El presidente, a sus anchas. La única luz de alarma para López Miras es la naranja, la de Ciudadanos, por si el giro al centro de mamá Arrimadas va de verdad y se deciden a poner en marcha en la Región una experiencia piloto de pacto con los socialistas, pero estos no viven su mejor momento

 

No sé si alguien se ha dado cuenta de que el PP, que gobierna la Comunidad autónoma, tiene en este momento a dos de sus expresidentes, ambos lo fueron de Gobierno y de partido, imputados en casos de presunta corrupción. Uno de ellos, Valcárcel, sigue siendo presidente de honor de los populares, y el otro, Pedro Antonio Sánchez, es el mentor e íntimo amigo confesado del actual presidente, Fernando López Miras.

Es curioso que el socio de Gobierno, Ciudadanos, no haya rechistado al respecto en lo relativo a Valcárcel, quien teóricamente en este momento no podría ser militante del PP y menos, por tanto, presidente de honor, según el esquema lógico que en su día aplicaron los naranjas al exalcalde Miguel Ángel Cámara, a quien hicieron dimitir de la secretaría general del PP como condición para investir en la Asamblea a Pedro Antonio Sánchez. El listón para la regeneración democrática ha ido perdiendo altura para quienes lo elevaron como bandera.

Concursos y decretos. El fragor de la actualidad tiende a enterrar estas circunstancias, hasta el punto de que la noticia de la imputación de Valcárcel ha aparecido poco menos que en lo que llamamos ‘un breve’. Pero ese telón de fondo sigue estando ahí, y gravita sobre la consistencia y la credibilidad del Gobierno. Éste se ha personado en el caso desaladora, un gesto formalmente inevitable, pues la Comunidad autónoma es parte perjudicada, pero a la vez se quiere transmitir una impresión: el responsable de todos aquellos líos debió ser el exconsejero Antonio Cerdá, hace tiempo amortizado, y a los demás, que los registren.

Pero hay que recordar que los actuales gestores no estaban aprendiendo a tocar la flauta cuando en la anterior legislatura defendían la gestión de la Comunidad en ese capítulo a capa y espada en la comisión de instigación parlamentaria que promovió Ciudadanos. En pocos meses el actual staff dirigente ha pasado de defender como partido la gestión de la desaladora de Escombreras a protagonizar la acusación formal como institución pública. Una esquizofrenia política difícil de encajar, a no ser que pretendan trucar la personación judicial en instrumento para la defensa como ya hizo el PP, en otro contexto, en el caso Bárcenas.

La Administración de López Miras propiamente dicha no está tocada por casos de corrupción, cosa que tampoco es necesario celebrar como si fuera un mérito, aunque se trate junto a la de Alberto Garre, de una excepción, pero hay constantes e inquietantes síntomas de que en la gestión administrativa y política se acude a recursos de una cierta sofisticación que apenas logran ocultar el murcianismo de amiguetes en que durante tantos años se ha venido desenvolviendo la Administración autonómica en esta Región.

Ahí están los concursos públicos (los del Servicio Murciano de Salud o el de la televisión autonómica), en los que más allá de las habituales polémicas entre concurrentes, se observan más que indicios de favoritismo, así como la no invisible mano de ciertos conseguidores.

Ahí tienen la penúltima denuncia, presentada por el grupo TCero Estudios contra la actual concesionaria de la tele pública, Secuoya, al advertir que ésta intenta blindar el apoyo del conjunto del sector audiovisual murciano firmando con las pequeñas empresas contratos de exclusividad desde el predominio que le permite ser la actual titular de la concesión, es decir, la que tiene en este momento la oportunidad de ofrecer trabajo a dichas empresas, a las que, por otro lado, no se les escapa qué corporación es la amiga del Gobierno, con conexiones tan claras que no es preciso insistir en ellas. Ya habrá tiempo de comprobar que el tribunal que decidirá en ese concurso no reparará en estos tejemanejes, sino que tal vez los apunte como mérito.

Pero si la Administración autonómica es incapaz de presentar, como hasta ahora, un concurso público en que no anide la sospecha, la acción política a lo largo de la crisis sanitaria del coronavirus ha sido bien explícita en la rendición al murcianismo de amiguetes.

El Gobierno regional ha aprovechado el Monotema para colar de rondón una colección de decretos-ley con los que ha reformulado hasta su práctica desaparición toda contención y control, burocrático y medioambiental, en favor de los sectores económicos que influían sobre él para que estas reformas se realizaron en su beneficio y que en circunstancias normales habrían tenido que ser muy matizadas. Y esto hasta el punto de que en poco menos de un mes la Región ha retrocedido décadas, por ejemplo, en protección ambiental y en planificación urbanística.

Regreso al pasado. Los más veteranos del lugar aún podemos recordar episodios como el protagonizado en su día por el consejero socialista José Salvador Fuentes Zorita y el alcalde, también socialista, de Los Alcázares, Manuel Menárguez, en el intento del primero de contener los desafueros constructivos de aquel alcalde promotor, y esto en un delicado contexto en que la estabilidad política de aquel Gobierno, por la entente interna entre familias políticas del PSOE, complicaba la vida al entonces presidente, Carlos Collado, pues buena parte de los socialistas de Los Alcázares creaban un contrapeso a su liderazgo precisamente por rechazo al control desde la Comunidad de su política urbanística local. Aun así, y contra toda lógica de política interna, el consejero Fuentes Zorita no se arredró, aunque al final pagara las consecuencias.

Hoy quedan pocos políticos así. Lo peor es que cuando por fin la autoridad política en Urbanismo estaba centralizada en la Comunidad (lo cual no es una garantía si el Gobierno regional es partidario del despendole ladrillista, como ocurrió en la segunda fase de la era Valcárcel, pero es un gran paso), el Gobierno López Miras cede de facto por decreto las competencias a los alcaldes, y esta vez sin que éstos las pidieran (en realidad este punto es una jugada instada por el pequeño grupo de dirigentes populares de la costa más afín al presidente).

Véase así cómo unas pocas líneas de texto elaboradas en mesa camilla, trasladadas al Boletín Oficial de la Región, revocan las conquistas políticas y sociales que ya creíamos que no tendrían vuelta. Regreso al pasado, en un bucle mágico.

Jugada al PSOE. Algunos se preguntan cómo es que el PSOE pudo abstenerse en la aprobación de este decreto. ¿Hay que pensar que lo hizo en favor de sus alcaldes? Al menos de uno de ellos, pues ya he dicho que los de López Miras gozan de cierto instinto para la sofisticación y endosaron en el decreto lo que sin neologismos puede calificarse como una amnistía a muchos de los beneficiarios de ayudas a los terremotos de Lorca que no han podido justificar que fueran invertidas en aquello para lo que las recibieron.

El PP no permitió que esta iniciativa, pactada entre López Miras y el alcalde de Lorca, el socialista Diego José Mateos, pudiera ser considerada aparte, de modo que Diego Conesa tuvo que transigir a la espera de que Ciudadanos exija la tramitación como proyecto de ley del decretazo gubernamental que, como parte del Gobierno, también los responsabiliza, aunque no calcularan, en el mejor de los casos, la dimensión del asunto.

Un paso adelante y dos atrás. La finta, en la zona oscura del foco concentrado en el coronavirus, que pone patas arriba las leyes de suelo y de urbanismo de esta Región, se produce casi a renglón seguido de la retracción que sobre la liberalización de esos asuntos pareció protagonizar el propio Gobierno regional a causa del desorden en el Mar Menor.

La defunción del ecosistema, gráficamente expresada el pasado mes de octubre con los efectos de la anoxia, condujo al Gobierno a tomar en consideración la posibilidad de tímidas reformas en favor del control urbanístico que, por lo que vemos, no solo han sido olvidadas, sino planteadas al revés de las exigencias de aquel contexto. El pretexto ahora es que la crisis económica derivada del confinamiento sanitario exige aligerar los controles y las tramitaciones para activar las iniciativas cuando cinco minutos antes, a la vista de los efectos que suele traer la desregulación, se trataba de lo contrario, y esto sin que haya síntomas de que el Mar Menor haya iniciado la recuperación de su crisis ecológica estructural.

