Un cambio en la dinámica de la vista oral ha provocado un nuevo retraso en el interrogatorio a José Antonio Griñán que, según todas las previsiones, debía haber empezado a declarar ante el tribunal que juzga el caso de los ERE este mismo miércoles. Su intervención y la de Manuel Chaves -prevista inmediatamente después- se han visto pospuestas al menos una semana más, después de que el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, decidiera este martes dar lectura a la declaración íntegra del ex consejero Antonio Fernández ante la juez Mercedes Alaya, que dirigió la instrucción de la causa.

Esa lectura podría agotar dos o tres sesiones del juicio, según el cálculo que ha realizado el abogado de Fernández, ya que el ex consejero declaró durante dos días ante la magistrada en la fase de instrucción.

La decisión del tribunal se produce como consecuencia de dos hechos: por un lado, que Fernández no haya ratificado el contenido de esa declaración porque, a su juicio, no se ajusta con rigor a lo que declaró ante la juez. Además, el ex consejero no está dispuesto a responder a las preguntas de la acusación particular, que en este juicio está representada por el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias.

Pues bien, dadas ambas circunstancias, la abogada del PP, Lourdes Fuster, ha anunciado su intención de considerar suyas todas las preguntas realizadas en su día por la juez Alaya, y ha pedido al tribunal que permita la lectura de todas las respuestas que en su día ofreció el consejero Fernández para que puedan someterse a lo que jurídicamente se conoce como el «principio de contradicción». Es decir, la acusación que representa el PP cree necesario que el tribunal oiga durante la vista oral lo declarado por Fernández durante la instrucción para poder contrastarlo con lo manifestado durante la vista oral.

El ‘principio de contradicción’ contempla que la acusación y la defensa tienen los mismos derechos de ser oídos durante la vista oral y de practicar las pruebas solicitadas en situación de igualdad.

La lectura de la declaración de Fernández, que realizará una funcionaria, letrada de la administración de justicia, se prolongará previsiblemente durante toda la sesión de este miércoles. Al término de la misma, el ex consejero deberá responder a las preguntas que le plantee su abogado, de forma que las declaraciones previstas de Griñán y Chaves no se producirá como pronto hasta la próxima semana.

Fernández, guante blanco con Guerrero

Antonio Fernández, ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, mermado en sus facultades para hablar como consecuencia de una disfonía, ha respondido esta mañana por cuarta sesión consecutiva a las preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga durante la vista oral por el juicio de los ERE.

Se trata del interrogatorio más largo de cuantos ha habido de momento en este juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla y en el que se juzga el denominado ‘procedimiento específico’, la herramienta creada en la Junta para repartir las ayudas sociolaborales bajo sospecha eludiendo la fiscalización y los controles presupuestarios ordinarios.

Fernández, que se enfrenta a la petición del fiscal de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación, ha defendido en todo momento que el ex director general de Empleo, Javier Guerrero, tenía autonomía absoluta para gestionar el programa 31-L de los presupuestos de la Junta, la partida de la que salieron los fondos repartidos discrecionalmente entre empresas y trabajadores, y que en el transcurso de la investigación se conoció como ‘fondo de reptiles’.

Y, aunque continuamente a lo largo de todo el interrogatorio ha descargado la responsabilidad sobre Guerrero, su declaración no ha sido especialmente acusatoria contra el ex director general, sobre cuya actuación siendo máximo responsable de la gestión de los fondos, «nunca» tuvo ninguna queja ni reclamación.

Para Fernández, no hubo nada en la gestión de Guerrero que fuera motivo de sospecha entonces. De hecho, remarcó que, cuando en 2008, decidió relevarlo no lo hizo por disconformidad con su trabajo al frente de la dirección general, sino como parte de una «renovación general» de la Consejería de Empleo, que afectó a un total de cinco altos cargos.

A su sucesor, Juan Márquez, tampoco consideró necesario pedirle que investigara la actuación de Guerrero ni ninguna de las ayudas concedidas en particular, aunque sí admitió haberle pedido una revisión genérica del trabajo realizado.

De hecho, Márquez, que también está imputado en esta causa, impulsó un cambio importante en la tramitación de las ayudas sociolaborales, de manera que se dejó de utilizar los ‘convenios particulares’ con las empresas y las asociaciones de trabajadores, que firmaba directamente el director general, para aprobar las ayudas mediante ‘resoluciones’ que supervisaba el viceconsejero. A preguntas del fiscal, el ex consejero explicó que esa novedad en el trámite se debió a una adaptación ordinaria de los procedimientos, y negó que se debiera a un interés por controlar de manera más efectiva el trabajo de la dirección general.

Fernández fue muy cuidadoso en no dejar en evidencia a Javier Guerrero. De hecho, aunque reconoció que su sucesor advirtió de la existencia de compromisos de pagos adquiridos de forma verbal y que no estaban recogidos formalmente en ningún expediente, sin embargo señaló que, en su opinión, esa ausencia de documentos que avalaran esos compromisos se debió a que, como fue destituido sin previo aviso, Guerrero no había tenido «tiempo material» para formalizar esos expedientes.

También admitió que el nuevo director general decidió no realizar algunos de los pagos comprometidos por Guerrero porque no se ajustaban al objeto de las ayudas o porque se trataba de empresas que ya habían recibido ayudas anteriormente, como fue el caso de Mercasevilla, que había solicitado fondos para financiar un expediente de regulación de empleo (ERE). A ese expediente concreto se refirió Fernández como «el principio de todas las cosas», pues fue en el ERE deMercasevilla en el que se descubrió la presencia de «intrusos» -beneficiarios de las ayudas que nunca habían trabajado en la empresa- por primera vez, lo que dio origen a la macrocausa instruida por la juez Alaya.

Antonio Fernández aseguró por último a preguntas del fiscal que, aunque muchos dirigentes políticos se interesaban en aquellos tiempos por los diversos conflictos laborales, nunca recibió «órdenes» de ninguno de ellos para «conceder una ayuda por intereses personales o de partido».