Marcos Benavent, el autodenominado «yonqui del dinero», era también un zombi del dinero. Y lo fue durante al menos cuatro años en la Fundación Jaume II el Just, el posible germen del caso Taula. Un organismo en el que fue contratado no se sabe muy bien con qué función por Esteban González Pons cuando era conseller de Cultura, según el que fue gerente de la entidad.
Así lo ha reiterado este miércoles Vicente Burgos, el gerente del capricho cultural del expresidente Francisco Camps, en la comisión de investigación del Caso Taula en las Corts Valencianes. Burgos fue contratado en 2003 por el conseller de Cultura de Camps, González Pons, para ser el gerente de la fundación que en teoría trabajaba por la restauración del monasterio de Simat de la Valldigna y que se convirtió en un nido de enchufados del PP que dejó un agujero de 9,8 millones de euros a la Generalitat.
«Benavent nunca vino a la fundación a hacer nada concreto», ha explicado Burgos en la comisión, sin desvelar su salario. Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, el recaudador del PP estuvo contratado por la Fundación Jaume II el Just desde el 14 de octubre de 2003 al 30 de julio de 2007. Cuatro años en los que, según Burgos, no pasó ni una sola vez por Simat de la Valldigna. «No lo despedí porque no dependía de mí», ha respondido Burgos al portavoz de Compromís en la comisión, Fran Ferri. En su intervención, el exgerente de la Fundación se ha dedicado a echar balones fuera y eludir responsabilidades.
Burgos fue detenido a finales de enero de 2016 en el marco de la Operación Taula, una investigación derivada de la trama Imelsa, denunciada por la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo a partir de las grabaciones efectuadas por Benavent y que le costó el cargo al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, del PP. Que el empleado fantasma señalara a Burgos como eje de la trama no le ha hecho mucha gracia al exgerente, que ha arremetido contra Benavent en varias ocasiones en la comisión, tratando de desbaratar sus acusaciones.
«Lo que Benavent haya podido declarar en sede judicial lo hemos rebatido en sede judicial», iniciaba su intervención. «Si hubo uno que se dedicó a recaudar y lo pillaron, que responda ante la justicia, pero que no ponga el ventilador» para aparentar que «todos somos corruptos», denunciaba Burgos para defender su gestión.
«Es absurdo pensar que se ha hecho una fundación para robar», ha dicho el compareciente, para añadir: «Estaremos imputados doscientos mil, pero no estamos condenados. Hay un proceso de instrucción»
En octubre de 2016, en la Ciudad de la Justicia, Benavent situó a Burgos como actor central en la pieza que investiga los contratos irregulares del área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia que presidía Rita Barberá. Según el exgerente de Imelsa, Maria José Alcón -entonces casada con Burgos- y su marido seleccionaban a las empresas y Benavent mediaba. Benavent señaló a Burgos como el conseguidor de empresarios para las obras de rehabilitación de patrimonio que contrataba la fundación y en las que se sospecha que hubo comisiones ilegales. Burgos señaló que apenas le conocía y que era una cacería contra él por ser el eslabón más débil.
El exgerente, investigado por la pieza del caso Imelsa referida al supuesto amaño de contratos en la Concejalía de Cultura de València, ha dicho tener «la conciencia tranquila» pues todas las decisiones de la Fundación Jaume II el Just «se hicieron con lealtad» y sin pretender ninguna otra finalidad». Burgos ha insistido en que «no era dinero público» y la fundación era de carácter privado, con un presupuesto privado.
Se trataba de una fundación cuyo patronato estaba presidido -«de honor»- por el presidente de la Generalitat, en el que tenía el mando ejecutivo el conseller de Cultura, integrado por entidades públicas y gestionando fondos públicos. En 2003, según consta en un acta, González Pons comunicó al patronato que se iba a adjudicar la presidencia efectiva a Camps para dar un impulso político a la fundación. En muchos casos, como ha reconocido, la fundación operaba como la consellería, pagando a proveedores -«hicimos de habilitado pagador», ha dicho- mediante resoluciones de conselleria, de acuerdo con la Generalitat, según su testimonio.
Era cargo de confianza de González Pons
El exgerente ha explicado que fue el entonces conseller Esteban González Pons, hoy eurodiputado del PP, quien le propuso para el cargo. Sobre su gerencia, el cargo de confianza de González Pons ha venido diciendo una cosa y la contraria. Pese a defender el carácter privado de la fundación hasta que en 2009 cambió la ley del sector público y el Ministerio de Hacienda pasó a auditarla, Burgos ha señalado que pidieron una auditoría a la Intervención del Consorcio de Museos. También que todas las instrucciones sobre contratación venían de conselleria: «nunca recibí instrucciones más que de González Pons y Font de Mora [el conseller que sucedió al primero]», ha indicado, para luego negar que recibiera las mismas instrucciones y decir que el contacto era con los secretarios autonómicos de Cultura.
Sobre las contrataciones, ha defendido que el procedimiento negociador es «tan legal como cualquier otro» y ha señalado que lo que se hacía era invitar a un grupo de empresas y luego se elegía una. Esa elección la ha atribuido al patronato de la fundación.
Este asunto ha derivado en un enfrentamiento verbal entre Burgos y la diputada socialista Carmen Martínez, que le ha interrogado sobre las dietas que recibía, los pagos de caja fija sin justificar y gastos de hasta 22.000 euros en un mismo restaurante. El exgerente se ha limitado a alegar: «A ver si creen que comía yo solo». Ha añadido que los gastos en viajes -de 400.000 euros- eran para traer a mucha gente al monasterio y que «no iba a estar todo el día con papelitos», refiriéndose a los justificantes de pagos.
