El Gobierno andaluz repartió durante una década el conocido como botín de los ERE, los 741 millones de euros de los que se beneficiaron trabajadores de empresas en crisis, de espaldas a su gabinete jurídico. Es lo que se desprende de lo que declaró ayer en el juicio el máximo responsable de este departamento de la Junta entre 1982 y 2012, Francisco del Río Muñoz, quien sostuvo que «nunca» le pidieron informes jurídicos sobre este asunto, a pesar de que en algunos casos sí tenían que habérselos solicitado.

El ex jefe del gabinete jurídico es uno de los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz que se sientan en el banquillo acusados de prevaricación y malversación en el juicio de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla. Entre los enjuiciados están también los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez.

Es la primera vez que el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, habla sobre los ERE. Durante la fase de instrucción, se acogió a su derecho a no declarar cuando la juez Mercedes Alaya lo citó.

«No, nada, nunca», respondió Del Río al fiscal cuando éste le preguntó si pidieron al gabinete jurídico informes sobre las ayudas concedidas a Hijos de Andrés Molina o a la empresa Jerez Industrial. También sostuvo que no conoció los reparos de la Intervención a la primera de estas subvenciones.

Tan ajeno a los ERE estaba el máximo responsable del gabinete jurídico de la Junta durante treinta años que ni siquiera conocía, según declaró en el juicio, el convenio marco del año 2001 entre la Consejería de Empleo y el ente público IFA que firmaron los acusados Antonio Fernández y José Antonio Viera que da origen al ‘fondo de reptiles’ y al reparto arbitrario de las ayudas.

Tampoco supo nada de este documento, según su versión, en las reuniones a las que tuvo que asistir como miembro del consejo rector del IFA luego reconvertido en la Agencia IDEA, la caja pagadora de los ERE. Del Río afirmó que tan sólo acudió al 50% de las reuniones a las que estaba convocado y que no estuvo presente el día que se presentó el convenio marco del año 2001.

Precisó que en los consejos rectores a los que asistió se aprobaron «cuatro o cinco» convenios para el pago de ayudas sociolaborales de los ERE, pero en ninguno de ellos «se hacía referencia al convenio marco» del que emanaban, acuerdo que «no había leído» hasta que estalló el caso.

La concesión de las ayudas sociolaborales de los ERE también se hizo de espaldas al gabinete jurídico porque habría sido «preceptivo» que este departamento informara sobre una hipotética orden reguladora que nunca salió adelante, a pesar de que hubo varios intentos.

Del Río ha reconocido que la regulación de las subvenciones que salieron del conocido como ‘fondo de reptiles’, la partida 31L, pasó por varios ‘consejillos’ de viceconsejeros de los que él formaba parte para ofrecer «asesoramiento verbal». Sin embargo, nunca se aprobó.

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELMUNDO