma «habitual» de funcionar en la confederación, lamentan los auditores, sin que el área económica esté al tanto de lo que sucede, hasta el punto de que «no es posible determinar en cada momento qué bienes deben permanecer en el activo y cuáles darse de baja». Esta circunstancia «constituye un grave problema de control interno y hace imposible determinar su importe en cada momento».

En tercer lugar, la confederación ha ido dando de alta los proyectos en los que decide trabajar, al margen de si las obras se llevan finalmente a cabo o no. «Esta práctica supone que el inmovilizado esté sobrevalorado, siendo imposible determinar en qué cuantía».

Hay, además, otras «deficiencias de control interno», entre ellas la referida a los inmuebles que la confederación tiene cedidos a trabajadores y «otras personas» tanto «físicas como jurídicas». El inventario sobre estos inmuebles no está actualizado.

La sociedad tampoco ha aportado a los auditores la metodología y los cálculos con los que ha constituido una provisión a largo plazo para responsabilidades valorada en 5,23 millones de euros.

Por último, tampoco ha sido posible comprobar la correcta liquidación del importe que la confederación debe recibir por el conocido como canon hidráulico.

Este canon, creado para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico, se aplica sobre la producción de energía en las centrales hidráulicas. El 98% se destina al Tesoro para evitar la aparición del déficit de tarifa del sistema eléctrico, mientras que el 2% se destina a los gestores de las cuencas. De los 22,9 millones ingresados en 2016 por el canon en las presas del Tajo, la confederación se apuntó un ingreso de 458.112 euros.

La Intervención del Estado cita otros 14 puntos pendientes de pulir en las cuentas del gestor de la cuenca, ninguno de ellos de la gravedad de las anteriores.

La empresa estatal estaba presidida en el ejercicio cuyas cuentas han quedado denegadas por Miguel Antolín, que fue destituido a finales del año pasado. Le sustituyó Juan Carlos de Cea Azañedo, que no ha llegado al año en el cargo debido al cambio de Gobierno.

El nuevo Ministerio de Transición Económica ha designado como nuevo presidente de la empresa a Antonio Yáñez Cidad, hasta ahora responsable del departamento de calidad del agua de la propia empresa.

55.600 kilómetros

La Confederación del Tajo se encarga de lo que ocurre en los 55.600 kilómetros del río y de sus afluentes. Esta longitud es mayor a los 40.000 kilómetros de la circunferencia terrestre por el ecuador.

La red fluvial está repartida por cuatro comunidades autónomas, que son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura. En las cercanías de sus ríos viven seis millones de personas y se asientan cuatro capitales: Toledo, Guadalajara, Cáceres y la de España, Madrid, cuyo río, el Manzanares, es afluente del Jarama, que a su vez desemboca en el Tajo.

De la confederación depende desde la planificación hidrológica hasta la gestión de residuos, la protección del dominio público hidráulico, las concesiones de derechos de uso privativo del agua, el control de calidad del ésta o el proyecto y ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas.

Financiación

La empresa emplea a más de 500 personas y tiene varias fuentes de financiación. Una de ellas son los fondos del Ministerio de Agricultura, ahora integrado en el de Transición Ecológica, de los que no recibió ningún importe en 2016.

La mayor parte de los ingresos proceden de cánones, entre ellos los de dominio público, vertidos públicos y actividad industrial. Obtiene tasas de actividades como la inspección de obras y tarifas por el uso del agua. También se financia con las sanciones que se aplican por irregularidades en el uso de los ríos.

Su última fuente de financiación corresponde a los recursos que le llegan de la Confederación del Segura por las infraestructuras de trasvase que conectan ambas cuencas.

 

 

FUENTE: EXPANSION