Existe una pulsión en el seno del ‘procés’, que califica al ejecutivo de Quim Torra de «Govern de Vichy», cree que sus líderes «folclorizan» las acciones civiles de protesta y movilización, e incluso, fantasea con la «sublevación» no ya hacia el Estado, sino contra la propia Generalitat. Por inverosímil, esa matriz del separatismo desafecto no vota a la CUP, sino que maniobra huérfana para desbordar la lógica de los dos partidos tradicionales ERC y PDeCAT, al considerarles un escollo para la independencia tras su abandono de la vía unilateral.
Es la crisis de representación que acecha al ejecutivo de Torra, sumado al imbricado juicio por el 1-O y a las puertas de los comicios municipales de mayo. De hecho, la contienda local amenaza con abonar las bases futuras de un nuevo mapa de poder, donde aflora la hipótesis de que candidaturas independentistas ‘outsiders’ agrieten el tablero catalán. Ese posible bache en el sistema de partidos procesista asoma en Barcelona, donde fuentes del espectro soberanista registran una intensa indecisión sobre el sentido del voto a escasos meses de disputarse su alcaldía.
Si bien, la desafección que cuestiona al propio Govern se nutre a diario de las contradicciones de este. Disuadido de la desobediencia por los tribunales, mientras rinde pocas cuentas de la inexistente hoja de ruta ante sus bases y gestiona de facto comisiones bilaterales. Todo ello se intenta camuflar a menudo mediante la afrenta dialectal hacia el Estado: ultimátum a Moncloa; apelar a la vía eslovena; el ‘apreteu’… y otra serie de subidas de tono que suelen ser la vía con que los representantes se defienden de unas protestas en la calle a las que no pueden dar respuesta.
La realidad es que el germen de la frustración ya ha hecho mella en el tejido asociativo del ‘procés’. A lo largo de 2018 entes menos controlables y al margen de lo institucional se han expandido. Es el caso de los CDR, que han quebrado el monopolio de la protesta centralizada e institucionalizada, antes dirigida por ANC y Òmnium. A su vez, la ANC se ha erigido como un contrapoder extraparlamentario a la Generalitat —que otrora jaleaba—. De hecho, su presidenta Elisenda Paluzie ha presionado a menudo para que el Govern convocase elecciones, asumida la renuncia a la senda unilateral.
La reunión de diciembre entre Sánchez y Torra —y otra previsible en enero– solo recreará una ficción con que ganar tiempo por parte del Gobierno
Ahí, el renovado fuelle político de la entidad buscará mantener esa presión sobre las formaciones tradicionales, pues la propia ANC es uno de los agentes que promueve procesos de primarias y listas transversales en las municipales. La creencia de fondo es que la lógica de partidos habría impedido aplicar el resultado del referéndum ilegal del 1-O —según el filósofo y candidato independiente en Barcelona, Jordi Graupera—. Como es de esperar, ERC y PDeCAT no van a integrarse en esas listas, bajo el pretexto de que los nuevos buscan su cuota encubierta de poder y dividen a todo el grupo.
Frente al escenario de desafección, la reunión de diciembre entre Pedro Sánchez y Torra —y otra previsible en enero— solo recreará una ficción con que ganar tiempo. La Generalitat no está por una oferta política diferente a la autodeterminación y lo que el Ejecutivo tiene en mente es una propuesta de Estatut. La única salida para Torra parece ya la de convocar elecciones tras la presumible sentencia a los ‘exconsellers’. El momento de consternación sería una posible vía para enterrar el descrédito acumulado entre sus bases.
Por su parte, Sánchez necesita mantener esas reuniones como una ficción de que tiene al independentismo apaciguado —mientras los barones dan muestras más que evidentes del temor a que la relación con la Generalitat hunda sus perspectivas electorales—. Como segunda derivada, no sería descartable que el PSOE empiece a restar utilidad a En Comú y Podemos con su decidida apuesta por priorizar el diálogo en la crisis territorial, tras el 155.
El equipo del presidente no duda de que a Sánchez no le temblaría el pulso para aplicar el artículo 155 si el escenario se tuerce en Cataluña
Sin embargo, el Ejecutivo no tiene tan atados los presupuestos generales. El entorno del presidente tiene muchas esperanzas puestas en el papel que pueda desempeñar ERC, erigidos ya como los defensores de la bilateralidad en el seno del soberanismo. En paralelo, es el argumento de la pujanza de la derecha el que parece atraer más a una parte del independentismo, dentro del PDeCAT, algo que no casa con las tesis de Puigdemont.
La cuestión es que la batalla pública entre la portavoz del PDeCAT en el Congreso, Míriam Nogueras —partidaria de impedir la tramitación de las cuentas— y el diputado Ferran Bel —partidario de no oponerse— también versa sobre la reordenación del espacio independentista. Nogueras está alineada con los postulados de la Crida sobre no colaborar con Sánchez sin cesiones al soberanismo. Bel y Carles Campuzano, por su parte, creen en un espacio moderado que podría ser inexistente porque sus propias bases lo rechazaron.
Y al fondo, otro interrogante: la aplicación del 155. El equipo del presidente no duda de que a Sánchez no le temblaría el pulso para aplicarlo si el escenario se tuerce en Cataluña. El hecho es que el bumerán de la frustración no es descartable que vuelva a golpear a la base social del independentismo —así como ya ocurriera en 2017—. Eso, después de que Torra llamase a «sublevarse ante la injusticia» en este 2019, que consideró «el año de la libertad», en referencia velada quimera de la independencia y la liberación de los presos.
