La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer a la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta que califica de «muy grave», de «desatención» en el ejercicio de las competencias judiciales. Al ser superior a los seis meses, la sanción implica la pérdida de destino. De Lara (Cartagena, 1969) lleva desde hace una década dirigiendo las principales investigaciones judiciales contra la corrupción de todo tipo en Galicia, con políticos imputados de muchos partidos, sobre todo del PP y del PSOE, funcionarios, policías y guardias civiles, grandes empresarios detenidos por blanqueo y cohecho y mafias de proxenetismo. Aunque el fiscal del expediente abierto contra la juez por dilaciones en la tramitación de las causas solicitaba solo tres meses de suspensión de empleo y sueldo (lo que no implicaba la pérdida de su plaza en Lugo), la cúpula del gobierno de los jueces ha escuchado la demanda del promotor de la acción disciplinaria en el CGPJ, Ricardo Conde, exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia con los ministros del PP Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá entre 2012 y 2016.
La suspensión y el apartamiento de su plaza (y sus investigaciones) de la impulsora de causas tan sonadas en Galicia como la Operación Carioca, la Pokémon, la Cóndor, la Pulpo o la Garañón (que acabaron con un buen puñado de carreras políticas en los últimos años) se anuncia a las puertas de un nuevo largo periodo electoral. La decisión de la comisión disciplinaria será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa. La magistrada tiene un mes de plazo para recurrir en alzada al pleno del CGPJ, aunque tal y como ha explicado su abogado, Agustín Azparren, todos sus recursos hasta el momento no han sido tenidos en cuenta por sus superiores jerárquicos en la cúpula del Poder Judicial. En caso de que el gobierno de los jueces confirme la sanción, la magistrada aún podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo.
La juez anticorrupción ha recibido el anuncio de su próxima pérdida de destino dos días después de notificar a las partes el auto con el que pone fin a la investigación de la pieza principal de la Operación Carioca, la mayor causa contra las mafias de proxenetismo que ha habido en España. En este auto dispone el inminente procesamiento por más de 70 delitos, incluida la agresión sexual, a un agente y avisa a la Dirección General de la Guardia Civil de que es responsable subsidiaria porque las actividades supuestamente delictivas del cabo eran «sobradamente conocidas» por sus superiores.
La instrucción de macrocasos como el Pokémon, que al destapar numerosos capítulos de corrupción contribuyó a cambiar el mapa político gallego en las pasadas elecciones municipales, quedará ahora en manos de un nuevo juez en Instrucción número 1 de Lugo. Carioca, Pokémon o Cóndor, una operación contra el magnate del transporte de viajeros Raúl López (Monbus) que llegó a salpicar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ocupan ya varios cientos de tomos y centenares de miles de folios en un modesto juzgado de provincias colapsado. No será fácil para ninguno procesar toda esa información ni debería serlo el archivo a no ser que los delitos, con los años transcurridos, acaben prescribiendo. Porque aunque la temida juez de Instrucción 1 marche, en los sumarios persisten los pinchazos, las declaraciones de cientos de testigos, los informes de Aduanas y las facturas y contratos amañados.
Por sus investigaciones, además de Feijóo, han transitado otros muchos aforados que siempre quedaron exculpados en instancias superiores. Casada con un hombre que militó en el PP desde los 16 años, a menudo los socialistas usaron esa baza como argumento, aunque De Lara haya imputado a lo largo de los años a más populares (que en toda Galicia acaparan más cargos de poder) que miembros del PSOE. La pareja de la magistrada abandonó las filas de su partido en los últimos años.
El abogado de la juez, que recurrirá hasta el final la sanción impuesta, defendió ante el promotor de la acción disciplinaria que los «retrasos injustificados» de los que se acusaba a la magistrada se debían a la falta de medios materiales y humanos que proporcionaba la Consellería de Presidencia de la Xunta a este juzgado. También presentó alegaciones en las que aseguraba que un buen número de las dilaciones que los inspectores del Consejo achacaban a De Lara eran falsas, porque correspondían a otros funcionarios y otros jueces. Muchos de los abogados de los cientos de imputados de Instrucción 1 llevan años quejándose de la prolongada «pena de banquillo» en la que están atrapados, en medio de macrocausas desbordadas de recursos y trámites entre instancias que no paran de crecer.
Perdón a la juez pitonisa
El año pasado, sin embargo, el CGPJ archivó el expediente disciplinario por causa «muy grave» contra otra magistrada de Lugo que acabó siendo bautizada por la prensa como la «juez pitonisa». La comisión acordó, por cuatro votos frente a tres, no sancionar a la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, María Jesús García, por dedicarse en sus horas libres a echar las cartas del tarot a clientes en su domicilio.
Después de suspender de sus funciones judiciales a García por la supuesta gravedad de los hechos desde el momento en que se incoó el expediente disciplinario, el CGPJ consideró que la prueba en que se basaba, una grabación del diario El Progreso en la que se la veía presuntamente ejerciendo de pitonisa y cobrando la consulta, era ilícita por hacerse con cámara oculta. No obstante, aquel expediente tenía su origen en una investigación iniciada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a partir de un escrito del presidente de la Audiencia de Lugo en el que se denunciaba que la magistrada «de forma pública» repartía octavillas por la ciudad «anunciándose como tarotista y vidente con gran experiencia».
FUENTE: ELPAIS
