Izquierda Unida ha registrado este lunes en el Congreso una petición para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, comparezca en la Cámara Baja para informar de la «vergonzosa e inaudita marcha atrás» de la sentencia sobre los gastos de las hipotecas.
La semana pasada, la sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo establecía que debe ser la banca, y no los clientes, quien debe sufragar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la firma de las hipotecas, pero un día después el presidente de esa Sala de lo Contencioso lo frenó y este lunes el Alto Tribunal ha decidido convocar el Pleno el próximo 5 de noviembre para aclarar quién debe hacerse cargo de ese impuesto.
Garzón ya avanzó el pasado sábado que pedirían cuentas a Lesmes en sede parlamentaria durante la reunión en Madrid de la Asamblea Político y Social de IU, máximo órgano de decisión de esta formación, y este lunes lo ha formalizado junto al portavoz de Justicia de IU en el Congreso, Ricardo Sixto.
En concreto, ambos reclaman que Lesmes explique en la Comisión de Justicia «la ‘paralización exprés’ que el Tribunal Supremo efectuó de su propia sentencia sobre el pago de impuestos en las hipotecas», un asunto en el que Garzón defiende que «hay que ser muy claros».
Los bancos quieren «torcer a la justicia»
El máximo responsable de IU denuncia que los mismos bancos que han «esquilmado» la economía de este país y «contribuido a empobrecer a la gente» estos últimos años demuestran ahora no sólo su capacidad para «intervenir ante las instancias públicas», sino de «torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo».
De esta forma ha querido ilustrar Garzón las presiones que, a su juicio, se han suscitado a todos los niveles desde el pasado jueves en que se conoció la sentencia ante el cambio de criterio sobre quién debe pagar el impuesto hipotecario.
Y es que, según los analistas, de aplicarse la sentencia de forma retroactiva, podría suponer a las entidades bancarias un desembolso de entre 6.000 y 8.000 millones de euros para devolver el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados a quienes firmaron una hipoteca.
