El caso Pujol se reactiva para tratar de averiguar de dónde procede la fortuna que la familia del expresident mantuvo oculta, durante más de tres décadas, en Andorra. En un auto al que ha accedido EL PAÍS, el juez ha citado a declarar, como testigos, a dos hombres de la máxima confianza de Jordi Pujol: el asesor financiero de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté, y al exsecretario de Presidència Lluís Prenafeta. Ambos deberán aclarar el cobro de una comisión irregular que, presuntamente, acabó en una cuenta del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, en el país de los Pirineos.
Los hechos se remontan a 1991 y remiten al escándalo de Grand Tibidabo: el desfalco de la empresa por el que fue condenado el financiero Javier de la Rosa, consagrado por Pujol como «el empresario modelo». El pasado septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, autorizó a la Policía a rastrear los viejos legajos del caso Grand Tibidabocon el objetivo de resolver la gran incógnita: si el dinero de los Pujol procedía, en última instancia, de la corrupción política y no de un «legado», como sostiene el expresident, de su padre Florenci Pujol.
Aunque sus conclusiones no son definitivas, los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han cruzado datos del sumario judicial y de la comisión rogatoria enviada por Andorra. Y han dado con una pista que, al menos, permite al juez José de la Mata mover ficha y desatascar una instrucción a la que le quedan apenas seis meses de vida.
En julio de 1991, De la Rosa vendió la sede de la empresa Consorcio Nacional del Leasing —ubicada en la avenida Diagonal de Barcelona— a la Generalitat por 4.185 millones de pesetas. Una empresa fantasma (ACIE) cobró 252 millones de pesetas por labores de intermediación que, según la sentencia que condenó al financiero, jamás existieron. Aunque la gestión real de ACIE estaba en manos del despacho de abogados de Juan José Folchi —persona «muy próxima» a De la Rosa— quien figuraba como administrador era un tal Alberto Freixa Vidal.
Durante la investigación de Grand Tibidabo, Freixa prestó declaración. Corría el año 1994, en pleno poderío de Pujol al frente de la Generalitat. Freixa —su declaración ha sido recuperada ahora por la policía— dijo, entre otras cosas, que un socio del despacho Folchi le invitó a marcharse un tiempo al extranjero, tal vez a estudiar. La situación se había complicado porque, en la venta de la sede del consorcio, «una comisión» había «ido a parar a un hijo de Pujol».
Las palabras de ese hombre de paja son solo el punto de partida. La policía analiza cómo se repartieron los 252 millones de la supuesta «comisión»: la mayor parte (210 millones) fueron a parar a Coterma, una empresa controlada por Lluís Prenafeta, el todopoderoso consejero de Presidència de la Generalitat. Prenafeta fue condenado el pasado verano a casi dos años de cárcel por cobrar comisiones ilegales a cambio de intermediar en tres pelotazos urbanísticos en el área metropolitana de Barcelona (caso Pretoria).
Lo más relevante, sin embargo, es que otros 9,3 millones de pesetas fueron a parar a la empresa Catalana de Mitjans i Edició, administrada por Sánchez Carrete. Este fue asesor financiero de los Pujol y participó incluso en la regularización de los fondos de Andorra en 2014, poco antes de que el propio expresidente de la Generalitat confesara la fortuna oculta.
El hallazgo de los investigadores saltó al cruzar ese dato con el análisis de una cuenta corriente en Andbank de la que Jordi Pujol Ferrusola era titular ya en 1991. El 1 de agosto de ese año, o sea, apenas dos días después del cobro de la comisión por la empresa de Sánchez Carreté, se ingresaron en esa cuenta de Andbank 8,3 millones de pesetas. La policía ve «muy plausible» que ambas cantidades se correspondan y que, por tanto, al menos parte del dinero de los Pujol en Andorra proceda de «las ilícitas comisiones que se devengaron de la venta de la sede de la sociedad Consorcio Nacional del Leasing a la Generalitat».
El juez De la Mata ha citado para el próximo 1 de abril tanto a Sánchez Carreté como a Prenafeta, pero también al hombre de paja que ya en 1994 hablaba de comisiones ilegales.
