Turno para los testigos en la pieza separada del ‘caso Desaladora de Escombreras’ que investiga al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel. El Juzgado de Instrucción escuchó los testimonios del expresidente de El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita y el ex interventor general de la Comunidad entre los años 2004 y 2018, Eduardo Garro.

Fuentes Zorita ha dicho este jueves que construir esa planta no era necesario. Ha explicado durante el interrogatorio que desde el primer momento se opuso a la ejecución de este proyecto respaldado por la Comunidad, como declaró en la comisión que se creó en 2016 en la Asamblea Regional.

Para este testigo, la creación del Ente Público del Agua (EPA) por el Gobierno autonómico fue una forma de tratar de burlar la Ley de Aguas, especialmente en lo relativo a la necesidad de contar con los informes preceptivos de la CHS para la puesta en marcha de nuevos desarrollos urbanísticos. Según Fuentes Zorita, el Programa Agua, impulsado por la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, trató de paliar la falta de recursos hídricos existente en la cuenca del Segura.

Estas manifestaciones contrastan con lo manifestado el pasado viernes por Valcárcel al declarar como investigado como presunto autor de los delitos de prevaricación, malversación, fraude y fraude de subvenciones en la construcción y explotación de esa planta en Cartagena, ya que afirmó que era necesaria por el déficit hídrico estructural de 471 hectómetros cúbicos que padece la región. Y añadió que la producción total de esa planta junto con las dos de San Pedro del Pinatar, la de Valdelentisco (Cartagena) y la de Torrevieja (Alicante) era insuficiente para cubrirlo.

Garro no aclara si la Comunidad avaló el préstamo a la constructora

Por su parte, el que fuera interventor general de la Comunidad Autónoma entre los años 2004 y 2018, Eduardo Garro, no ha aclarado si esta institución habría tenido que afrontar la devolución del préstamo concedido por Banesto al grupo constructor de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) en el caso de que éste no lo hiciera.

El ex interventor general, según ha sabido Efe al conocerse el contenido de su declaración, respondía a una pregunta que le hizo la defensa de Valcárcel, el letrado Fernando Adame. Este le preguntó si, según el contrato conocido por ‘comfort letter’, la Comunidad habría tenido que asumir la devolución del préstamo concedido al Grupo Cobra, constructor de la planta, en el caso de que éste, el Ente Público del Agua (EPA) o la propia sociedad Desaladora de Escombreras no cumplieran los compromisos recogidos en los contratos de arrendamiento. Ante esa interrogante, el testigo manifestó que «no se atrevía a contestarla, porque no lo había estudiado».

Momentos antes, y al responder a las interrogantes del representante del ministerio fiscal, Garro había indicado que el ‘comfort letter’ no es, técnicamente, un aval, aunque en términos genéricos sí constituye la prestación de una garantía que, en este caso, podía implicar algún tipo de responsabilidad para la Comunidad frente al banco prestamista.

El testigo reveló que conoció de la existencia de esa garantía durante una reunión mantenida en el despacho de la exdirectora general de Presupuestos, Isabel Martínez, cuando ésta le mostró la carta en la que se hablaba de la misma y le comentó que no sabía qué hacer con ella. Tras esa reunión, añadió, se lo comentó al secretario general de la Consejería, Luis Martínez, quien, a su vez, se lo dijo a la entonces consejera, Inmaculada García.

Ésta, según lo dicho por Garro, le habría manifestado que “ésto no se puede firmar”, mostrándose en desacuerdo con la “comfort letter”, tras lo cual se convocó una reunión en la Consejería de Agricultura y Agua, a la que asistieron, entre otros, su titular, Antonio Cerdá, investigado en la causa principal de la desalinizadora. «Quedó claro en ese encuentro que la consejera de Hacienda no estaba de acuerdo con esa fórmula de garantía, y de la reunión salió la posibilidad de modificar la ley del EPA», comentó el exinterventor general.

Reconoce una «desproporción» en el coste de la planta

En cuanto al coste de la planta, sobre el que se han ofrecido valoraciones que van desde los 125 millones hasta los 600, según sea quien la emita, Garro comentó, al responder a una pregunta del fiscal, que no podía pronunciarse sobre ese tema, pero añadió que «lo cierto es que había una desproporción entre el coste y lo que se pagaba por la misma».

A una de las preguntas de la defensa, que quiso saber si en las cuentas de la sociedad de la desalinizadora la Intervención había detectado la existencia de pasivos ocultos o intentos de engañar a este órgano de control financiero de la Comunidad, respondió que no, ya que en caso contrario lo habrían hecho constar en sus informes.

El interrogatorio a Garro dio comienzo con las preguntas formuladas por la magistrada que dirige las investigaciones, quien quiso saber si el presidente del Consejo de Gobierno, Ramón Luis Valcárcel, podía pedir informes a la Intervención General. A esa pregunta contestó que no sería normal que lo solicitara, ya que en esa condición no podía, dado que el presidente del Consejo de Gobierno no es un órgano gestor de gasto, como sí lo son Presidencia y las demás consejerías, que sí están facultadas para reclamarlos. 

Paréntesis para las pruebas

Tras la ronda de declaración de testigos celebrada este jueves y el martes pasado se abre un paréntesis para que las partes personadas en estas actuaciones puedan proponer la práctica de otras pruebas. 

 

EFE