Y entonces llegó el virus. Y los colegios cerraron. Y se prohibieron las visitas a las residencias. Y el Gobierno decretó el estado de alarma. Y llegó el confinamiento. Y las calles quedaron desiertas. Y las empresas tuvieron que parar. Y los empleados aprendieron a teletrabajar. Y se colapsaron los hospitales. Y se aprobaron los ERTE para evitar despidos. Y se prohibió el corte de suministros básicos en los hogares. Y se concedieron moratorias para el pago de las hipotecas. Y se habilitaron ayudas para los autónomos. Y los ingresos de millones de familias se esfumaron. Y hubo que tirar del ahorro. Y volvieron las colas en los comedores sociales. Y fallecieron ¿29.000? personas… (la cifra es siempre provisional).

Esta es la última primavera vivida. El panorama para el verano, el otoño y el invierno no se presenta más alentador. Todos los países por los que ha pasado la COVID-19 afrontan una crisis sin parangón. Y no se atisba aún la profundidad de las consecuencias. La única certeza es que vienen curvas pronunciadas, que todos tendremos que vivir de otra manera y que, por si fuera poca la fatalidad, después de la sanitaria pueden llegar la crisis económica… y la política.

La epidemia del coronavirus va a poner a prueba la confianza de la sociedad en las instituciones, en un momento en que se le exige disciplina social para afrontar la emergencia sanitaria y sus desastrosos efectos socioeconómicos. Según datos del CIS previos al estallido de la pandemia, la confianza en el Gobierno central no alcanzaba al 20% de los ciudadanos y descendía al 11% en el caso de los líderes políticos. Asimismo, apenas un 14% confiaba en el Parlamento.

Hoy, en los datos del CIS de esta semana, los españoles ya sitúan a los partidos en general como la principal preocupación del país, seguidos del paro, por encima del coronavirus y la crisis económica. Algo tendrá que ver la bronca, la crispación y la polarización permanente que se vive en el Parlamento más fragmentado de la historia democrática. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, genera poca o ninguna confianza en el 64% de los españoles encuestados por el CIS, que le otorgan una valoración de 4,9 puntos. Y el principal líder de la oposición, Pablo Casado, aún menos. El rechazo en su caso llega al 84 por ciento y su valoración, de un 3,4, está por debajo de la de Inés Arrimadas (3,9) y de la de Pablo Iglesias (3,7).

Así que, sí, corren malos tiempos para la credibilidad de la vida pública en un momento crítico. No en vano el Gobierno afrontó inicialmente esta crisis sin establecer el más mínimo cauce de diálogo con la oposición y tomando decisiones como si tuviera una mayoría absoluta de la que carece. Para cuando quiso corregir el rumbo y abrir un canal de comunicación con el PP y el resto de partidos, ya era tarde. Casado llevaba desde el inicio de la legislatura subido al monte de la exaltación y la radicalidad de la ultraderecha, un marco del que aún no se ha bajado por más que sus barones (y últimamente también algunos empresarios) le demanden moderación y entendimiento con Sánchez.

Lo que ha sido posible en algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, y ayuntamientos, como el de Madrid, entre partidos de distinto signo para alcanzar un pacto por la reconstrucción no parece que vaya a cristalizar en España. Hay una derecha sin complejos que ha aprovechado los errores del Ejecutivo para sacar rédito y montar bulla en un empeño permanente por buscar culpables y endosar la responsabilidad de los muertos. Si el líder del PP ha llegado a acusar a Sánchez de mentir en la cifra de muertos y de «esconder su incompetencia» y su «nefasta» gestión en la crisis, el de Vox fue incluso más lejos al señalar al presidente como un líder capaz de «convertir España en una inmensa cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento».

La situación es tan crítica, en España y fuera de ella, que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha avisado de que el peor golpe para el mercado laboral en la zona euro está todavía por llegar y se cebará sobre todo entre los jóvenes. De ahí que haya pedido a los jefes de Estado y de Gobierno un plan «amplio, rápido, flexible y firmemente anclado en reformas económicas». En la misma línea se ha manifestado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen: «No podemos permitirnos ningún retraso», ha apremiado.

