Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, iba a ser nombrado secretario de Estado de Justicia en el segundo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, el 15 de junio. Pero el presidente del Gobierno sugirió a la ministra, Dolores Delgado, anular la propuesta a raíz de información que le aportó el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la posibilidad de que el nombre de Andreu saliera en grabaciones del policía encarcelado José Manuel Villarejo.
El fin de semana del 9 y 10 de junio, la ministra de Justicia había tomado la decisión de nombrar como su número dosa Andreu, con quien ha compartido largos años de actividad en la Audiencia Nacional. El juez aceptó la propuesta. El lunes 11 de junio y el martes 12, según la reconstrucción hecha por EL PAÍS con cuatro fuentes judiciales y ministeriales diferentes, Delgado mantuvo diversas reuniones para configurar su equipo en Justicia a las que acudió Andreu. La ministra le presentó como el número dosy dijo que sería nombrado en el Consejo de Ministros del viernes 15 de junio. Otras fuentes consultadas, de dos asociaciones judiciales, confirmaron que conocían el futuro nombramiento del juez.
La noche del martes 12, Fernando Grande-Marlaska, que llevaba dos días con informaciones sobre el posible nombramiento del juez —los tres han coincidido en la Audiencia Nacional—, se debatía sobre la posibilidad de hablar con el presidente de Gobierno y compartir con él datos que poseía y que podían afectar a Andreu y al Gobierno. Finalmente, Grande-Marlaska avisó al presidente de que, según información policial, el nombre del juez de la Audiencia Nacional podía aflorar en grabaciones de comidas a las que había acudido con el comisario de policía encarcelado José Villarejo.
El juez, además, mantiene amistad con el comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, encarcelado junto con Villarejo en noviembre de 2017 por la Operación Tándem de blanqueo de capitales, aunque recuperó en marzo pasado su libertad y los cargos contra él fueron archivados por el magistrado instructor del caso, Diego de Egea. Tres años antes, en 2014, como instructor de la causa de la mafia china de Gao Ping en el caso Emperador, se abstuvo en cierto momento de instruir la causa precisamente por su relación con Salamanca. La Fiscalía Anticorrupción acusaba al comisario de estar implicado en la trama, aunque los cargos contra él fueron finalmente archivados.
La mañana del miércoles 13 de junio se publicó en El Confidencial la información de que existían dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relacionadas con el ministro de Cultura, Màxim Huerta, según las cuales el presentador de televisión era responsable de una infracción de la ley tributariacomo consecuencia de la presentación incorrecta de la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a tres ejercicios, los de 2006, 2007 y 2008.
Huerta fue destituido el miércoles 13 de junio por Pedro Sánchez. Pero, ese día, el presidente de Gobierno tomó otra decisión a la vista de las informaciones de Grande-Marlaska y otras comprobaciones que llevó a cabo: recomendar a la ministra de Justicia que buscara un sustituto para su proyectado número dos, el juez Andreu.
En la mañana del jueves 14 de junio, la ministra Delgado, sin comentar con Andreu la situación, envió un mensaje al juez Joaquim Bosch, portavoz nacional en 2015 de Jueces para la Democracia, en el que le sugería hablar con cierta premura. El magistrado valenciano, según ha confirmado a EL PAÍS, llamó a la ministra sobre las nueve de la mañana del citado jueves. Delgado le explicó que Andreu había sido su primera opción, pero que no podría ser nombrado por razones personales. Y ofreció el puesto al exportavoz de Jueces para la Democracia
Bosch ya sabía que el juez Andreu había sido propuesto por la ministra. En principio, le explicó que era muy complicado aceptar por razones familiares —reside en la Comunidad Valenciana y tiene niños pequeños— pero se comprometió a pensarlo y a responder en una o dos horas, el tiempo máximo disponible habida cuenta de que el nombramiento iría al Consejo de Ministros del día siguiente, viernes 15 de junio. Bosch llamó algo más tarde del plazo y confirmó que no podría ser. La ministra pasó a la tercera opción y propuso al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz ser su número dos, oferta que fue aceptada.
Pero, sin saber el desenlace, según las fuentes judiciales consultadas, el juez Andreu visitó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el jueves 14 y comentó con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que en el Consejo de Ministros del día siguiente sería nombrado secretario de Estado de Justicia. Lesmes compartió la información con algunos miembros conservadores de la Comisión Permanente del CGPJ reunida ese jueves 14 de junio de 2018.
Finalmente, no fue nombrado. Fuera de los focos, el juez fue la primera víctima relacionada con Justicia de las grabaciones del comisario Villarejo, tres meses antes de que estas afectaran a la propia ministra. Según las fuentes judiciales consultadas, Delgado sugirió después a Andreu presentarse como candidato a vocal del CGPJ en la renovación pendiente para el mes de diciembre próximo. El juez ha reunido los 25 avales necesarios, pero requerirá de los apoyos parlamentarios para ser vocal, siempre que se alcance un acuerdo para dicha renovación.
