A pesar de que el Congreso de los Diputados no tiene actividad en agosto por vacaciones, las últimas semanas están siendo protagonizadas por arduas negociaciones parlamentarias, sobre todo en materia de nuevos impuestos. Después de que Podemos haya presentado sus exigencias para apoyar la senda de estabilidad del Gobierno en la Cámara Baja, el Ejecutivo se ha mostrado partidario del diálogo, pero con un línea roja particular de la que no va a ceder ni un milímetro: modificar el IRPF.
Fuentes del Ministerio de Hacienda precisan a elEconomista que no se plantean considerar ninguno de los cambios que pide la formación morada en el campo del IRPF. «El Gobierno no tiene intención de subir el IRPF, ni de hacer ninguna reforma en él», precisa el Departamento que dirige María Jesús Montero.
De esta manera, Podemos no podría aspirar a colocar dos de las medidas fiscales que ha propuesto al Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de apoyar su techo de gasto: incrementar el tipo marginal del IRPF a los sueldos a partir de 60.000 euros y eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los planes de pensiones privados, modificación por la que se recaudarían unos 500 millones de euros anuales.
Sin embargo, Gobierno y Podemos sí que coinciden en otros tres tributos que, de hecho, ya había propuesto el Ejecutivo en julio: la reforma del Impuesto de Sociedades para generar un mínimo no deducible del 15 por ciento -medida con la que se aspira a ingresar unos 4.000 millones, pero que según expertos se va a quedar en 400 millones, como mucho-, el impuesto a la banca -valorado en una recaudación de unos 2.000 millones- y la equiparación del diésel y la gasolina -que serviría para recolectar unos 600 millones para las arcas del Estado-.
En cualquier caso, los límites establecidos por Moncloa no lo son sólo para su negociación con Podemos, sino también con el resto de los grupos parlamentarios.
Como ya contara este medio,PDeCat ya ha manifestado su voluntad de negociar con el Gobierno y se ha mostrado a favor, particularmente, de la tasa Google, el impuesto de transacciones digitales que irá dirigido a gravar la publicidad online, la venta de datos generados con información proporcionada por usuarios y las actividades intermediarias de plataformas digitales.
Jordi Xuclá, de PDeCAT, precisó que «se llega tarde» para poner en marcha esta medida, con la que Moncloa pretende recaudar unos 1.090 millones de euros. En cambio, no se mostró tan a favor de otras medidas impositivas anunciadas. «De entrada, no creemos que se tenga que tocar, al alza o a la baja, el Impuesto de Sociedades porque hay otras opciones», pero aseguró que estarían abiertos en el resto de los tributos propuestos por el Gobierno.
De esta manera, parece que sólo el impuesto a la banca, la subida del diésel y la tasa Google podrían superar el dictamen en el Congreso, a la espera de conocer la valoración de PNV, que, por lo pronto, se muestra abierto al diálogo. En cualquier caso, se dibuja un horizonte complicado para un Gobierno que, en los próximos meses, tendrá que negociar unos complicados Presupuestos Generales del Estado para 2019, cuya presentación se podría retrasar hasta noviembre.