La necesidad de grandes acuerdos en España la atestiguan en los datos: el PIB puede caer hasta el 11%, la deuda pública llegará al 122%, el déficit se incrementará hasta el 10% y la cifra oficial del paro oscilará, según las previsiones menos alarmistas, entre el 22% y el 26%. El sector turístico, más de un 12% del PIB, contiene la respiración ante la «nueva normalidad».

¿Qué más haría falta para intentar un gran acuerdo nacional por la reconstrucción del país?

Pero pese a ello, el PP barrunta que el tiempo juega a su favor, que la crisis sanitaria, además de zarandear emocional y económicamente a los españoles, ha desgastado al Gobierno y que la crisis económica, el paro y el descontento social son una gran baza electoral para la derecha. Tanto es así que, lejos de apoyar al Gobierno en la UE durante la negociación para el reparto de los 750.000 millones destinados a los países más afectados por el virus, se ha alineado con los llamados países frugales para exigir condiciones –ajustes/recortes– a cambio de las ayudas, que podrían alcanzar 140.000 millones. En su imaginario pesa más el deseo de que la exigencia de aplicar recortes divida a los socios del Gobierno que las necesidades de los españoles o la reactivación de la economía. O incluso los intereses de algunos de sus presidentes autonómicos, que reclaman al Estado presupuesto para reactivar la economía.

España entra, con el fin del estado de alarma, en la nueva normalidad y la política sigue con los mismos códigos de siempre. Las comunidades autónomas, tan renuentes al mando único durante 100 días, tendrán ahora que tomar sus propias decisiones y responsabilizarse de ellas sin tener ya al Gobierno de Sánchez como puchimbol sobre el que descargar todas las culpas.

Nada invita al optimismo en una escena política que en los próximos meses estará condicionada, además de por la crisis socioeconómica, por varios procedimientos judiciales abiertos en diversas autonomías como consecuencia de la gestión de las residencias de mayores, en las que murieron cerca de 18.000 personas. La cercanía de las elecciones vascas y gallegas y la incertidumbre sobre la fecha de las catalanas tampoco ayudan a rebajar el clima de tensión, sino más bien a elevar la bronca. El propio presidente Sánchez, en una reciente reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE, animó a los suyos a revisar la estrategia de oposición para aplicar más dureza en aquellos territorios en los que gobierna el PP, lo que demuestra que nadie está por la labor de pacificar el ambiente y destinar toda la energía a la reconstrucción del país.

La división política, una vez más, tiene réplicas en otros ámbitos institucionales como es el caso de la Justicia, donde por ejemplo el Consejo del Poder Judicial sigue en funciones y sin visos de renovarse la mayoría conservadora que dejó el Gobierno de Rajoy.

La tensión política ha avivado también la brecha interna en el Tribunal Constitucional, donde progresistas y conservadores volverán a chocar, esta vez, a cuenta de la fórmula de acatamiento usada por los diputados el día de la constitución de las Cortes Generales. La decisión sobre el recurso contra la ley mordaza del Gobierno de Rajoy se atascó esta semana y ha tenido que ser aparcada.

Lo cierto es que desde el comienzo del estado de alarma y el estallido de la crisis sanitaria se han sucedido los encontronazos entre ambos sectores a propósito de asuntos como la prohibición de manifestaciones o la suspensión de plenos en el Parlamento. El último episodio ha sido el de los recursos presentados por PP, Ciudadanos y Vox contra las fórmulas de juramento que emplearon 29 diputados –25 independentistas y cuatro de Unidas Podemos– para tomar posesión de sus escaños. Contra el criterio de la minoría progresista –partidaria de no revisar la doctrina al respecto–, seis magistrados conservadores consideran que este asunto tiene especial relevancia y han presentado un escrito para que sea llevado al pleno del tribunal, donde los conservadores tienen mayoría. Lo que las impugnaciones pretenden es que se anule la toma de posesión de los 29 diputados por considerarla inválida.

Esta es la España post-pandemia y estos los mimbres con los que hay que construir un cesto de unidad para la reconstrucción socioeconómica. Juzguen ustedes mismos si es posible. El momento se presenta turbulento y con un país partido otra vez por la mitad, en el que por cierto ha vuelto a entrar en escena, como siempre que gobierna la izquierda, la Iglesia católica para augurar todos los males del infierno y advertir que las vacunas contra el coronavirus se fabrican con «fetos abortados». «El demonio existe en plena pandemia», ha dicho en alusión a las investigaciones. Acabáramos.

 

 

Esther Palomera