Las asociaciones judiciales han expresado este lunes su respeto por la figura del magistrado Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el alto tribunal en sustitución de Carlos Lesmes. Sin embargo, los colectivos han rechazado en términos muy duros que su nombre, pactado entre el PP y el PSOE, haya visto la luz sin que se haya cerrado la composición de los 20 vocales que renovarán el órgano de gobierno de los jueces y que, según la ley, son los que, en teoría, tienen que elegir al presidente en la sesión constitutiva. Este hecho supone, según ellos, la demostración gráfica de la politización del órgano constitucional llamado a defender la independencia de los 5.500 jueces y magistrados españoles.
“Es un mal inicio, que en nada contribuye a mejorar la imagen de la Justicia”, señala Ignacio González Vega, presidente de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), asociación de signo progresista. “Al presidente del Consejo lo nombran los vocales, no los responsables políticos”, señala este portavoz. “Sin perjuicio de reconocer la indiscutible valía profesional del señor Marchena, nuestra opción como presidente del Consejo y del Supremo era una mujer progresista”, añade. Fuentes judiciales apuntan que la candidata preferida por esta asociación era la magistrada Ana Ferrer, también de la Sala de lo Penal del Supremo.
Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria abunda en la misma idea: “Nos parece vergonzoso que sin saber quiénes son los vocales, y cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que son ellos los que eligen al presidente, se sepa quién va a ser ya: es como saber de antemano el número de lotería que va a tocar”. Y añade: “¿Cómo se puede pensar que van a ser independientes unos vocales que se han obligado y tienen sometidos sus cargos a votar a una determinada persona? Poca independencia se deduce de eso”.
Aproximadamente el 55% de los jueces españoles pertenece a alguna asociación profesional. De los 20 vocales que deben elegir el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos, 12 corresponden al llamado turno judicial y los otros ocho a juristas de reconocida competencia. El artículo 578.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, a la hora de renovar el Consejo, las Cámaras “tomarán en consideración” el “número existente” de jueces y magistrados no afiliados y de afiliados a cada una de las asociaciones. Prado ve llamativo que Juezas y Jueces para la Democracia vaya a obtener más vocales en el Consejo que su asociación cuando a 30 de septiembre de 2017 —último dato disponible— tiene menos afiliados. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y considerada conservadora, tiene 1.328 miembros; la Francisco de Vitoria, 797; JJPD, 523 y el Foro Judicial Independiente, 324.
“Que se conozca la figura del presidente antes de que se produzca su nombramiento de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestra que el sistema falla, es algo que no debería suceder”, afirma Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y considerada de signo conservador. La asociación defiende volver al sistema anterior a 1985 y que sean los jueces quienes elijan directamente a los 12 vocales judiciales del Consejo.
Pese a la disfunción provocada por la intervención política, la APM considera a Marchena un candidato idóneo. “Tiene un prestigio indiscutible y una autoridad científica fuera de toda duda, se ha distinguido por su defensa de la democracia y por sus contribuciones doctrinales y jurisprudenciales en la lucha contra el terrorismo. Es alguien absolutamente reconocido, no tenemos nada que criticar en ese aspecto”, afirma Rodríguez Padrón.
Marchena recibió el 30 de octubre la insignia de Caballero de la Legión de Honor —una de las máximas distinciones de la República Francesa— por su intervención en la lucha contra el terrorismo. El embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, calificó a Marchena como “un recurso esencial en las últimas reformas de la ley de enjuiciamiento criminal francesa”.
Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente, minoritaria, pero la de más crecimiento en los últimos años, señala, entre juicio y juicio lo siguiente: “Lo que pasó la semana pasada en el Supremo con la sentencia de las hipotecas o que se sepa el nombre del presidente del Consejo antes de que los vocales lo elijan, lo único que pone de manifiesto es que la elección está politizada, que es lo que dice el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que nos coloca detrás de Polonia en materia de independencia judicial”.
Fuera del Poder Judicial, Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el ministerio público, afirma que Marchena es “un buen profesional, como muchos de los que han sonado para el cargo”, pero no entra a valorar la supuesta manipulación del mecanismo de nombramiento. No obstante, matiza: “Si la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sigue adelante y volvemos a un Consejo colegiado con las facultades del presidente más limitadas, no será tan determinante como lo fue Lesmes, que tenía un poder omnímodo. Será una figura importante, pero quedará más diluida que en la anterior etapa”.