Pero, frente al coronavirus, la situación del Mar Menor ha decrecido en el interés público general, y este Gobierno tiene por costumbre ir al día, atender a la página de la actualidad que propaga una nueva inquietud que parece aparcar la anterior. Como en esas maniobras militares en que se avanza a panzazos. Lo malo de este tipo de política es que se desentiende de cualquier aprendizaje elemental. Es dudoso que los empresarios profesionales prefieran un modelo medioambiental abierto a capricho que unas reglas sensatas y reconocibles establecidas en la seguridad jurídica y que añadan calidad y prestigio a sus proyectos.

Pero esto debe sonar a retórica a quienes parten de ideas fijas o tienen intereses muy perentorios. De hecho, en la consejería de Medio Ambiente, según ciertas fuentes, se está procediendo a una nueva escabechina entre el funcionariado no afín a la causa. Esta nueva política del decretazo afecta básicamente a dos consejerías: la de Medioambiente, en la que López Miras ha situado a un bien mandado para todo, y la de Fomento, cuyo responsable habla más que hace, y esto a pesar de que es más activista que político.

Ni siquiera una crisis económica como la que tenemos encima inspira a un Gobierno a poner las luces largas y procurar reconducir un modelo económico frágil y poco diversificado del que apenas se escapa el sector agroalimentario (si no se limitan las exportaciones a causa del covid) y una parte del industrial, especialmente el enclavado en Escombreras, que es prácticamente lo que hay. A ciertos políticos no hay manera de sacarlos de la previsibilidad.

La marcha de Vox. Pero que nadie se equivoque con López Miras. En el oficio de político es enormemente hábil: ha tenido un buen maestro, y se maneja como nadie. Siempre, claro, en función de su interés. Además, tiene suerte. Hasta Vox, que le ganó en las últimas generales, ha venido a hacerle el favor de situarlo en un espacio de moderación sin que él mismo haya precisado desplazarse hacia ese lugar. La marea de Vox en protesta contra el Gobierno central, con toda esa apropiación de banderas, himnos militarizados con toques de corneta y exaltación legionaria, deja en sus manos las herramientas para la crítica política razonada y la retórica de la lealtad institucional.

Y mientras la movilización del casticismo abarrota las calles y los balcones, sus representantes políticos en la Asamblea Regional se desintegran como grupo parlamentario, desperdician alegremente su valor de palanca y recalan en dos bandos en el Grupo Mixto con el efecto colateral de reducir la libertad y los recursos de Podemos, que lo ocupaba en exclusiva, justo cuando la portavoz de este Grupo, María Marín, empezaba a espumar con fuerza tras el trauma de la crisis que también vivió en Murcia ese partido en su momento. En resumen, un Vox dividido y enredado en sí, y un Podemos técnicamente disminuido.

La única luz de alarma es la naranja, la de Ciudadanos, por si el giro al centro de mamá Arrimadas va de verdad y se deciden a poner en marcha en la Región de Murcia una experiencia piloto de pacto con los socialistas, pero éstos no viven su mejor momento con un Gobierno central tambaleante, con desajustes entre la coalición y de los propios socialistas entre sí, y con un horizonte próximo de incertidumbres. Tanto López Miras como el líder socialista, Diego Conesa, toman la temperatura a Ciudadanos casi a diario, le hacen el test político postcoronavirus, pero no hay señales más que de continuidad.

Sin embargo, la política ‘agresiva’ y desenvuelta del presidente regional, que durante las últimas semanas se muestra encantado de haberse conocido, puede crear más tarde o más temprano una percha, un pretexto para dar el giro, y no cabría descartar el alto riesgo de esos concursos públicos polémicos, de las reformas estructurales a la brava o de posibles resoluciones judiciales no favorables al historial reciente de las siglas que administra.

 

ANGEL MONTIEL