El sistema sanitario público no consigue cerrar las heridas que le ha dejado la crisis. La cifra del dinero que se invierte en él puede ser engañosa. Ya se han recuperado los niveles de inversión de antes de la crisis (más de 73.000 millones al año, desde los 65.749 en 2013, cuando tocó fondo), pero, como sucede con las grandes variables macroeconómicas, esta recuperación aún no ha llegado al día a día del sistema. Indicadores como la lista de espera, el número de camas operativas, los ingresos hospitalarios por problemas de salud mental de la población y la percepción de los usuarios no llegan a los niveles de antes de la crisis.
Los datos muestran que la sanidad suponía en 2008 el 6,1% del PIB, que en 2010 subió al 6,7% y que desde ahí ha bajado hasta el 6,26% en 2017. Curiosamente, el gasto por habitante ha variado menos en los años de la crisis, durante los que ha oscilado entre los 1.410 y los 1.577 euros de media, que entre comunidades un mismo año. En 2018 Cataluña presupuestó un poco menos de 1.200 euros; el País Vasco, casi 1.700.
Y esto por hablar de factores medibles, dentro de un sistema poco propenso a dar datos. La reciente dimisión de 22 jefes de servicio de Vigo en protesta por las políticas públicas, las protestas por el recorte de los horarios en primaria en Madrid y la movilización de los auxiliares de enfermería son síntomas de que al sistema le aprietan las costuras. Como dice Javier Martín, responsable de Sanidad del sindicato CSIF, “se ha podido volver en algunos aspectos a la situación de 2008, pero en estos 10 años la población ha envejecido, se ha ampliado la cartera de servicios, y volver a la situación de entonces no quiere decir volver a un buen momento. Ya entonces el sistema no daba más de sí”. Por eso las mareas blancas, aunque centradas en parar la privatización sanitaria, prendieron enseguida entre profesionales y pacientes.
Además, tanto Martín como Marciano Sánchez-Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, ven con suspicacia las cifras de inversión sanitaria de los dos últimos años, que consideran empujadas al alza por los numerosos procesos electorales.
Personal. Con el personal pasa algo similar a con el gasto: la cifra total se acerca a la de antes de los recortes (en 2012 eran 508.000 personas, según el Ministerio de Hacienda), bajó hasta menos de 479.000 y ya son más de 500.000 otra vez. Pero como advierte el portavoz de CSIF ha habido un envejecimiento de la plantilla, y la temporalidad ronda el 30%. “Muchas personas tienen contratos de semanas o días”, critica Martín. Este es un capítulo en el que, claramente, volver a las cifras absolutas de antes de la crisis representa una década de oportunidades perdidas. En los años de la crisis se ha reducido la movilidad y se han retrasado o eliminado las convocatorias públicas de empleo y la carrera profesional (reconocimiento de méritos con su correspondiente repercusión económica).
Listas de espera. Con la advertencia de que ha habido un par de cambios en la metodología de la serie que aconsejan hablar más de tendencias que de datos concretos, las listas de espera muestran un deterioro desde 2008 hasta 2016, con una ligera mejoría en el último año (el recuento del Ministerio de Sanidad acaba en junio de 2018). Esta línea es común, da igual si se refiere a la espera quirúrgica o para consultas.
Camas hospitalarias. Con el mismo número de hospitales de titularidad pública en la red (unos 780), las camas operativas han pasado de 115.000 en 2010 a 110.000 desde 2013 (109.913 en 2016). Los sindicatos relacionan claramente este hecho con el aumento de las listas de espera, y lo atribuyen a los recortes en personal. Laura Vallejo, presidenta de la Asociación Economía de la Salud, advierte, sin embargo, de que tanto en este indicador como en los que se refieren, por ejemplo, al gasto por persona hay que tener prudencia, ya que puede haber un componente de aumento de eficacia, por ejemplo, con procesos que requieran menos tiempo de hospitalización.
Mortalidad. La tasa de fallecimientos por 100.000 habitantes también está en ascenso, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero Vallejo también pide cautela, ya que el envejecimiento de la población puede ser una causa más relevante de este fenómeno que el puro deterioro de los sistemas sanitarios. De hecho, dice Dolores Jiménez, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, “lo más probable es que los efectos de la crisis en la salud de los ciudadanos se vean más a corto y medio plazo”.
Percepción de los usuarios. Todos estos factores se reflejan de manera prácticamente automática en la opinión que los usuarios tienen del sistema sanitario público. El Barómetro Sanitario que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para el Ministerio de Sanidad muestra cómo el porcentaje de quienes piensan que el sistema funciona bien o bastante bien subía hasta 2010 (73,9% de respuestas), bajó hasta el 62,7% en 2014 y en 2017 estaba en un 67,6%.
Salud reportada. Sin embargo, parece que la crisis no ha repercutido directamente en la opinión que sobre su salud tienen los ciudadanos. En 2010 el 72,1% creía que esta era buena o muy buena. En 2017 fueron el 74%. La presidenta de los economistas de la salud añade que, en tiempos de crisis económica, suele ocurrir que las personas anteponen otros temas (el paro, la vivienda) a sí mismos, y, por tanto, dan menos importancia a otros asuntos.
Sanidad privada. Una cuestión que ha quedado tocada del sistema sanitario es el prestigio, que de alguna manera se puede medir por el avance de la sanidad privada. Del total del gasto sanitario del país, las Administraciones se hacían cargo del 73,6% en 2008; en 2017, lo hacían del 70,8%. O lo que es lo mismo: la privada avanzó tres puntos en 10 años. Un síntoma en este sentido es que hayan sido dos empresas sanitarias las que han anunciado que instalarán sendos equipos de emisión de protones (un tipo de radioterapia más precisa, especialmente indicada para tumores infantiles y cerebrales). Actualmente unos 8,2 millones de personas tienen un seguro privado en España, más los tres millones de funcionarios a través de Muface.
