El Gobierno dio este viernes una muestra de que por mucho que transmita un mensaje de entendimiento en la crisis territorial, no piensa abrir la mano ante las presuntas rupturas de la legalidad. Un día después de que el Parlament aprobara una moción que apuesta por lograr la desconexión de España, reafirmando la declaración de soberanía del 9 de noviembre del 2015, el Ejecutivo anunció que iba a recurrir esa iniciativa ante el Tribunal Constitucional (TC). La decisión viene a calentar la trascendental reunión que Pedro Sánchez y Quim Torra mantendrán el lunes en la Moncloa, después de varias jornadas en las que ambas partes se habían esforzado en rebajar la tensión previa. Esta vez la distancia que les separa se hizo patente.
Antes de que se confirmara el recurso, la ‘consellera’ de Presidència, Elsa Artadi, dijo que el paso, si finalmente se daba, iba a mostrar que los socialistas, que llegaron al Gobierno con los votos de ERC y el PDECat, actuaban igual que sus antecesores del PP. Fuentes del Govern se mostraron molestas tras el anuncio. «Esperamos hechos y no palabras. Y es un hecho que muchas cosas no han cambiado, tal y como venimos corroborando cada semana», dijeron. Aun así, continuaron, la decisión no «condiciona» la cita, pero «tampoco ayuda».
El Ejecutivo confía en que el recurso a la moción del Parlament, que tanto Junts per Catalunya como ERC (a diferencia de la CUP, impulsora del texto) tacharon de «simbólica», no enturbie la cita entre Sánchez y Torra, planificada como el primer paso hacia la «normalización» institucional. Los colaboradores del presidente del Gobierno explicaron que no tenían otra alternativa que acudir al alto tribunal ante la iniciativa del Parlament, porque era «manifiestamente inconstitucional», y argumentaron que la decisión deja claro que el líder socialista no selló ningún «pacto oculto» con los partidos independentistas en la moción de censura que desalojó del poder a Mariano Rajoy, como aseguran el PP y Ciudadanos.
Lo jurídico y lo político
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, trazó una línea entre el terreno jurídico y el político, pese a que esta sea en ocasiones difusas. Como ahora: el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar la retirada de recursos presentados por Rajoy contra el TC contra iniciativas del Parlament, muchas de ellas sociales y apoyadas por el PSC, pero al mismo tiempo aumenta la lista de impugnaciones.
«Lo hemos hecho en defensa de la Constitución y el Estatut. Esto va por el itinerario jurídico. La política va por otro camino, que el Gobierno quiere continuar transitando. Tenemos grandes esperanzas de que la reunión vaya muy bien. El Gobierno lleva una agenda muy importante sobre reducción de la conflictividad, inversiones y transferencias. Llevamos fuerza, ilusión y firmeza. Esperamos la reciprocidad, que las fuerzas políticas de Catalunya transiten el mismo espacio», dijo Celaá, evitando concretar las iniciativas que planteará Sánchez a Torra. En el orden del día remitido al Ejecutivo, la Generalitat proponía que los únicos asuntos a abordar fuesen el derecho de autodeterminación, la situación de los presos del ‘procés’ y los vestigios del franquismo.
Sánchez, en cambio, quiere tratar asuntos sectoriales. «Vamos a hablar de las cosas que afectan a los ciudadanos», explicó la portavoz. No está claro, sin embargo, si el Gobierno central activará esa «agenda» vaya o no bien la cita con Torra. «El Gobierno de España trabaja en interés de los catalanes. Va a seguir el procedimiento de distensión lo más posible. Vamos a intentarlo. Obviamente la otra parte tiene la obligación de responder. Vamos a concentrarnos de la primera reunión. Para que salga bien la otra parte tiene que poner de lo suyo», concluyó Celaá.
