Una organización criminal con colaboradores. Así de clara ha sido la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en su informe al Supremo sobre el estado de la causa en la que investiga al Govern catalán depuesto por delitos de rebelión y sedición, y en el que apunta que se debe investigar al conjunto de personas que pertenecían o cooperaban con «la trama» que describe en la elaboración de las leyes que sirvieron de sustento al referéndum del 1-O y debían servir de base a la república independiente.
La magistrada no ofrece identidades en su escrito, pero los datos recabados por el Juzgado 13 de Barcelona, que lleva meses buceando en las entrañas de la creación de las estructuras de la Cataluña independiente, arrojan indicios de la cooperación en estas y en otras normas de profesores, economistas y jueces que ayudaron en distintos niveles a montar los andamios legales de la secesión.
En un primer nivel se encuentran el juez Santiago Vidal, encargado de redactar la Constitución catalana y que, según los documentos incautados en los registros de su despacho, también contribuyó en las dos leyes reseñadas. Las conclusiones extraídas por la Guardia Civil en sus informes aseguran que participó «de forma directa» en la creación, desarrollo y puesta en marcha tanto de estas como de la nueva Agencia Tributaria catalana.
Los datos del sumario también apuntan a Carles Viver Pi-Sunyer, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional y que fue designado en 2013 para presidir el Comisionado para la Transición Nacional de Cataluña. Conversaciones intervenidas desvelan que era consciente de los riesgos de su papel de asesor y comentó por teléfono que le tenían «en el disparadero» y le habían avisado de que tenía «una querella encima».
Los agentes destacan respecto a él que es «uno de los más evidentes ideólogos del proceso hacia la independencia» y contribuyó gracias a sus conocimientos y experiencia en la redacción de la Ley de Transitoriedad, además de contribuir a la puesta en marcha de las estructuras del Estado catalán. Tanto Vidal como Viver están imputados en el procedimiento que dirige el juez José Antonio Sunyer.
Otros expertos también colaboraron presuntamente en la elaboración. En su ordenador, la Guardia Civil encontró un informe con sugerencias para la Ley de Transitoriedad Jurídica que incluye correcciones al texto señaladas en rojo del exmagistrado y profesor asociado de Derecho Civil de la URV Fruitós Richarte y otros. En las conclusiones de ese borrador corregido del texto que aprobó el Parlament y fue declarado inconstitucional por el TC, este agradece su colaboración a los compañeros del grupo Constituïm, compuesto por 17 personas, entre ellas miembros de la ANC, y el grupo de juristas, economistas y profesionales de constitució.cat.
Entre la información que manejan los investigadores a la que ha tenido acceso El Confidencial, se encuentran varios correos incautados en los que se evidencia la contribución de varios profesores universitarios a un nivel inferior. La directora de Análisis Económico de la Generalitat, Natalia Mas, y Elsa Artadi, ahora encargada de la campaña electoral de Puigdemont y Junts pel Catalunya, reclamaron su ayuda para contestar a las preguntas de una de las aliadas internacionales del ‘procés’, Ana Stanic, abogada eslovena residente en Londres, desde donde dirige la firma internacional E&A Law Limited.
Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra
Los ‘emails’ incautados demuestran que cargos del Govern recurrían a docentes de la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra como asesores y pedían su «cooperación urgente» para contestar a las preguntas de la letrada experta en derechos fundamentales sobre los Mossos d’ Esquadra, los incumplimientos presupuestarios del Gobierno central o el tratamiento fiscal a Cataluña. Entre ellos, la catedrática de la Universidad de Barcelona y experta en Economía Política Nuria Bosch; el exdiputado del PSC y catedrático de Economía Germà Bel, y el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Oriol Amat.
Stanic empleó previsiblemente la información suministrada para su estudio titulado ‘Catalunya, voluntad popular y Estado’. En la presentación de este informe, en el que colaboraron otros juristas internacionales, enfatizó que «la represión» contra el referéndum socavaba «la posición española» y dijo que es obligación del Estado negociar tras el resultado.
En los registros se localizaron correos electrónicos que salpican a otras personas, como el director del Programa para la Organización y Modernización del Sistema Tributario de la Generalitat, Jordi Boixareu, que intervino en la redacción de leyes menores como la destinada a adaptar las funciones de la Dirección General de Tráfico a la república. En los correos realiza comentarios sobre los artículos sobre el fichero de vehículos y el padrón.
También aparece el profesor de Ciencias Políticas de la UPF Jaume López, que colaboró con el juez Vidal en la elaboración de datos sobre el proceso constituyente que debía iniciarse tras el 1-O que quedaron volcados en un documento, también incautado, con el título ‘De la consulta a la Constitución: el periodo constituyente’.
