Coincido con José Antonio Zarzalejos en que la decisión de Ciudadanos de constituir el «vergonzante» tripartito andaluz fue un error. Pero por motivos distintos. No por admitir el apoyo de Vox, sino por subordinarse al PP en el Gobierno. Porque, a pesar de lo que dicen los dirigentes de Ciudadanos y algunos de los intelectuales que dieron el impulso inicial al partido, como Francesc de Carreras, para Ciudadanos, el problema no es Vox, sino el PP. Vox es un partido de extrema derecha, pero es un partido menor, que no tiene apenas implantación territorial. Sin el concurso del PP sería un partido irrelevante. Sorprendió en Andalucía en diciembre y pareció que la sorpresa iba a ser mucho mayor en toda España en abril y mayo. No ha sido así. En las elecciones europeas, en las que la circunscripción única y el hecho de que sean muy proclives al voto de protesta (recuérdese a Ruiz Mateos) le proporcionaban una oportunidad espléndida para crecer, se ha visto reducido a su auténtica dimensión.

Si la pretensión de Ciudadanos es llegar a ser un «partido de gobierno», no es de Vox del que tiene que preocuparse, sino del PP. No es la incorporación de Vox a la fórmula de gobierno de la que forme parte lo que puede frustrar su pretensión, sino su subordinación al PP.

El obstáculo más importante que tiene Ciudadanos para convertirse en partido de gobierno es que tienen que competir con un PP que tiene una implantación territorial muy sólida. En la comparación de las elecciones generales del 28A y las autonómicas y municipales del 26M se comprueba de manera inequívoca. PP: 5.058.542 electores, 22.23%, 20.325 concejales. Ciudadanos: 1.836.306, 8.25%, 2.788 concejales. Con estas cifras no hay partido.

El obstáculo es todavía más difícil de sortear, porque la implantación territorial del PP no solo es sólida, sino que ha sido alcanzada además mediante el ejercicio del poder de una manera sistemáticamente corrupta durante varios decenios. Es una implantación territorial constitutivamente corrupta. Se ha conseguido con Esperanza Aguirre (tamayazo mediante), Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, en Madrid; con Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Rita Barberá en la Comunidad Valenciana; con Jaume Matas, en las Islas Baleares; con Ramón Luis Valcárcel y Pedro Antonio Sánchez en Murcia… y con los tesoreros nacionales desde los años ochenta hasta hoy. Y un larguísimo etcétera.

Sin la corrupción no se explica la solidez de la implantación territorial del PP. El vínculo de la corrupción tiene una consistencia extraordinaria. La connivencia en el ejercicio continuado de prácticas corruptas no implica solamente a los que pueden ser identificados como autores de las mismas y pueden acabar siendo imputados, sino que genera complicidades que se extienden por toda la organización. La participación directa en la corrupción no es mayoritaria, pero la convivencia con la corrupción generalizada y su aceptación tácita sí se produce en toda la organización. De ahí el silencio en el interior del partido primero antes de que la corrupción sea descubierta y la incapacidad de reaccionar frente a los casos de corrupción cuando se hacen públicos.

Ciudadanos tiene que decidir si está dispuesto a colaborar o no en la conservación por parte del PP de la implantación territorial conseguida de esa manera, pues únicamente con el concurso de Ciudadanos puede conseguirlo. En sus manos está que el PP pueda continuar haciendo política como viene haciéndolo desde siempre o no. ¿Piensa Ciudadanos que, entrando en Gobiernos autonómicos y municipales presididos por el PP, puede cambiar una cultura política prolongada de manera ininterrumpida durante decenios? ¿No es más probable que ocurra lo contrario?

Esta es la encrucijada ante la que Ciudadanos se encuentra. O decide  poner fin a la implantación territorial del PP, o entra en contacto con ella en posición subordinada. Si hace esto último, se estará condenando a una posición subalterna, cuando no marginal, en muy poco tiempo.

Ellos sabrán lo que hacen.

 
 

FUENTE: ELDIARIO