Era de prever, y lo habíamos señalado en artículos previos, que la recurrencia tendría consecuencias. Todo parece indicar que la disputa en torno a la culpa de la realización de estas nuevas elecciones generales entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez terminará mermando el ímpetu del electorado de izquierda y progresista en España. Efectivamente, la mayor parte de los ciudadanos considera que el principal responsable de la nueva convocatoria electoral es Pedro Sánchez. Lo que es lógico, era su responsabilidad formar gobierno.
El descenso en la participación electoral entre los jóvenes de las ciudades principales castigará tanto al PSOE como a Podemos. A esto debemos sumar que se consolida el Partido Popular y Pablo Casadoentre el electorado conservador.
La encuesta GAD3 fue publicada por el diario conservador ABC, que editorializó la lectura de la misma, anunciando que habría necesidad de una gran coalición entre el PP y el PSOE, para evitar el bloqueo político, y formar gobierno efectivo.
La propuesta de la gran coalición ha sonado recurrentemente desde que el sistema bipartidista empezó a resquebrajarse. La presencia de alternativas antisistema y la creciente ola de indignación en el momento en que la crisis económica lanzaba a mucha gente al paro y a muchas familias a la calle tras perder su casa, hicieron temer que la democracia española podría iniciar un proceso de desconsolidación. Líderes moderados y veteranos sostuvieron la necesidad de crear una gran coalición entre el PP y el PSOE para hacer frente a una crisis de esas dimensiones. No fue posible.
Pero en diversos momentos de las cuatro décadas de democracia en España ha habido acuerdos de Estado, empezando por los importantes Pactos de la Moncloade octubre de 1977, que le otorgaron un espaldarazo político a Adolfo Suárez para responder a la crisis económica en un momento difícil. Temas como el terrorismo han generado consensos entre los grandes partidos, y la aplicación del artículo 155 en Cataluña fue posible por un acuerdo con el PSOE.
Uno de los últimos acuerdos de Estado que se construyó, derivó de una presión de Bruselas y desembocó en una reforma constitucional en 2011 para incorporar el equilibrio presupuestario a la Carta Magna. Con José Luis Rodríguez Zapaterosiendo presidente, el PSOE y el PP acordaron votar juntos temiendo un deslave económico mayor por la pérdida de confianza de los “mercados”.
Mucha agua ha corrido y es necesario advertir los riesgos. No es lo mismo el establecimiento de acuerdos de Estado que la generación de una gran coalición, lo que implica formar gobierno. Lo primero ha ocurrido en otras ocasiones, pero la democracia española contemporánea no tiene experiencia, ni siquiera de gobierno de coalición, mucho menos de una gran coalición.
Aunque las elecciones generales del 10 de noviembre deriven en un escenario de bloqueo político la posibilidad de una gran coalición es escasa. Primero, porque la experiencia de los vecinos no ha sido la mejor. El destino sentenció al Pasok griego a la desaparición tras coaligarse con Nueva Democracia para aplicar las medidas de austeridad solicitada por Bruselas. La experiencia alemana tampoco es positiva para los socialdemócratas, quienes han visto mermar su apoyo tras coaligarse con Angela Merkel.
Algunos dirán que no coaligarse para proteger al partido sería anteponer los intereses partidistas a los de la nación. Pero a ese argumento le falta una visión de mediano y largo plazo. La destrucción de los partidos sistémicos y alternativos les genera un golpe muy fuerte a las democracias. La desaparición del Pasok en Grecia les abrió las puertas a los sectores más radicales. Y la pérdida de vigor del SPD abre una incógnita en la política alemana, mientras AfD crece en las elecciones.
Efectivamente, el ciudadano quiere tener alternativas reales, y las grandes coaliciones tienden a desdibujarlas. Al no existir una alternativa sistémica la tentación de buscar alternativas antisistema se incrementa. Tener partidos políticos fuertes, sistémicos, representativos y alternativos es una necesidad para preservar el sistema democrático.
Por otro lado, la narrativa que ha acompañado a Pedro Sánchez en su ascenso no sería coherente con una decisión de esa naturaleza. El “no es no” pretendía justamente separar las aguas entre el PP y el PSOE. Sánchez no inventó la política de bloques. Estos ya existían en el electorado español. El desdibujar de las fronteras entre el PP y el PSOE alimentó la opción de Podemos. Fue su negación a que el PSOE se confundiera con el PP uno de los factores que le permitió derrotar a Susana Díaz y a los barones del PSOE, recuperando el lugar de la organización en la izquierda. Sólo consolidado como el partido de la izquierda española puede Sánchez entrar sólidamente en el centro, porque no pierde su base.
Ahora que Pedro Sánchez ha conseguido parar la sangría interna del electorado progresista hacia Pablo Iglesias sería peligroso aceptar una gran coalición con los conservadores a las puertas de una crisis económica europea o mundial. Podría terminar ocurriendo una nueva hemorragia, que sería provechada por alternativas transversales, como la de Ínigo Errejón y Más País.
Otra cosa es pactar con el PP una abstención que le permita a Pedro Sánchez y al PSOE gobernar. En un escenario donde se repitieran los resultados de abril, pero con un PP más fuerte, Pablo Casado podría optar por esa política. Podría consolidar su imagen centrista y moderada optando por una decisión de Estado, y lanzaría a Pedro Sánchez a dar frente a una crisis económica que mezcla la ralentización de la economía mundial, el efecto de la disputa comercial entre China y Estados Unidos y los efectos perniciosos que un Brexit duro tendrá en Europa. El caramelo envenenado tendría que deglutirse en 2020.
