Agentes de la Guardia Civil han terminado los registros en los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt en los que buscaban documentación relacionada con una presunta trama delictiva en la gestión del agua durante el mandato de Carles Puigdemont como alcalde de Girona, entre 2011 y 2016. La operación se enmarca en la investigación que la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 2 de Girona tienen abierta por la «distracción de fondos» en los tres consistorios, que se habrían destinado, entre otras cuestiones, a la compra de la colección artística de Rafael Santos Torroella por 3,9 millones de euros. La adquisición de las obras de arte, no exenta de polémica, fue aprobada en 2014 por el pleno del ayuntamiento de Girona en una ajustada votación, gracias al voto de calidad del entonces regidor, Puigdemont.
Los investigadores han solicitado que los funcionarios les entreguen toda la documentación sobre la compra del fondo Santos Torroella: facturas, justificantes, acuerdos con la viuda del intelectual catalán, precontratos… Además, la Guardia Civil ha pedido los presupuestos de los años 2013, 2014 y 2015, los decretos de la alcaldía por los que fueron aprobados y todas las operaciones relativas al servicio público de agua que presta la empresa Agissa. La misma documentación está siendo requerida a los funcionarios de los ayuntamientos de Salt y Sarrià de Ter, donde era alcalde el actual president del Parlament, Roger Torrent.
Del resultado de esas pruebas que se están recabando dependerá, según fuentes del caso, que el juzgado número 2 de Girona declare como investigados a Puigdemont y Torrent por supuestos delitos de malversación o apropiación indebida.
Dos posibles delitos
Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la Fiscalía considera acreditado que «existen elementos de incriminación» para considerar que aquella compra se hizo «con cargo bien a fondos municipales, o bien a fondos de Agissa», la sociedad de capital mixto (80% privado, de Girona SA y 20% público) que gestiona el agua en Girona, Salt y Sarrià de Ter, cuando ese dinero debía dedicarse al saneamiento y cuidado del circuito que da suministro a los vecinos.
En el primer caso, si las obras de arte se hubieran pagado con dinero público, Anticorrupción atribuye a los responsables de la compra, con Puigdemont al frente, un delito de malversación de caudales de los presupuestos municipales del ejercicio de 2014. De otro lado, si la transacción se llevó a cabo con fondos de Agissa, los investigadores consideran que habrían cometido un delito de apropiación indebida. La Guardia Civil estrecha el cerco sobre Puigdemont y acorrala también al actual president del Parlament, Roger Torrent, que era alcalde de Sarrià de Ter cuando se cometieron las presuntas irregularidades.
El origen: una denuncia de la CUP
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la CUP en 2015 ante la Fiscalía contra el que fuera hasta 2016 consejero delegado de Agissa Narcís Piferrer, por un delito continuado de administración desleal. La denuncia indicaba que Piferrer benefició supuestamente a la parte privada de Agissa, la sociedad Girona SA, que controla el 80% de la empresa mixta con su gestión. Además, la CUP cree que el investigado incurrió en «facturaciones irregulares y autofacturaciones para enriquecer a Girona SA a costa de Agissa».
La Guardia Civil ya efectuó varios registros el pasado 19 de septiembre en la sede de Agissa, en los domicilios y despachos de algunos de sus responsables y requirió documentación para el caso al ayuntamiento de Girona, en el marco de la operación Aquarium. Las pruebas recabadas en aquella primera fase encauzaron la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Girona, que ahora se centra en quienes presuntamente saquearon Agissa, causando, según los investigadores, no solo un «enriquecimiento ilícito» para sus administradores, sino también un «grave perjuicio económico» para los ciudadanos, que «pagaron más por el servicio del agua como consecuencia de su mala gestión».
