El Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, “sigue pagando” en la actualidad a la mayor parte de los intrusos que fueron descubiertos en los ERE de las empresas beneficiadas con ayudas del ‘fondo de reptiles’, a pesar de que nunca trabajaron en estas sociedades. Es lo que ha declarado el ex consejero de Empleo Antonio Fernández este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla, en el que se sientan 22 ex altos cargos en el banquillo, entre ellos los ex presidentes del Gobierno andaluz los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que declararán esta semana tras él.

El enjuiciado Fernández, que este lunes declara por quinto día en el juicio, ha asegurado que el decreto del año 2012 aprobado por la Junta -durante la etapa de Griñán como presidente y tras estallar el escándalo- considera a la “mayor parte” de los intrusos “sujetos titulares de ese derecho” y por lo tanto beneficiarios legales de las ayudas de los ERE. Entre 2001 y 2010, el Gobierno andaluz repartió de forma opaca más de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis a través de un “procedimiento específico” ideado para eludir todos los controles, según la tesis de la Fiscalía.

La investigación de la juez Mercedes Alaya detectó unos 70 intrusos en los EREcosteados por la Junta. Entre ellos, había ex alcaldes y ex concejales del PSOE que nunca habían trabajado en las empresas en la que se habían hecho los ERE. La investigación interna de la Consejería de Empleo detectó también 70 intrusos en los 35 ERE que había examinado a fecha de 4 de marzo de 2011, según explicó en el Parlamento andaluz el entonces consejero de Empleo Manuel Recio.

De este volumen de trabajadores que nunca trabajaron en las empresas que recibieron ayudas de los ERE, tan sólo entre “12, 15 o 18, pero no más” se han considerado verdaderos intrusos, según la versión de Fernández.

El decreto del año 2012 de la Junta “actualiza” y “aclara” el marco jurídico de las ayudas de los ERE, pero “no invalida el conjunto normativo y las actuaciones realizadas” en la década anterior pues incluso asume el pago de los compromisos adquiridos. “Las refrendó, las asumió, las pagó y las sigue pagando“, ha subrayado Fernández.

Los intrusos, una “invención”

Pese a las pesquisas judiciales y de la Junta, lo de los intrusos es “una invención social o mediática”, ya que todos ellos eran “legales” y, aunque no hubieran trabajado en la empresa ni estuvieran afectados por el ERE, “sí formaban parte de la misma causa y los mismos problemas” que sufrían los despedidos y, por lo tanto, tenían derecho a las ayudas, ha mantenido Fernández. Se refiere a los empleados de sociedades auxiliares o de un mismo grupo. “Siempre he dicho que no hay ningún ERE irregular en Andalucía», ha zanjado.

El principal acusado en los ERE, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, coincide con su antiguo jefe en que no hay ningún intruso que se haya beneficiado de las ayudas sin tener derecho a ellas. En el juicio, Guerrero ha declarado que, si se incluyeron en las pólizas, fue para reducir los costes de las aseguradoras.

El ex consejero Fernández ha dicho que las subvenciones de los ERE que repartió la Junta eran “absolutamente iguales” a las que concedía el Estado al amparo de la orden de 1995 de ayudas extraordinarias para trabajadores por reestructuración de empresas.

A preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, Fernández ha defendido que las ayudas investigadas contaban con “fondo normativo suficiente” y eran “iguales” a las que daba el Estado con la orden de 1995, en cuanto a su naturaleza, las personas legitimadas para recibirlas, la discrecionalidad, la ausencia de publicidad y concurrencia. La única diferencia era que los fondos eran de la Junta en vez del Estado.

Fernández se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación durante su etapa como viceconsejero de Empleo (2000-2004) y consejero (2004-2010).

 

 

 

FUENTE: ELMUNDO