El Gobierno no negociará con la Generalitat los 21 puntos que Quim Torra entregó a Pedro Sánchez el pasado 20 de diciembre y de los que se supo el día de Navidad por el presidente catalán. El Ejecutivo ni los considera. La única base de negociación que La Moncloa contempla, según fuentes gubernamentales, es el comunicado suscrito por los Gobierno central y autónomo, en el que se abogaba por dar una salida al “conflicto” catalán con una “propuesta política de amplio apoyo”.
Nada que decir sobre un documento unilateral, ajeno a las conversaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Quim Torra, y fuera del acuerdo alcanzado entre ambos el pasado 20 de diciembre, que se plasmó en un comunicado conjunto. Esta ausencia de comentarios a esos puntos reivindicativos de Torra es en sí misma una respuesta política, señalan en el Ejecutivo.
La delicada y débil relación institucional entre la Generalitat y La Moncloa se ha vuelto a poner de manifiesto. Después de la reunión del pasado 20 de diciembre entre presidentes, y en paralelo entre miembros de ambos Gobiernos, y la celebración del Consejo de Ministros del 21 de diciembre, ha emergido la desconfianza que caracteriza sus relaciones. Después de suscribir una nota pactada, Torra entregó a Sánchez un documento del que no se informó públicamente. Al tiempo, el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21 de diciembre aprobó medidas simbólicas para Cataluña, como el cambio de nombre del aeropuerto del Prat por el de Josep Tarradellas, que Torra desdeñó.
“El camino para empezar a andar lo marca el documento conjunto y no otro del que el Gobierno se declara ajeno”, señalaron a EL PAÍS fuentes gubernamentales. De esos 21 puntos, la Generalitat solo ha querido resaltar la creación de una “comisión internacional que medie entre los Gobiernos de Cataluña y de España” y la “desfranquización de España, el aislamiento del fascismo y la ultraderecha”. Por último, añade “la regeneración democrática y la ética política como fundamentos en los cuales basar la discusión política”, según palabras del propio Torra.
Ni de estos ni de todos los restantes puntos quiere darse por enterado Sánchez, que solo exhibe el corto y controvertido texto acordado la semana pasada. Ese comunicado no cita la Constitución expresamente y alude al “conflicto político” existente en Cataluña. Sí se invoca la necesidad de preservar la “seguridad jurídica”, lo que para el Gobierno es suficiente, ya que entiende que ese concepto abarca la Constitución y todas las leyes. “Las leyes se cambian con leyes”, por lo que todo es interpretable dentro del “diálogo efectivo” que ambos acordaron, señalan las fuentes del Gobierno consultadas. El límite para el Ejecutivo está en la unidad territorial, por lo que en el texto conjunto se reconocen las diferencias sobre “el origen, naturaleza y vías de resolución” de ese “conflicto”.
Pero el Gobierno insiste en que el texto pactado con Torra permite negociar sobre otros asuntos que afectan a necesidades concretas de los ciudadanos de Cataluña. Como precedente de que esas materias existen, está el documento con 23 peticiones de Artur Mas a Mariano Rajoy en 2014, que aumentaron a 46 en 2016. Carles Puigdemont, sucesor de Mas, se los entregó a Rajoy, pero nunca se abordaron ya que todo quedó bloqueado por la exigencia de un referéndum de autodeterminación.
